Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica la intromisión violenta de un grupo armado en la comunidad Sabaneta del Resguardo Indígena Saracure Río Cada, localizado en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, en la madrugada del 17 de julio de 2026. Dentro de los hechos violentos se encuentra la pérdida de 5 vidas humanas, heridos, la incineración de viviendas de la comunidad, el desplazamiento forzado de las familias, hechos que siembran dolor y destrucción en los territorios tal como lo manifiestan las autoridades indígenas.
De manera preliminar, se identificó el homicidio de la autoridad indígena Yeison Maicol Díaz Cumanica, así como la desaparición de tres comuneras, entre ellas, una menor indígena de 3 años. Posteriormente, las autoridades y la comunidad encontraron a salvo a la menor, mientras que Tania Mercedes Gaitán Rodríguez de 19 años y Clara Estrella Gaitán Rodríguez de 17 años, fueron halladas sin vida. Ambas mujeres se encontraban en estado de embarazo y, como consecuencia de estos hechos, también perdieron la vida los bebés que esperaban, por lo que se confirmó una masacre con un total de cinco víctimas.
El resguardo Saracure denunció la falta de una respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones competentes, pese a que la comunidad alertó desde el primer momento sobre los hechos y el riesgo en que se encontraban las personas desaparecidas. La ausencia de las acciones inmediatas para la búsqueda, protección y atención de la emergencia, así como las demoras en la recuperación de los cuerpos, evidencian un grave incumplimiento del Estado como garante de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Al respecto, la comunidad y la autoridad del Resguardo, manifestaron:
“El día que se anunció este acto violento a las instituciones no vimos la reacción inmediata, por lo cual, yo creo, perdimos las dos vidas que estaban desaparecidas. Anoche llegué del sitio y aún no vimos ni siquiera la Fuerza Pública – el Ejército Nacional – que debió garantizar la protección de esta familia. Solamente en el lugar nos acompañó el señor personero, el inspector de policía y la Secretaria de Gobierno Municipal, nadie más. Entonces, sí nos vimos abandonados de nuestros derechos y protección. Nos sentimos preocupados a la fecha porque no ha habido pronunciamiento de ninguna de las instituciones que tienen que ver con estos hechos de violencia y además del desplazamiento forzoso.” (Autoridad Resguardo Saracure Río Cadá)
“Hasta la fecha estos dos cuerpos llevan más de 5 días y no se les ha hecho el proceso de recuperación de los cuerpos para los trámites correspondientes. El primer cuerpo que es Yeison ya está en Medicina Legal y también tenemos una persona herida en Villavicencio en atención médica.” (Autoridad Resguardo Saracure Río Cadá)
“El personero solicitó a CTI para que fueran por los cuerpos, indicando las coordenadas exactas y ni así fueron al lugar.” (Comunero Resguardo Saracure Río Cadá)
Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del conflicto armado en nuestros territorios.
A pesar de la gravedad de los hechos y de las constantes solicitudes de atención por parte de las autoridades indígenas a las entidades competentes no se ha recibido respuesta. Ante esta situación, nos sumamos al llamado urgente del Resguardo Saracure para que adopten de manera inmediata las acciones necesarias que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de la comunidad Sabaneta, el resguardo Indígena Saracure Río Cada, los Pueblos Sikuani y Piapoco, con quienes hemos venido desarrollando jornadas de trabajo para evaluar la eficacia institucional en los procesos de restitución y defensa del territorio.
Ninguna de estas vidas puede ser absorbida por el lenguaje de la guerra, ni reducida a una cifra. Cada caso interpela al Estado y a la sociedad sobre el daño profundo que deja estos hechos atroces los cuales atentan contra la vida, la dignidad y la armonía de nuestros Pueblos.
Hacemos un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato estas prácticas que vulneran gravemente nuestros derechos. Deben entender el momento histórico y político del país, el dolor acumulado de las víctimas y la obligación elemental de respetar la vida de niñas, niños y adolescentes. Ninguna estructura armada puede pretender legitimidad mientras ataque sistemáticamente a los Pueblos Indígenas.
Exigimos también al Estado colombiano medidas urgentes, integrales y sostenidas de prevención, protección y atención para las víctimas y sus familias, especialmente en territorios indígenas y rurales donde este riesgo persiste. La violencia armada contra la población civil indígena no solo constituye un crimen de guerra, sino que configuran un exterminio que fractura el relevo generacional y destruye de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
- A la Fiscalía General de la Nación, Fuerza Pública y Defensoría del Pueblo: Coordinar de forma prioritaria las garantías de seguridad y la logística requerida para ingresar a la comunidad Sabaneta (Saracure – Río Cada) y realizar la inspección y el levantamiento de los dos (2) cuerpos que permanecen en el lugar, con el fin de realizar su correspondiente identificación y entrega digna a las familias.
- Al ICBF: Desplegar de manera inmediata un equipo de atención de emergencia para verificar el estado de los niños, niñas y adolescentes de las familias sobrevivientes que se encuentran desplazadas, garantizando su restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial.
- A la Defensoría del Pueblo y Personerías departamentales y municipales: Emitir las alertas o activar las rutas de emergencia humanitaria requeridas, haciendo acompañamiento en terreno y verificando la situación de derechos humanos de la comunidad indígena.
- A la Procuraduría General de la Nación: Iniciar las acciones de seguimiento, de control disciplinario y de prevención frente a las instituciones que teniendo conocimiento previo de esta tragedia han incurrido en omisión o dilación para responder a la emergencia humanitaria.
- A las Autoridades Competentes: Activar de inmediato una Ruta Humanitaria de Atención Integral a Víctimas de Desplazamiento Forzado para garantizar alimentación, albergue seguro, salud y protección integral a las familias sobrevivientes.
Por último, exigimos al Estado Colombiano celeridad en la atención de la solicitud de ampliación y de restitución de derechos territoriales, las cuales no han sido atendidas por las instituciones competentes, ya que estos derechos son los primeros a garantizar para la protección de los demás derechos fundamentales que se desarrollan en nuestros territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
