Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica la intromisión violenta de un grupo armado en la comunidad Sabaneta del Resguardo Indígena Saracure Río Cada, localizado en el departamento del Vichada, el día de hoy 17 de julio de 2026 en la madrugada. Dentro de los hechos violentos se encuentran el desplazamiento forzado de las familias, la incineración de viviendas de la comunidad, la pérdida de una vida humana, heridos y desapariciones forzadas, hechos que siembran dolor y destrucción en los territorios tal como lo manifiesta las autoridades del Resguardo.
Sumándonos al llamado urgente de nuestros hermanos de los Pueblos Sikuani y Piapoco, exigimos que la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado Colombiano, activen los mecanismos de búsqueda urgente para la pronta localización, de las hermanas indígenas que se encuentran desaparecidas desde la ocurrencia de los hechos, entre ellas dos menores de edad:
- Tania Mercedes Gaitan Rodríguez – 19 años.
- Clara Estrella Gaitan Rodríguez – 17 años.
- Mery Yuriana Gaitan Rodríguez – 3 años.
Se realiza está exigencia teniendo en cuenta que a pesar de la gravedad de los hechos y de las constantes solicitudes de atención por parte de las autoridades indígenas a las entidades competentes no se ha recibido respuesta.
Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del conflicto armado en nuestros territorios.
Desde este espacio condenamos enérgicamente que como Pueblos sigamos siendo las víctimas de la insuficiente protección por parte del Estado. Esta situación se refleja en los constantes hechos de violencia que, día tras día, se registran en nuestros territorios poniendo en riesgo nuestra vida, integridad, autonomía y pervivencia física y cultural. Condenamos estos hechos, reivindicando que nuestra lucha como Pueblos y comunidades Indígenas es defender la vida, el territorio y la Paz.
Nos solidarizamos con todas las víctimas de estos hechos violentos, con sus familias y con las comunidades rurales y Pueblos Indígenas afectados por este dolor. Ninguna de estas vidas puede ser absorbida por el lenguaje de la guerra, ni reducida a una cifra. Cada caso interpela al Estado y a la sociedad sobre el daño profundo que deja estos hechos atroces los cuales atentan contra la vida, la dignidad y la armonía de nuestros Pueblos y comunidades.
Hacemos un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato estas prácticas que vulneran gravemente nuestros derechos. Deben entender el momento histórico y político del país, el dolor acumulado de las víctimas y la obligación elemental de respetar la vida de niñas, niños y adolescentes. Ninguna estructura armada puede pretender legitimidad mientras ataque sistemáticamente a los Pueblos Indígenas.
Exigimos también al Estado colombiano medidas urgentes, integrales y sostenidas de prevención, protección y atención para las víctimas y sus familias, especialmente en territorios indígenas y rurales donde este riesgo persiste. La violencia armada contra la población civil indígena no solo constituye un crimen de guerra, sino que configuran un exterminio que fractura el relevo generacional y destruye de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
Por último, exigimos al Estado colombiano celeridad en la atención de la solicitud de ampliación y de restitución de derechos territoriales, las cuales no han sido atendidas por las instituciones competentes, ya que estos derechos son los primeros a garantizar para la protección de los demás derechos fundamentales que se desarrollan en nuestros territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
