Las organizaciones y los delegados indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alertamos al país sobre el sistemático incumplimiento de la Directiva 001 de 2025, un acto administrativo que establece orientaciones obligatorias para que las entidades del Estado garanticen la protección de los territorios indígenas.
Esta Directiva ordena que, antes de crear cualquier otra figura territorial —como Zonas de Reserva Campesina (ZRC) o Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM)— las instituciones deben verificar rigurosamente la existencia de territorios indígenas. Para ello deben verificar y consultar las distintas fuentes institucionales de información que este acto administrativo establece, y comunicarse con las instancias propias de los Pueblos Indígenas. Solo así se respeta el debido proceso y se garantiza la protección de los territorios indígenas en curso de formalización o pendientes de identificación por parte del Estado. Su propósito es claro: prevenir conflictos, proteger los derechos territoriales y asegurar que las decisiones del Estado respeten la autonomía y la integridad de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas evidenciamos que estas obligaciones no se están cumpliendo. La Directiva 001 de 2025, creada como instrumento preventivo, no está siendo aplicada, lo cual ha permitido que avancen procedimientos de constitución de ZRC y TECAM sin las verificaciones previas que exige la norma. Esta omisión expone a los territorios indígenas a decisiones que desconocen su integridad y está generando conflictos territoriales que pudieron evitarse.
Además, las entidades responsables no han entregado la información necesaria sobre la implementación de la Directiva, ni han garantizado actuaciones de consulta institucional ni de coordinación con los Pueblos Indígenas. La ausencia de estas garantías vulnera el debido proceso y debilita la protección territorial.
El incumplimiento estatal está afectando gravemente la armonía entre Pueblos Indígenas, campesinos y afrodescendientes, y está desconociendo derechos colectivos reconocidos por la normativa nacional e internacional. Esta negligencia institucional debilita la confianza en los mecanismos de concertación y pone en riesgo la seguridad jurídica, la pervivencia y permanencia de nuestros pueblos.
Frente a estos incumplimientos, los Pueblos Indígenas exigimos que el Estado aplique de manera estricta la Directiva 001 de 2025 y cumpla con sus obligaciones de:
Verificar de manera previa y rigurosa la existencia de territorios indígenas antes de crear cualquier otra figura territorial.
Garantizar acceso completo y oportuno a la información, con transparencia en todas las actuaciones administrativas.
Respetar el debido proceso en trámites que involucren territorios indígenas.
Cumplir con los estándares constitucionales e interamericanos de protección a los derechos territoriales y de autonomía de los pueblos indígenas, así como al del Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Estas no son solicitudes nuevas: son obligaciones del Estado que deben cumplirse para proteger la vida, la dignidad y los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
