Desde la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), rechazamos el asesinato del hermano y Autoridad Indígena del Pueblo Nasa Miller Correa, quien se venía desempeñando como Thuthenas (Autoridad Consejero) de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN (Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca).En la mañana de hoy 15 de marzo de 2022 en la sede de Medicina Legal de Popayán, su cuerpo fue identificado. Según las denuncias de Çxhab Wala Kiwe-ACIN, Miller Correa, fue encontrado sin vida a las afueras del barrio Lomas de Granda en la ciudad de Popayán.
Miller se caracterizó por su trabajo y compromiso con su comunidad, con su Pueblo Indígena Nasa y las causas sociales. Trabajó desde muy joven por la defensa de los derechos territoriales, sociales, políticos y culturales, hizo parte del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué, fue Autoridad de su Resguardo Indígena de Tacueyó, coordinó el Plan de Vida Proyecto Nasa, fue Concejal y Secretario de Gobierno del municipio de Toribio. Acompañó y apoyó muchos procesos de diálogo e interlocución con el gobierno nacional en búsqueda de la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, en especial para las garantías de vida y el derecho al liderazgo y la gobernabilidad indígena.
Según las denuncias de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, el Thuthenas Miller Correa, hace no más de ocho días había recibido amenazas contra su vida por medio de un panfleto firmado por las «Águilas Negras Bloque Suroccidente de Colombia».
Desde este espacio nos solidarizamos con Dora Muñoz Atrillo, esposa del Thuthenas Miller, de igual modo con su hijo Víctor Hugo, al igual que todos sus familiares, amigos/as, con las comunidades del Resguardo de Tacueyó y por supuesto con todo el Pueblo Indígena Nasa. La violencia y la barbarie en los territorios indígenas se sigue intensificando, el dolor así como el despojo de nuestros cuerpos, parece no tener fin. Que los ancestros y ancestras acompañen su caminar para el buen retorno a la Madre Tierra.
El día de hoy el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), acompañó el acto de entrega del informe “Etnocidio y racismo estructural en la Orinoquía” por parte de Pueblos Indígenas de la Orinoquia colombiana, a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP).
En el espacio se resaltó la importancia de tener en cuenta los casos de etnocidio, racismo estructural, y exterminio físico y cultural, profundizando en los impactos desproporcionados del conflicto armado, con el fin de iniciar un proceso de reparación y no repetición con los Pueblos Indígenas de la Orinoquía.
Aquí algunas de las demandas realizadas por los Pueblos Indígenas que participaron del espacio:
Garantía de la seguridad jurídica de la tenencia y recuperación del territorio ancestral del que fueron desplazados en ocasión del conflicto armado.
Posibilidades de encontrarse con el resto de sus familiares, para la recuperación de sus saberes y tradiciones.
El reconocimiento de las situaciones que han vivido a través de promoción de espacios para la memoria y la verdad.
Protección de sus usos y costumbres.
Garantías necesarias para caminar el territorio, recolectar alimentos y visitar los sitios sagrados sin miedo a prohibiciones o amenazas por parte de los grupos armados.
Respeto y reconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Indígenas por parte de los grupos armados para recorrer sus territorios de manera libre.
Pretensión del territorio, reconocimiento de la relación ancestral de los Pueblos Indígenas con el agua.
Instalación de una escuela que brinde una educación Indígena y que este articulada con la educación occidental.
Instalación de un puesto de salud, además de contar con un medio de transporte que permita el acceso al servicio.
Acceso al agua.
Adecuación del territorio para la práctica de las diferentes formas de siembra y cosecha.
Formación de profesores y médicos con un enfoque diferencial.
Resolución oportuna de los conflictos relacionados con los cultivos de palma y con empresas como Ecopetrol.
Al escuchar las peticiones por parte de los Pueblos Indígenas de la Orinoquia colombiana, Marcela Giraldo, Magistrada de la JEP, aseguró que uno de los nuevos macro casos de alcance nacional que se han abierto, gira en torno a la concentración de crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos de la alta Guajira, la Orinoquia-Amazonía y el Dagua. Además de esto, manifestó el deber de cada uno de los magistrados para visibilizar las acciones que se vienen realizando y así, poder dar respuesta a los Pueblos Indígenas del país.
Por otro lado, la magistrada resaltó la importancia de estos espacios de diálogo como la voz de aliento y resistencia para el reconocimiento de las versiones de las víctimas, la sociedad civil y entidades del estado, con el fin de que los comparecientes ante la jurisdicción den respuestas frente a lo ocurrido, hagan un reconocimiento de la verdad y reciban sanciones restaurativas que permitan resarcir el daño que han hecho a los Pueblos Indígenas en el marco del conflicto armado.
Desde la CNTI resaltamos la labor de la JEP y en especial la que vienen realizando los Pueblos Indígenas de la Orinoquía, por la lucha y resistencia que han organizado para la recuperación de sus territorios colectivos y ancestrales, pues, la presencia de actores armados, los conflictos sociales y la falta de seguridad jurídica de los territorios indígenas son las principales causas de las afectaciones a sus derechos.
Por eso, hacemos un llamado a todas las entidades y órganos de control competentes para la atención inmediata de cada una de las demandas realizadas por los Pueblos Indígenas a través del espacio y la presentación del informe. Esperamos seguir acompañando este tipo de procesos para continuar trabajando por el goce y la garantía efectiva de los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
¡Ojo! El gobierno no puede seguir catalogando los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas como baldíos.
“Los territorios de la Orinoquía, NO❌ son baldíos”
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas en respuesta a la invitación realizada por la secretaría técnica de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico OCDE, presentó una aproximación y referencias generales en cuanto a los retos de los pueblos indígenas para ejercer la autonomía territorial, situación que han sido seguidos por mandato de las autoridades de los más de 100 pueblos indígenas en Colombia, a través de la CNTI.
Recordemos que la OCDE, es una instancia internacional que tiene como misión diseñar políticas para una vida mejor. La Organización promueve políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de las personas. Colombia desde el año 2018 fue aprobado para hacer parte de la OCDE, luego de haber recibido una invitación directa y la aceptación de todos los demás integrantes mediante consenso. Una vez que el país es aceptado, debe asumir ciertas obligaciones en áreas sociales, económicas, ambientales y además, el congreso de la República debe legislar frente a las áreas mencionadas. Es decir, Colombia hace parte del club de los nuevos ricos.
Ahora bien, La CNTI ha reiterado en las recomendaciones realizadas por la OCDE frente la política agraria del año 2015 en “La mejora de los derechos sobre la tierra y la utilización del suelo deberían contribuir al crecimiento a largo plazo del sector agrícola” especialmente en 4 puntos específicos de particular relevancia para los pueblos indígenas:
Actualizar el sistema catastral.
Acelerar el registro de los derechos de la tierra.
Ajustar la secuencia de las operaciones del mercado del suelo rural entre el proceso de registro y el catastro.
Simplificar el sistema de tenencia de tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas.
¿Y qué ha pasado frente a ello? La CNTI reitera en cada proceso lo siguiente.
Actualización del sistema catastral: El Gobierno nacional tiene un desconocimiento descomunal y falto de voluntad política en la construcción e implementación de la política pública frente a las condiciones de los territorios indígenas y sus múltiples situaciones. La CNTI ha insistido en la necesidad de garantizar que la política de catastro multipropósito y barrido predial se establezca según lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Así, los pueblos indígenas han insistido que la tierra es un ser que tiene conexiones desde los supramundos al cosmos. No se trata únicamente levantar polígonos, inventariarlos y que entren a un banco de mercado, sino de comprender el universo de los mundos indígenas en Colombia.
Aceleramiento del registro de los derechos de la tierra: Como lo ha mencionado la OCDE en el 2015, el 40% de tierras en Colombia sigue siendo informal. Esto debido a las dilaciones administrativas y falta de respuestas sobre solicitudes y procesos de formalización que ha conllevado a múltiples conflictos de los territorios rurales, el acaparamiento de tierras, inversiones económicas cuestionables. Como consecuencia en territorios indígenas se ha acumulado las problemáticas de los actores armados, la proliferación de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la violencia sistemática contra líderes y autoridades. La CNTI se ha empoderado para mitigar los impactos territoriales y promover una política rural efectiva.
Frente a la necesidad de ajustar la secuencia de las operaciones del mercado del suelo rural entre el proceso de registro de catastro: La CNTI ha ratificado que la política pública de Catastro Multipropósito debe consolidarse de la mano de los pueblos indígenas.
Frente a la importancia de simplificar el sistema de tenencia de tierras y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas: Las entidades del gobierno que tienen funciones específicas en tierras, (ANT, IGAC, Ministerio del Interior, Sistema de Notariado y Registro) parecen presentar una desarticulación “intencionada” que hacen presentar demoras excesivas, lo que limita respuestas de fondo de las solicitudes. Todo ello indica una sistemática violación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
En Colombia para los Pueblos Indígenas existen retos en materia de autonomía territorial que se resumen de la siguiente manera:
Seguridad jurídica para garantizar y proteger los derechos y las autonomías territoriales frente a las violencias ejercidas desde diversos actores que vienen en el proyecto de la destrucción de la tierra como la minería, deforestación, hidrocarburos, energía, megaobras de infraestructura, las fuerzas militares tanto legales como ilegales.
En Colombia existe una estructura legal que otorga el derecho a la autonomía de los Pueblos Indígenas , sin embargo, hoy a 30 años de la Constitución se puede afirmar que no cuentan con la garantía estatal de una entidad territorial propia.
Existen ausencias jurídicas territoriales frente a la titulación, registro, demarcación de territorios y actualización catastral. Las demoras o dilaciones administrativas y la falta de respuestas sobre solicitudes y procesos de formalización y la pérdida de expedientes de formalización han estancado dichos procesos.
El reglamento por parte del Estado en cuanto al Derecho a la Consulta Previa, libre e informada, consentimiento y participación de los pueblos indígenas se ve afectado puesto que se ha evidenciado una regulación reducida a meros procesos administrativos y jurídicos.
La CNTI ha identificado que las políticas agrícolas para los pueblos indígenas no poseen un enfoque diferencial, y más cuando el acceso a las tierras en Colombia ha sido extremadamente desigual.
Frente a todas estas situaciones, la CNTI ha propuesto ejercer e implementar el derecho a la Autonomía Territorial, avanzar en los procesos de formalización territorial, adoptar todas las medidas para la protección de la pervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas. Exigir al gobierno nacional una estrategia de Reconstrucción y publicidad de expedientes de solicitudes de protección y formalización de territorios indígenas y finalmente desestigmatizar la labor de los pueblos indígenas en procesos de recuperación y protección de los territorios.
