El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) publicó un nuevo documento, resultado de su trabajo de investigación. En esta oportunidad fue el Informe de balance sobre la formalización y acceso a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020. El lanzamiento contó con la participación de representantes indígenas y de las comunidades negras.
Por Redacción CNTI
La pesquisa hizo posible establecer un panorama acerca del avance del Estado en términos de la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el año anterior. Este reveló que, si bien hubo un “esfuerzo en materia de constitución de resguardos y de compra de predios superior al del año 2019, sigue siendo insuficiente dado que apenas se trata de 23 solicitudes (entre constitución y ampliación de resguardos) resueltas en el 2020 de las 1014 existentes”. Es este orden de ideas, el Estado solo dio trámite al 2,2% de los procesos en su obligación con los pueblos indígenas del país.
Durante el conversatorio, Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pachamama ante la CNTI, expresó la importancia de tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio está fuera de cualquier dinámica de oferta y demanda, ya que este es la vida misma. Por lo tanto, rechazó los señalamientos de ciertos sectores que llaman a los indígenas “grandes terratenientes”, pues de 119 millones de hectáreas en el país, 33 millones han sido formalizadas para los pueblos y la vocación del 86% de estas es la conservación forestal. Es mínima la tierra destinada a la agricultura u otras actividades.
Por su parte, Deyanira Peña, abogada e integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca, señaló que, aunque los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia y su carácter ancestral fueron reconocidas en la Ley 70 de 1993 y respaldadas en otras sentencias, han tenido que enfrentar diversas problemáticas para formalizar sus territorios. Entre estas, mencionó las trabas del Gobierno, el conflicto armado, las disputas interétnicas y la concesión de tierras para proyectos extractivos.
Solo en Putumayo hay más de 153 reclamaciones de derechos territoriales y es uno de los departamentos con más solicitudes para adelantar agendas extractivas, mismas que ignoran la especial relación de las comunidades con los territorios habitados ancestralmente y todos los seres vivos que allí coexisten.
Los mecanismos legales ante la escasa respuesta de las autoridades competentes tampoco han logrado solucionar el rezago. El delegado Jairo Guerrero recordó que en el caso de los pueblos indígenas “hay 200 acciones jurídicas ganadas al Estado para garantizar la titulación de territorios colectivos y aun así el Gobierno no cumple». A esto agregó que el concepto de desarrollo debe respetar la biodiversidad, democratizar el uso de la tierra y respetar los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
El incumplimiento del capítulo étnico del AFP
Melina Mariño, abogada líder del área de acuerdos de la CNTI, manifestó que las cifras recopiladas por la comisión respecto a la implementación del AFP y en particular de la Reforma Rural Integral, son preocupantes. De los 7 millones de hectáreas para formalización y los 3 millones para adjudicación en el Fondo de Tierras, solo ha sido otorgado un 7%. Lo más inquietante es que el Gobierno, además de incumplir el acuerdo, brinda información difícilmente verificable respecto a su gestión y entorpece las labores de seguimiento.
De hecho, el ODTPI resaltó en su informe las grandes dificultades que existen en el acceso a información veraz y oportuna para acompañar los procesos emprendidos por las comunidades para la formalización de sus territorios y que los derechos de petición enviados por la secretaría técnica indígena de la CNTI son ignorados, respondidos con retraso o de manera incompleta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Por su parte, Deicy Patricia Carabalí, mujer negra y defensora de derechos humanos, perteneciente a la Asociación Renacer de Buenos Aires, Cauca, sostuvo que la presencia de grupos armados pone en riesgo la ocupación de los territorios y tanto el rearme de organizaciones delictivas como las acciones violentas que amenazan la integridad de las comunidades, son resultado de la no implementación del Acuerdo Final de Paz.
Las reivindicaciones en el marco del Paro Nacional
El panel del programa Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa, en el que se llevó a cabo la conversación, estuvo de acuerdo en instar al Gobierno a cumplir lo pactado, no solo en el AFP, sino en cada una de las mesas y los espacios de concertación con las comunidades étnicas a lo largo de los años. Reiteraron a su vez que ni la guerra ni la intimidación de organizaciones criminales van a detener el estallido social que emana actualmente del Paro Nacional y los movimientos de base, tejidos desde los territorios.
Recalcaron la necesidad de que los sectores afro, indígena y campesino superen las divisiones por la exigencia de los derechos y se unan para reivindicar la defensa de la vida y el territorio que va arraigada a los usos y costumbres con los que han resistido durante generaciones.
«El asesinato de líderes y lideresas, y la violencia contra las mujeres sigue en los territorios. Continuaremos en paro para que las conquistas que hemos logrado se respeten. Seguiremos parados y paradas con el bastón de mando de los indígenas, nuestros turbantes y todo el poder de la cultura afrodescendiente y de indígenas por nuestros ancestros y mayores. Es el momento», finalizó Deicy Patricia Carabalí.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos la expedición y aplicación del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, con el que el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de las fuerzas armadas (al que han denominado “asistencia militar”) en otros siete departamentos del país. Esta figura ya ha sido implementada anteriormente en el Valle del Cauca y en este contexto, hemos constatado cada día las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y la agudización de la violencia en la ciudad de Cali y otros municipios del departamento.
La medida cobija a los departamentos Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y específicamente a los distritos especiales y municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
Bajo el pretexto de la “conservación y el restablecimiento del orden público”, ha sido autorizado y promovido el ataque a las y los manifestantes, lo que viola el derecho fundamental a la protesta social. Por su parte, con el llamado a una “mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización”, se presentan más asesinatos, violencia sexual, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza e incluso desapariciones, situaciones que actualmente son objeto de denuncias sin respuesta por parte de los entes de investigación y judicialización.
El decreto 575, que es abiertamente ilegal e inconstitucional, evidencia el deseo de los sectores favorables al Gobierno que insisten en declarar el estado de Conmoción Interior.
Mediante la alternativa de la militarización y el uso de la fuerza, el presidente incurre de manera arbitraria en la intrusión de las funciones de alcaldes y gobernadores.
El documento fue presentado durante el programa “Encuentro de Saberes, territorios en disputa” organizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y da cuenta del riesgo en el que están los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia, debido, entre otras cosas, a la nula aplicación del decreto desde su expedición.
Por Redacción CNTI
La brecha entre el reconocimiento normativo para la protección y la posesión de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia, y los pocos casos en los que este es implementado, fue el centro de la conversación en las que fueron abordadas las dinámicas a las que han tenido que recurrir las comunidades para la recuperación de sus territorios y la garantía de sus derechos.
Según el exconstituyente Francisco Rojas Birry, en Colombia existen dos ideas opuestas de lo que representa la tierra y el territorio. Por un lado, las comunidades étnicas entienden que es necesario proteger la vida y la especial relación que tienen con la naturaleza, mientras que otro sector percibe la tierra como una fuente de negocio a la que hay que llevar al límite para generar la mayor cantidad de dinero posible. «Mientras tengamos esas dos formas de ver, siempre vamos a enfrentarnos porque quienes aplican las normas tienen una concepción de los territorios distinta a la de los pueblos indígenas», agregó.
Como el concepto de la territorialidad indígena va más allá de la visión occidental, Carolina Gil, directora regional Noroeste Amazonas de Amazon Conservation Team, señaló la importancia de entender que, si bien los pueblos indígenas tienen un reconocimiento formal que en algunos casos coincide con sus territorios ancestrales, no siempre es así, pues en ocasiones las comunidades han tenido que desplazarse y reciben titulaciones en lugares diferentes. Por este motivo no es posible afirmar que estos territorios estén siendo efectivamente preservados.
El preocupante panorama del Decreto 2333 para los pueblos indígenas
El acto administrativo fue expedido en 2014 como resultado de un ejercicio de reivindicación permanente, adelantado por los pueblos indígenas en Colombia. Este ordenó medidas de protección provisional en favor del derecho a la propiedad colectiva y una protección especial preferente a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. La misma Corte Constitucional ha reconocido en diferentes sentencias la necesidad de proteger la relación intrínseca de los indígenas con el territorio y salvaguardar su pervivencia física y cultural.
Sin embargo, no se ha determinado ningún territorio ancestral desde su entrada en vigencia siete años atrás y los procesos continúan abiertos, a pesar de que las medidas provisionales buscaban atender precisamente una situación de amenaza urgente. “Esa informalidad sobre los territorios se debe a la negligencia histórica del Estado y hoy se sigue disponiendo de ellos como un recurso lejano del que se puede decidir con determinaciones desde Bogotá», dijo Jhenifer Mojica, abogada experta en derechos territoriales.
Respecto al informe del ODTPI “En riesgo los territorios ancestrales de los pueblos indígenas ante la ausencia de la resolución de fondo de los conflictos por la tierra y el territorio en Colombia”, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, socializó los dos grandes “momentos” bajo los cuales fue concebido. El primero, un balance del estado de implementación del Decreto 2333 desde 2014 hasta 2021, y el segundo, la exposición de los factores que obstaculizan la implementación del mismo.
Las consideraciones en el documento alegan una “evidente falta de voluntad política por parte de Estado (…) Mientras que los pueblos indígenas y sus territorialidades se enfrentan a las permanentes amenazas normativas, económicas y políticas que con mayor éxito avanzan paulatinamente hacia una agudización de la concentración de la tierra y a desconfigurar las bases mínimas para la construcción de la paz contempladas en el AFP”.
Por este motivo es contemplada la necesidad de identificar nuevas estrategias como la movilización social que en primer lugar dio origen a la expedición del decreto y que representa un mecanismo para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y detener el estado de inseguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Movilización social como vía para exigir los derechos
Para la abogada Mojica, el estallido social que ha dado pie al Paro Nacional refleja que hay un letargo histórico del Estado colombiano en cumplir sus compromisos en materia de derechos al trabajo, a la vida y a la salud, entre otros, pues han sido adquiridos por las organizaciones en las ciudades, los sectores rurales y los movimientos indígenas por medio de luchas históricas.
La protección de los territorios requiere políticas públicas que realmente se cumplan y la institucionalidad no lo garantiza, por lo que a los pueblos indígenas solo les ha restado el camino de la movilización a pesar de proponer constantemente alternativas para solucionar las diferentes problemáticas que enfrentan en el orden local y nacional.
No obstante, una de las mayores preocupaciones es la estigmatización de la protesta y la radicalización de una narrativa racista que en vez de abrir canales de concertación, ha aumentado el nivel de violencia que ya sufrían las comunidades en los territorios. «Lograr un diálogo muy amplio es el camino para avanzar como sociedad, pero este debe ser con buena fe y con garantías, no con un Estado que masacre a los que se están movilizando», agregó Jhenifer Mojica.
Para finalizar, el líder del pueblo Arhuaco y secretario técnico de la CNTI, invitó a la audiencia a consultar el informe completo y pidió que el Gobierno nacional se conecte con la realidad actual que viven las comunidades en los territorios y que se atreva a conocerla a profundidad pues, según él, “los pueblos indígenas no son solo folklore y estamos dispuestos a construir país”.
Entre los meses de marzo y mayo de 2021, fueron asesinadas cuatro mujeres pertenecientes a al pueblo indígena Wayúu, además la comunidad ha denunciado otros ataques de los que ha sido objeto por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Sin embargo, y a pesar de los constantes llamados a las entidades competentes para estos casos, hasta el momento las investigaciones no han arrojado resultados.
Por Redacción CNTI
El pasado fin de semana se realizó un plantón frente al Departamento de Policía de La Guajira, en Riohacha, con el fin de exigir celeridad en el proceso de investigación y dar con los culpables de los crímenes que enlutan al pueblo Wayúu. También familiares de las víctimas y otras organizaciones piden que haya justicia y que los casos de feminicidio no queden impunes.
El primer caso de homicidio ocurrió el día 31 de marzo. La lideresa de la comunidad Aronshy, Aura Esther García Peñalver, fue asesinada por hombres armados quienes le dispararon mientras se movilizaba en una moto con su esposo en el corregimiento El Cardón, Uribia. Semanas antes la misma lideresa había solicitado medidas de protección por amenazas de muerte provenientes de grupos ilegales.
De igual manera, en el mes de abril, otros hechos criminales fueron registrados por la Policía. María Alejandra Brito Guariyu fue la nueva víctima de estos casos violentos, quien recibió impactos de bala mientras iba en una moto en el municipio de Barrancas. La mujer fue llevada al hospital local y más tarde remitida al hospital San Rafael de San Juan del Cesar, donde falleció.
Las investigaciones también tienen en cuenta dos aparentes feminicidios: el primero de ellos es el de Luz Dary Cotes Ballestas, trabajadora social de origen wayúu, que fue encontrada en un motel el 29 de abril, pero sus familiares alegan que el cuerpo fue trasladado allí para desviar las pesquisas.
El segundo caso ocurrió en menos de 48 horas, el día 1 de mayo. Esta vez la víctima fue Yeini Elena Epiayú Guariyu, menor de edad quien fue encontrada en zona rural del municipio de Fonseca. Durante la investigación se estableció que la muerte de ambas mujeres fue a causa de asfixia mecánica y la evidencia está siendo procesada para determinar si responden a cuestiones de género, debido a los signos que presentan sus cuerpos.
Las amenazas de grupos paramilitares
Otro de los hechos que permanece sin respuesta por parte de las autoridades, es el ataque que hombres encapuchados realizaron en la comunidad La Loma (Riohacha), el pasado 18 de mayo, cuando en la madrugada llegaron al sitio y prendieron fuero a la enramada (espacio de diálogo e intercambio para el pueblo Wayúu) y posterior al ataque, dejaron panfletos amenazantes en los que ordenaban detener las reclamaciones sobre el botadero de basura a cielo abierto.
Documento firmado por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Las comunidades de Los Cabritos, La Loma, El Manantial, Santa Clara I y II, ubicadas en jurisdicción de Riohacha, han exigido el cierre definitivo del botadero de basura a cielo abierto en el km. 5, vía Riohacha-Valledupar, que funciona desde hace 40 años y afecta su territorio ancestral por la contaminación y el deficiente tratamiento de los desechos.
Representantes del pueblo Wayúu se han movilizado en repetidas oportunidades para que la Alcaldía de Riohacha, la Corporación Regional Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y la empresa operadora Interaseo, tomen cartas en el asunto y resuelvan las graves afectaciones ambientales, a la vida, a la salud y al territorio de la que han sido víctimas las comunidades indígenas.
Hasta el momento no hay capturas de los responsables en ninguno de los hechos ni indicios que conduzcan a su identificación. Por lo tanto, continúa la exigencia con denuncias a medios locales y manifestaciones pacíficas en la capital de La Guajira.
En los últimos días ha sido evidente el aumento en los ataques y los señalamientos contra los pueblos indígenas que acompañan el Paro Nacional en Colombia. La exacerbación del racismo estructural y los intereses de sectores políticos y económicos, apoyados por el actuar de grupos armados ilegales y la aparente connivencia de la fuerza pública, amenazan la pervivencia física y cultural de las comunidades.
Por Redacción CNTI
El pasado domingo 9 de mayo, fue perpetrado un ataque por parte de civiles armados y efectivos de la policía, quienes dispararon contra los/as comuneros/as indígenas que hacían presencia en la vía Cali-Jamundí, en el Valle del Cauca. Así mismo, la llegada de la Minga Indígena a Medellín, programada para lunes 17 de mayo, fue amenazada por otros grupos quienes señalaron que habría ataques armados como los que ya se han presentado contra manifestantes en Cali, Pereira y la misma Medellín.
En palabras de Roseli Fxizkwe, coordinadora del programa Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el contexto del paro hay toda una situación de negación y desconocimiento tanto de los derechos como de las luchas adelantadas por los pueblos indígenas, razón por la cual el racismo, que no es de ahora, sino que está ya institucionalizado, es cada vez más evidente.
A pesar de que la Constitución Política de Colombia reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del país, las políticas sociales, educativas y económicas del mismo están muy lejos de brindar garantías para todos. Por ello, la lideresa señaló: “¿Cuáles son las culturas, las ciudadanías y el prototipo de persona válida en este país?, ¿a quiénes sí se les respeta y se les puede garantizar derechos? Son preguntas que tenemos que hacernos y nos estamos haciendo en este momento”.
Estas reflexiones han sido replicadas en varios espacios de interlocución, ya que la ciudadanía que se moviliza, es muy diversa y los medios de comunicación hegemónicos insisten en mostrar pérdidas económicas o daños materiales, pero no visibilizan la pérdida de vidas y cómo serán restituidos los derechos vulnerados a la ciudadanía.
Según cifras compartidas por Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG, del 28 de abril al 18 de mayo en el marco del Paro Nacional, la organización registró 2.387 hechos de violencia policial, 47 casos de violencia homicida cometidos presuntamente por la fuerza pública, 33 víctimas de agresiones oculares, 18 casos de violencia sexual y 1.139 detenciones arbitrarias.
Por su parte, Jenny Romero, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) en Cundinamarca y de la campaña Defender la Libertad asunto de Todas, apuntó que “la respuesta en un Estado social de derecho debe ser atender las reivindicaciones y no atacarlas o minimizarlas a partir del uso desproporcionado de la fuerza”, además denunció que una de las principales problemáticas que enfrentan los defensores de derechos humanos en su ejercicio de acompañamiento a las movilizaciones, es que en las calles no solo la fuerza pública está portando las armas, sino que otros grupos ilegales están irrumpiendo en las mismas.
La estigmatización de la protesta ha contribuido a fortalecer los discursos de odio que tanto daño hacen a los procesos colectivos. Desde la oficialidad han buscado relacionar la protesta a movimientos subversivos o “terroristas” y aún más cuando se trata de manifestaciones en los sectores rurales. Todo este despliegue pretende legitimar el uso de la fuerza y un tratamiento de guerra a los manifestantes, además de obstaculizar el acceso a la justicia, especialmente en las zonas más alejadas de las grandes capitales.
Para Juvenal Arrieta, líder del pueblo Emberá y vocero de la Minga Indígena en Antioquia, los ataques recibidos no obedecen a la visión de los pueblos indígenas como sujeto racial sino por lo que significan. Según él, “es un tema político alrededor de un sujeto colectivo y étnico que plantea una agenda de país distinta, una agenda que ya no es solo de los pueblos indígenas sino de la mayoría de los colombianos y que alrededor de la Minga se ha ido posicionando a nivel nacional”.
En este orden de ideas, Arrieta, que además es exconsejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), puntualizó que hay demostraciones de odio contra las diferentes formas de representar el estallido social, aunado al rechazo a actores políticos con un gran poder de convocatoria, que pueden hacer tambalear la estructura de poder actual y que construyen con sectores diversos de la sociedad.
Al finalizar, pidió aclarar tres conceptos claves que las campañas de desinformación han buscado establecer: en primer lugar, los pueblos indígenas no buscan destruir; segundo, no “odian” la ciudad y tercero, no son agitadores, hay toda una propuesta de país que intentan promover y la defensa por la vida continúa.
Para ver el Encuentro de Saberes completo, clic aquí:
Indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes celebraron el fallo que deja en firme la suspensión de las aspersiones aéreas y enfatiza la inviabilidad del derecho fundamental a la consulta previa a través de plataformas virtuales.
Por Redacción CNTI
El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, que suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.
Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), habló de los antecedentes de la lucha antidrogas en el país y señaló que desde 1998, con el inicio del Plan Colombia, se crearon pasivos ambientales y económicos que los pueblos indígenas, y las comunidades campesinas y afrodescendientes han visibilizado, al tiempo que han insistido en las afectaciones que el uso del químico ha generado en sus territorios.
¿Cuál era el proceso de la ANLA que frenó la sentencia del tribunal?
La jurista comentó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pretendía reemplazar el derecho a la consulta previa con una serie de audiencias virtuales, a las que alcanzaron a asistir algunos de los habitantes de los municipios en los que se llevaría a cabo la aspersión con glifosato. Las comunidades advirtieron que no era posible hacer uso de este mecanismo, ya que no garantizaba una participación masiva y efectiva. De hecho, antes de llegar a este punto, ya había vacíos en las formalidades y prerrequisitos que debían ser atendidos en los municipios señalados.
Postura de las comunidades indígenas, campesinas y afro
Según Jesús Antonio Maca, consejero mayor del programa económico y ambiental del CRIC, las comunidades indígenas se oponen a las fumigaciones porque atentan contra la cosmogonía, el territorio y la soberanía alimentaria que el Gobierno nacional dice promover, ya que el químico cae sobre cultivos vecinos como el café, del que estos pueblos consiguen el sustento económico. Añadió que el Gobierno colombiano y quienes ejecutan las fumigaciones son conscientes de que los países fabricantes prohíben su uso, mientras que aquí son utilizados de manera contundente sin tener en cuenta las afectaciones que genera su aspersión.
También hizo alusión a los problemas que se presentan en los territorios por la tierra que resulta infértil a causa de las fumigaciones, además de las malformaciones en niños y las enfermedades generadas tanto en adultos mayores como en la población, en general. Estos no son señalamientos nuevos, ya que bastante se ha debatido en el escenario internacional sobre los efectos colaterales del glifosato.
Por su parte Nidia Quintero, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro y COCCAM, puntualizó:
“El Gobierno Nacional ha reconocido en el preámbulo de los Acuerdos de Paz que [el hecho de que] los campesinos cultiven y trabajen la hoja de coca se debe a las consecuencias de una situación económica y social, a unas necesidades básicas insatisfechas históricamente, que hicieron que los campesinos en el país emigraran de una economía tradicional campesina, con recursos y esfuerzos propios, a una economía llamada ilícita de cultivar la hoja de coca, sabiendo que ha sido desde hace más de 50 años la única forma de supervivencia” de las comunidades campesinas en los territorios.
Por lo tanto, “permitir que se siga fumigando, que se sigan violentando los Derechos Humanos, va en contra de la Constitución Política de Colombia, en contra de los derechos de las comunidades campesinas, de los derechos colectivos e individuales y en contra de lo firmado en el Acuerdo de Paz”.
Entre tanto, Jorge Histon Segura, representante del Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá, expuso que las fumigaciones “afectan la salud y nuestro territorio como tal,
porque para nosotros el territorio es la vida y nada es posible sin él”. Subrayó que en el sector rural no tienen acueductos y se abastecen de las fuentes hídricas de los alrededores; tampoco tienen puestos de salud, por lo que deben recurrir a la medicina tradicional y con las aspersiones de glifosato tanto el agua como las hierbas medicinales son contaminadas, afectando directamente la calidad de vida de la población.
La consulta previa en la sentencia
Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se refirió al alcance que la decisión del tribunal tiene sobre la lucha de los pueblos indígenas, quienes reclaman garantías para ejercer al derecho fundamental a la consulta previa.
En un primer momento señaló que “la Policía Nacional pretendía obtener un licenciamiento ambiental a través de la ANLA, desconociendo la presencia de los pueblos indígenas en los 104 municipios de los 14 departamentos. Es decir, había un desconocimiento por parte de la entidad de la presencia de pueblos indígenas en las zonas en que se iban a realizar las fumigaciones”.
Frente a la intención de la ANLA de adelantar audiencias públicas virtuales, evidenció que en la práctica no es posible, toda vez que “existe una brecha tecnológica en las áreas rurales y más en la zona donde se pensaba implementar las fumigaciones aéreas. Las consultas previas o las audiencias públicas virtuales, como en este caso, no garantizan una participación real y efectiva de los pueblos indígenas frente a la toma de decisiones”.
Respecto a la realización de estas jornadas en línea, el consejero mayor Jesús Antonio Maca, puntualizó: “las comunidades indígenas exigimos el consentimiento libre e informado para tener mayor participación y no estamos de acuerdo con las consultas virtuales; en las diferentes comunidades no hay señal de audio ni celular, por lo que es complicada una comunicación masiva”.
“Esto rompe las formas propias organizativas de toma de decisiones de los pueblos indígenas y el ejercicio de gobierno propio”, Camilo Niño Izquierdo.
¿Qué alternativas proponen las comunidades?
Para Nidia Quintero, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (COCCAM), existen varias posibilidades:
Garantizar la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz.
Reconocer la hoja de coca como una planta sagrada para los pueblos indígenas.
Usar la planta de la hoja de coca para la elaboración de productos cotidianos.
Según la lideresa campesina, “el Acuerdo de Paz recoge unas luchas históricas de hace más de treinta años que hemos venido trabajando en diferentes mesas para la sustitución gradual y voluntaria. Todas nuestras peticiones y propuestas fueron recogidas en el foro que se hizo en el marco de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP”.
Explicó que la segunda alternativa es reconocer que para los pueblos indígenas la planta de la hoja de coca es un elemento con carácter sagrado, de alta importancia espiritual y cultural. La tercera es modificar su uso para transformarla en insumos para alimentos, medicinas y productos cosmetológicos.
¿Qué sigue después de esta sentencia?
Rosa María Mateus, abogada del CAJAR, explicó que “generalmente todos los fallos de tutela pasan a un proceso de revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte ya ha estado muy ajustada en términos de exigir esta participación efectiva de la que se está conversando. Creemos que el fallo del tribunal atiende justamente toda esta jurisprudencia que la Corte Constitucional ya ha determinado para el caso de aspersiones aéreas”.
A ello añadió que la cuestión de la participación efectiva y real, que busca defender la sentencia, debe estar bajo la lupa de la sociedad colombiana, ya que a veces la institucionalidad no garantiza los principios fundamentales para llevarla a cabo. De hecho, señaló que “la Policía Nacional ya está incurriendo en un desacato de una orden de la Corte Constitucional porque esta ya había señalado un procedimiento muy especial que se tenía que llevar a cabo para poder luego llegar a la instancia ante la ANLA”.
Jhenifer Mojica, abogada de la CNTI, fue enfática al concluir que en este escenario, a partir de la sentencia del tribunal de Nariño, “no se pueden realizar fumigaciones aéreas con glifosato ni un reajuste del Plan de Manejo Ambiental, sin garantizar primero el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y afro del país de manera directa, cuando se van a ver afectadas”.
Por último, hizo un llamado “a los organismos de control, especialmente a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, a quienes la sentencia también les ordena participar en este proceso, tanto de la consulta previa como de la participación de las comunidades afectadas en el proceso de licenciamiento ambiental, como garantes de esos derechos fundamentales de estas comunidades a ser oídas a intervenir y a exponer las pruebas del efecto nocivo del glifosato”.
La coordinadora del equipo jurídico de la CNTI también instó a recordar que existen intereses de sectores económicos en forzar la realización de los procesos de consulta desde la virtualidad, aprovechando la situación actual de la pandemia, para llenar un requisito sin garantizar plenamente los derechos a la participación de las comunidades directamente involucradas.
