por STI | Ene 21, 2026 | Informes
The defense of life and territory by indigenous peoples has become one of the most highrisk activities in Colombia, and today it can be considered one of the most dangerous pursuits worlswide. According to Global Witness, for three consecutive years Colombia has been ranked as the most murderous country for those who defend nature and territory. Between 2012 and 2024, 2,253 rights defenders were assassinated, including 789 indigenous peoples, or 36% of total victims. Indigenous peoples are the hardest hit by this violence, which seeks to silence our voices and dispossess us of our territories. In Colombia, defending our land means paying with our lives.
During 2023 and 2024, the safety and security of Indigenous Peoples in Colombia deteriorated significantly. Communities faced an escalation of systematic violence associated with the intensification of the armed conflict and the reconfiguration of alliances between illegal armed actors and local economic powers vying for territorial control. These dynamics added to the legal and material insecurity of indigenous territories, which historically has enabled dispossession and has increased the risks for those who defend life and territory.
Between 2023 and 2024, the Information System on Sociopolitical Violence against Indigenous Peoples (SIVOSPI) of the Observatory for Territorial Rights for Indigenous Peoples (ODTPI) of the CNTI recorded 282 attacks on 2,372 indigenous rights defenders.1 Of these, 186 involved criminal acts resulting in 218 fatalities, while 96 targeted 2,154 individuals through threats, kidnappings, forced displacement and the recruitment of children and adolescents. It must be noted that SIVOSPI has been recording the murders of rights defenders since 2016.
The cases show a progressive pattern in which various types of violence precede the murders, operating as mechanisms of pressure and territorial control to weaken the resistance of communities.
According to SIVOSPI data, murder continues to be the most recurrent and brutal strategy used to silence indigenous defenders of life and territory. Between 2023 and 2024, 150 assassinations of indigenous leaders, community members, and authorities were recorded, reflecting the existence of systematic persecution against those who play an essential role in community unity and the defense of territories. Of the total number of victims, 81.3% (122) were men, 13.1% were women, and in 5.2% of cases, no information is available. It should be noted that this data is in addition to the 539 murders recorded between 2026 and 2022 by SIVOSPI.
por STI | Ene 21, 2026 | Informes
La defensa de la vida y del territorio por parte de los Pueblos Indígenas se ha convertido en una de las actividades con más alto riesgo en Colombia, y hoy por hoy, puede considerarse una actividad de las más peligrosas del mundo. Según Global Witness, por dos años consecutivos este país ha sido el más letal para quienes defendemos la naturaleza y el territorio. Entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 2106 personas defensoras, de las cuales 766 eran indígenas, lo que equivale al 36% del total. Los Pueblos Indígenas somos los más golpeados por una violencia que busca callar nuestras voces y despojarnos de nuestros territorios. En Colombia la defensa territorial se paga con la vida.
Durante 2023 y 2024, la situación de seguridad de los Pueblos Indígenas en Colombia se deterioró de manera significativa. Las comunidades enfrentaron una escalada de violencia sistemática relacionada con la intensificación del conflicto armado y la recomposición de las alianzas entre actores armados ilegales y poderes económicos locales que disputan el control territorial. Estas dinámicas se suman a la inseguridad jurídica y material sobre los territorios indígenas, la cual históricamente ha facilitado el despojo y ha incrementado los riesgos para quienes ejercen la defensa de la vida y del territorio.
En este periodo (2023-2024), el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI documentó 282 agresiones contra 23721 personas indígenas. De ellas, 186 fueron letales2, con un saldo de 218 víctimas mortales, y 96 no letales3, que afectaron a 2154 personas mediante amenazas, secuestros, desplazamientos y reclutamientos forzados. Cabe resaltar que, el SIVOSPI ha registrado desde el 2016 asesinatos de personas defensoras. Entre 2016 y 2022, se registraron 539 asesinatos de personas defensoras indígenas.
El presente informe se fundamenta en el trabajo acumulado por el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI, y en el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), un mecanismo de información y monitoreo de derechos humanos que nace hace cuatro años como una exigencia política y técnica de los Pueblos Indígenas. El SIVOSPI recopila información directamente desde los territorios y las organizaciones indígenas que integran la CNTI, la cual es complementada con fuentes secundarias como prensa y entrevistas.
El análisis posee limitaciones derivadas del contexto de riesgo, el subregistro en los sistemas propios de monitoreo y la ausencia de información oficial y unificada sobre riesgos, agresiones y medidas de protección dirigidas a los Pueblos Indígenas. No obstante, logra articular una narrativa que combina denuncia, memoria y propuestas de paz, con el propósito de visibilizar la defensa territorial indígena y posicionar los saberes ancestrales como fundamentos del gobierno propio y de la justicia ambiental.
por STI | Dic 23, 2025 | CNTIAnaliza, Actualidad, Nota de prensa, Noticias
«Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural», en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional»
por STI | Dic 19, 2025 | Cartillas y Manuales
La presente cartilla es una apuesta de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional -ECI- declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 del 2017, por la situación de vulneración masiva y recurrente de los derechos fundamentales de los niños y de las niñas del Pueblo Wayúu.
Durante el recorrido de este documento, encontraras elementos que te permitirán identificar las particularidades de las ordenes proferidas por la Corte Constitucional, haciendo especial énfasis en como un adecuando cumplimiento del objetivo sexto constitucional, este es, el de garantizar la imparcialidad y transparencia en la selección de contratistas, contribuye a la efectiva satisfacción de los derechos fundamentales tutelados.
por Prensa CNTI | Dic 18, 2025 | Actualidad, Comunicados, Exigencias y Posicionamientos políticos, Noticias
Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia públicamente el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional en la garantía de las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de las sesiones de diálogo y concertación, situación que vulnera de manera grave y sistemática los derechos territoriales, humanos y fundamentales de los Pueblos Indígenas.
Pese a los avances normativos de altísima importancia, relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), el Gobierno Nacional ha demostrado una conducta renuente frente al funcionamiento adecuado de la CNTI, impidiendo el ejercicio pleno de la participación efectiva, la concertación y la toma de decisiones sobre la implementación de los compromisos concertados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las políticas públicas en materia territorial indígena.
La VI Sesión Ordinaria de la CNTI, programada para el 28 de noviembre de 2025, no pudo culminarse, entre otros motivos, debido a la ausencia reiterada del Director General de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Juan Felipe Harman Ortiz, quien ha demostrado que es el único competente para definir acuerdos estructurales que sobrepasan la capacidad de quienes en su delegación asisten al Espacio. Como consecuencia, se generó una pérdida de recursos públicos y se afectaron la coordinación previa, la agenda concertada y los esfuerzos logísticos realizados por las autoridades indígenas provenientes de distintas regiones del país.
A ello se suma la cancelación unilateral de la continuidad de la sesión programada para el 18 de diciembre de 2025, notificada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante correo electrónico el 17 de diciembre a las 6:22 p. m., lo cual interrumpió abruptamente la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas.
Estas actuaciones, atribuibles al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), obstaculizaron el seguimiento a los compromisos del PND, la definición de presupuesto y metas para 2026, y la implementación de acuerdos orientados a garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, incluyendo procesos de ampliación, saneamiento, reestructuración, conversión y constitución de resguardos, así como la protección integral de los territorios ancestrales.
La CNTI advierte que este patrón reiterado de reprogramaciones, ausencia de funcionarios decisorios, entrega extemporánea e incompleta de información, discontinuidad contractual, cambios constantes de directivos y falta de planeación institucional, resulta regresivo y desconoce el carácter legítimo, legal y vinculante de la CNTI como instancia de concertación de Gobierno a Gobierno.
Estas prácticas contravienen la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la inadecuada destinación de recursos públicos sin el cumplimiento de los fines previstos podría configurar detrimento patrimonial y omisión de funciones, lo que amerita la intervención de los organismos de control.
Finalmente, la CNTI hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que honre los compromisos adquiridos, respete los espacios de decisión colectiva y actúe bajo los principios de buena fe, enfoque de derechos y obligatoriedad de la concertación. El respeto a la CNTI es una obligación constitucional y legal, fundamental para la garantía de los derechos territoriales de los 115 Pueblos Indígenas del país.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 16, 2025 | Informes
LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS ACUERDO SUSCRITOS EN LA CNTI
Este informe surge con el propósito de generar análisis y reflexiones frente a los desafíos y brechas que persisten en la garantía, protección y goce efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, a través de un balance de los Acuerdos suscritos en la vigencia 2024 en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (en adelante CNTI). Asimismo, este documento contiene un balance sobre los avances producidos a corte de mayo y junio del año 2025, considerando escenarios de exigibilidad de cumplimiento como la minga indígena y de seguimiento en mesas técnicas.
Este documento expone el estado actual de cumplimiento a los deberes del Estado colombiano frente a los derechos de los pueblos indígenas en clave del ejercicio efectivo de nuestra autonomía, autodeterminación, sistemas propios de conocimiento, jurídicos, de gobierno, ordenamiento y uso que son propios a nuestras relaciones materiales e inmateriales con los territorios.
Reflexiones finales
Conforme a los mandatos de los Pueblos y las Organizaciones Indígenas de la CNTI, en este informe se expusieron las líneas temáticas estratégicas con enfoque en derechos – la indivisibilidad e interdependencia de los mismos-, de los acuerdos suscritos en este espacio de diálogo y concertación de alto gobierno. Señala la identificación de dificultades y brechas, pero también propuestas de impulso, logros y retos pendientes para vigencias futuras.
Desde 2009, se evidencia un número considerable de Acuerdos sin avances e incumplidos en materia de derechos fundamentales y territoriales indígenas. A la fecha, existe un registro de 150 acuerdos incumplidos y 44 acuerdos sin avances.
Estos incumplimientos, que son de especial interés para el análisis, se expusieron de manera detallada en cada línea temática aquí abordada, y nos permitimos resaltar algunos reiterativos:
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- Incumplimiento sistémico e ineficacia Institucional: Persiste un incumplimiento sistemático y estructural de los acuerdos por parte de entidades clave como el Ministerio del Interior, afectando las garantías del derecho al auto- reconocimiento.
- Las dilaciones excesivas y falta de operatividad para la protección de los territorios indígenas: las demoras excesivas en trámites de compra de tierras, constitución y ampliación de resguardos, superan los plazos razonables y vulneran derechos. Esto se ve reflejado en la baja ejecución de la ANT, creando un ciclo de postergación que perpetúa la deuda histórica.
- Falta de Articulación Interinstitucional: la desarticulación entre entidades (como la ANT, URT, UARIV, Ministerio de Ambiente) ralentiza y entorpece procesos críticos como la restitución de tierras y la reparación integral, lo que se traduce en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y en el desacato sistemático de las órdenes judiciales que los amparan.
- Institucionalidad raquítica y falta de capacidad humana: las entidades responsables carecen de la capacidad técnica, operativa y humana necesaria. Tanto la ANT, la URT, como el Ministerio del Interior, tienen una planta de personal insuficiente y con alta rotación, lo que impide atender la demanda y genera una alta acumulación técnica y administrativa.
