Solidaridad con el Resguardo Indígena de Canoas: exigimos el respeto a la vida, al territorio y a la paz

Solidaridad con el Resguardo Indígena de Canoas: exigimos el respeto a la vida, al territorio y a la paz

Fotografía: Facebook Resguardo Indígena de Canoas

Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresamos nuestra solidaridad con el Resguardo Indígena de Canoas, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, frente a los graves hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025, cuando se presentó un intenso enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y disidencias de las FARC al interior de su territorio ancestral.

Según las Autoridades Tradicionales, durante el combate ambos actores armados utilizaron viviendas de civiles como trincheras, exponiendo deliberadamente a familias enteras, incluyendo niños y niñas de hogares infantiles y de la escuela del resguardo, al fuego cruzado. Se reportó el uso indiscriminado de granadas, drones con explosivos y armas de largo alcance, en una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Desde la CNTI, rechazamos categóricamente la utilización de los territorios indígenas como escenarios de guerra y la reiterada vulneración de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, consagrados en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Exigimos al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa una revisión urgente de los protocolos de operación militar en territorios indígenas y la adopción inmediata de medidas efectivas que garanticen la protección de la población civil. Del mismo modo, exigimos a las disidencias de las FARC el cese total de acciones bélicas en territorios indígenas y el respeto irrestricto a la autonomía, neutralidad y jurisdicción de las comunidades.

Llamamos a la Defensoría del Pueblo a emitir una Alerta Temprana que reconozca el riesgo inminente que enfrenta el Resguardo de Canoas y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar y verificar la situación humanitaria que atraviesan las familias afectadas.

El Resguardo de Canoas ha activado su Guardia Indígena en ejercicio de la jurisdicción especial reconocida por el artículo 246 de la Constitución, reafirmando su compromiso con la defensa pacífica de la vida y la armonía territorial.

Desde la CNTI, nos unimos al llamado urgente de las Autoridades Tradicionales de Canoas: los Pueblos Indígenas no somos parte del conflicto armado. Nuestros territorios son escenarios de paz, vida y espiritualidad, y deben ser respetados como tales.

Reiteramos que la paz verdadera solo será posible cuando se respeten los territorios, la autonomía y la vida de los Pueblos Indígenas. Lo ocurrido en Canoas no puede normalizarse ni repetirse. Exigimos garantías reales para vivir sin miedo, para que nuestras niñas y niños crezcan lejos del fuego cruzado y para que la palabra y la justicia propia sigan guiando el equilibrio de nuestros territorios. Desde la CNTI, acompañamos a las Autoridades y comunidades del Resguardo de Canoas en su resistencia pacífica y hacemos un llamado al país y al mundo a no guardar silencio frente a estas graves violaciones.

¡Por la defensa de la vida, el territorio y la paz!

Comunicado a la opinión pública por la dignidad y respeto de los pueblos indígenas de Colombia

Comunicado a la opinión pública por la dignidad y respeto de los pueblos indígenas de Colombia

En el marco de la lucha histórica constante de los pueblos indígenas colombianos por la reivindicación de nuestra pre existencia y garantía de los derechos colectivos, originarios, fundamentales y humanos, como la salvaguarda de nuestros territorios, se creó mediante el Decreto 1397 de 1996, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). La CNTI es un espacio de concertación política de Gobierno a Gobierno, con carácter vinculante, en el que tienen voz los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, para la defensa y materialización de nuestros derechos territoriales.

En el proceso de concertación y seguimiento de los acuerdos territoriales entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas —especialmente sobre formalización y seguridad jurídica en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023), las autoridades y delegados indígenas, reunidos en espacio autónomo en la IV Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), ejercemos nuestro derecho a la participación política, la autonomía y el gobierno propio.

No obstante, desde este espacio hemos venido constatando con preocupación la ausencia sistemática de voluntad gubernamental para un verdadero y transparente diálogo político de alto nivel con las Entidades del Gobierno Nacional obligadas a cumplir con nuestros derechos, y por ende con los funcionarios que en la mismas ostenten las capacidades y competencias para tomar las decisiones y comprometer en su representación legal y pública en las sesiones de la CNTI, la voluntad y responsabilidad del Estado que hoy requiere la superación de las brechas que impiden nuestro goce efectivo de derechos.

Advertimos así mismo sobre el incumplimiento reiterado de los acuerdos pactados, lo que vulnera nuestros derechos territoriales y colectivos, al tiempo que desdice de la voluntad de un cambio en el compromiso del Estado con la materialización de los fines y principios de la Constitución Política de 1991.

La sistemática inasistencia de altos funcionarios afecta gravemente procesos claves para el reconocimiento y protección de territorios indígenas, debilita la garantía de los derechos territoriales, políticos y culturales de los Pueblos Indígenas. Esta situación no es un hecho aislado, sino una práctica reiterativa que refleja el desinterés estructural del Estado.

Para abordar temas estructurales con la institucionalidad, conforme al decreto 1397 de 1996, se convocó al director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de manera reiterada:

  1. El 20 de noviembre de 2024 se envió oficio de convocatoria para su participación de la sesión del 27 de noviembre. No asistió.
  2. El 3 de diciembre se sesionó de manera extraordinaria, a la cual asistió dando un discurso sin respuestas de fondo y abandonó el espacio. Razón por la cual no se tuvo un cierre adecuado de la vigencia 2024.
  3. El 15 de enero de 2025, sin ninguna respuesta a la fecha, se reiteró por oficio la importancia de retomar la sesión para cerrar la vigencia 2024 y establecer acciones concretas de la agenda 2025.
  4. El 15 de septiembre en secretaria operativa, como espacio preparatorio a la sesión, se manifestó la necesidad de su participación en la IV sesión mixta.
  5. El 26 de septiembre mediante oficio se reiteró de manera escrita y expresa su presencia en la IV Sesión Mixta 2025.
  6. El 03 de octubre no se instaló la IV Sesión Mixta porque el director de la ANT, Juan Felipe Harman no asistió. Por solicitud del Ministerio de Agricultura, el espacio se extenderá para el 4 de octubre de manera extraordinaria.

Frente a estos hechos, reafirmamos que no aceptamos más dilaciones, ausencias ni incumplimientos; No permitiremos que este espacio de interlocución y concertación sea burlado con diálogos vacíos que no producen resultados reales. Esta situación contribuye a la preservación y no superación del actual Estado de Cosas Inconstitucional advertido por la Corte Constitucional y que nos mantiene a muchos pueblos ante un permanente riesgo de extinción física y cultural. Así mismo, este incumplimiento reiterado e injustificado evidencia deficiencias de planeación y ejecución presupuestal y la ausencia de un enfoque de derechos, al tiempo que profundiza la desconfianza y pone en entredicho la voluntad de transformación del actual gobierno.

DENUNCIAMOS el incumplimiento sistemático, deliberado y reiterado del Gobierno Nacional, de los acuerdos y compromisos pactados entre las partes, evidenciados en la ausencia del director general de la Agencia Nacional de Tierras, la directora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural en la IV Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Ante esta situación, los delegados de los Pueblos Indígenas exigimos respeto a la palabra pactada

RECHAZAMOS que se afecte la integridad de los territorios indígenas, por el avance arbitrario de otras figuras territoriales relacionados con la conformación de reservas campesinas, Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) que se adelantan de manera inconsulta, desconociendo el derecho fundamental de los Pueblos Indígenas a la consulta previa libre e informada.

Por todo lo anterior y en garantía de los derechos fundamentales que nos asisten como pueblos y habitantes originarios de los territorios.

EXIGIMOS:

  1. El cumplimiento inmediato de todos los compromisos asumidos por las entidades responsables del gobierno nacional en materia territorial indígena, con acciones y tiempos concretos.
  2. La participación efectiva y continua de funcionarios con poder de decisión, con propuestas articuladas como gobierno, en todas las Sesiones Mixtas.
  3. Una revisión estructural de procedimientos y normativas que obstaculizan el ejercicio pleno de nuestros derechos territoriales.
  4. Respeto por nuestras autoridades y formas de gobierno propio.
  5. Que, en los documentos, comunicados, alocuciones oficiales e implementación de políticas públicas a nivel nacional, se utilice un lenguaje respetuoso por parte del Gobierno, de manera que se reconozca y se respete la diversidad étnica y cultural como principio fundamental de un Estado Social de Derecho. Asimismo, que cuando se haga referencia a nuestros derechos se mencionen de manera explícita, tal como lo establece la ConstituciónPolítica de Colombia.

Hacemos el llamado urgente a los entes de control:Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control, hagan seguimiento estricto a los compromisos adquiridos y velen por el cumplimiento efectivo de nuestros derechos territoriales.

Los Pueblos Indígenas hemos caminado con dignidad, resistencia y propuestas claras. La defensa de nuestros territorios no es negociable. Nuestra disposición al diálogo y la concertación permanece intacta, pero la palabra empeñada debe traducirse en hechos y actuaciones que garanticen el goce efectivo de nuestros derechos colectivos territoriales, base de nuestra existencia física y cultural.

La lucha por la dignidad y la permanencia de la buena fe empieza por cumplir lo acordado.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

Día 1 IV Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas: incumplimientos, obstáculos y exigencias

Día 1 IV Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas: incumplimientos, obstáculos y exigencias

En el marco del primer día de la IV Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), las autoridades y delegados de los Pueblos Indígenas expresaron su preocupación frente a los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y la ausencia de instituciones clave convocadas al espacio. Esta falta de presencia afecta el diálogo, la concertación y la garantía de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.

Protección a la posesión de los territorios indígenas

Durante el primer día de la sesión, se abordó la socialización de acciones y la pedagogía para implementar la Directiva 001 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Las entidades avanzan lentamente en su aplicación, limitándose a capacitaciones superficiales a contratistas y funcionarios. Además, no se ha presentado el número total de solicitudes ni los actos administrativos de constitución de Tierras de Comunidades Ancestrales (TECAM) y Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

Los obstáculos identificados incluyen socializaciones fragmentadas, información incompleta y sin participación plena de las autoridades indígenas, lo que genera desconfianza y pone en riesgo los territorios. Esta situación deriva en impactos graves: traslapes con territorios indígenas, conflictos sociales y desconocimiento de derechos colectivos, debilitando la confianza en los acuerdos.

Las autoridades insisten en que no basta con socializar: se requiere presencia de directivos con capacidad de decisión, sistemas de información oficiales y la incorporación real de los Pueblos Indígenas en los procesos.

Rezago en contratación de personal de la ANT

Otro de los puntos críticos fue la socialización del estado de contratación del personal de la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Actualmente, cerca de 300 personas siguen pendientes por contratar de un universo de 451, existen Unidades de Gestión Territorial (UGT) sin coordinadores, y no hay correspondencia entre el número de contratados y las solicitudes de los Pueblos Indígenas.

La ANT carece de una planeación estratégica que garantice la continuidad del personal durante toda la vigencia, lo que dificulta la ejecución del presupuesto y vulnera directamente el derecho al territorio. Desde este escenario, se exhorta al director general de la ANT y al subdirector de Asuntos Étnicos a presentar explicaciones y soluciones reales, sin que ello implique un detrimento a los derechos de los Pueblos Indígenas.

Las garantías presupuestales para el avance de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, son fundamentalespara su materialización. Hoy la ANT nos presenta una ejecución del 23% de los recursos destinados a la formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas, sin unas fechas y estrategias tanto claras como detalladas de aquí a diciembre para comprometer y ejecutar el 100% de los recursos.

Frente a este panorama, las organizaciones indígenas plantean la necesidad de que la ANT garantice que se comprometerá el 100% de los recursos y asegurar el cumplimiento de un Plan de Acción efectivo y gante en esta vigencia.

Incumplimientos del Ministerio del Interior

La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior presentó nuevamente un avance insuficiente en registros de autoridades, conceptos previos, autocensos y estudios etnológicos, fundamentales para garantizar derechos colectivos.

La Procuraduría recordó al Ministerio el incumplimiento de acuerdos cuya fecha límite era el 20 de agosto, mientras que el delegado de la cartera reconoció que los atrasos afectan derechos fundamentales. A ello se suma la falta de funcionarios con capacidad de decisión en el desarrollo de la sesión.

Los obstáculos persisten: ausencia de planeación estratégica, incumplimientos reiterados y rezago histórico. El impacto directo es la inseguridad jurídica, la limitación de la autonomía y la falta de participación efectiva de los Pueblos Indígenas en decisiones sobre sus territorios.

Desde este espacio de concertación política, de gobierno a gobierno, los Pueblos Indígenas exigimos:

Exigimos que el próximo viernes 3 de octubre no se instale la mesa de la IV Sesión Mixta de la CNTI sin la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, y del presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón. Esta exigencia responde a los incumplimientos y retrasos en los acuerdos concertados en este escenario de Gobierno a Gobierno. Es indispensable la presencia de funcionarios de alto nivel con poder de decisión, el cumplimiento inmediato de los acuerdos adquiridos, la información clara, completa y transparente sobre los procesos, y participación plena y efectiva de las autoridades indígenas en la implementación de las medidas.

La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Grave situación de despojo y vulneración de derechos territoriales en Puerto Gaitán: los Pueblos Indígenas se declaran en asamblea permanente

Grave situación de despojo y vulneración de derechos territoriales en Puerto Gaitán: los Pueblos Indígenas se declaran en asamblea permanente

Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresamos nuestra profunda preocupación y respaldo a la decisión de las autoridades tradicionales y la Asociación Indígena Unuma – ASOUNUMA, que agrupa a los pueblos Sikuani, Sáliba, Piapoco y Cubeo de Puerto Gaitán, Meta, quienes se han declarado en asamblea permanente y en armonización en la ciudad de Bogotá ante la grave vulneración de sus derechos territoriales y de la vida.

Las comunidades y Pueblos Indígenas denuncian el incumplimiento reiterado de los acuerdos suscritos por el Estado colombiano, así como la persistente omisión en la formalización, constitución, ampliación y saneamiento de resguardos. A ello se suman la titulación irregular de tierras a terceros, la invasión de territorios ancestrales por empresas de hidrocarburos y proyectos agroindustriales, y el preocupante fenómeno de extranjerización de la tierra, en particular por parte de la comunidad menonita y otros actores privados. Estas prácticas han limitado el acceso a fuentes de agua, espacios sagrados y espacios vitales para la caza, la pesca y la recolección, afectando directamente la soberanía alimentaria, la medicina tradicional y la pervivencia cultural y espiritual de los Pueblos Indígenas.

Las comunidades exigen al Gobierno Nacional atención inmediata a través de un diálogo directo con el Presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial, con garantías de cumplimiento verificable y acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los puntos centrales de sus exigencias están la suspensión de títulos irregulares, la restitución de predios ancestrales adjudicados de manera indebida, la priorización de baldíos a favor de los resguardos y la instalación de mesas de trabajo de gobierno a gobierno en materia de consulta previa, conservación y reconocimiento de autoridades indígenas.

Desde este escenario reafirmamos que la situación de Puerto Gaitán refleja los riesgos estructurales que enfrentan los Pueblos Indígenas en la Orinoquía y en todo el país, producto del despojo, la extranjerización y la falta de garantías jurídicas. Defender los territorios no es solo un derecho constitucional: es condición para la vida, la autonomía y la pervivencia material y espiritual de los pueblos.

Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional a actuar con voluntad política, coherencia y celeridad, y a cumplir lo pactado con los Pueblos Indígenas. Asimismo, hacemos un llamado a los sectores sociales, organizaciones indígenas, colectivos ambientales, defensores de derechos humanos y a la ciudadanía en general a unirse y respaldar este proceso, visibilizando la grave situación territorial que enfrentan los pueblos indígenas en la Orinoquía. La solidaridad y el acompañamiento son esenciales para exigir que el Estado cumpla con su deber constitucional y garantice la vida, el territorio y la cultura de nuestros pueblos.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Minga del Pueblo Barí en Cúcuta: en defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos

Minga del Pueblo Barí en Cúcuta: en defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos

La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí – Ñatubayibari convoca a los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, al Ministerio Público, a la ciudadanía y a organismos de derechos humanos a acompañar y cubrir la marcha pacífica que se lleva a cabo el 30 de septiembre en la ciudad de Cúcuta. Esta movilización se enmarca en la Minga del Pueblo Barí, un ejercicio legítimo de defensa de los derechos territoriales en el Catatumbo.

El llamado surge ante el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a los compromisos adquiridos para la protección, garantía y reconocimiento del territorio ancestral Barí. Esta situación pone en riesgo la pervivencia cultural, espiritual y territorial de este pueblo indígena, que se moviliza para exigir respeto y protección efectiva a sus derechos.

El Pueblo Barí, hijos de la Piña y guardianes del Faro del Catatumbo, ha resistido por más de 600 años la ocupación indebida de su territorio, las violencias del conflicto armado, la presión de economías ilegales y el abandono estatal. A lo largo de su historia han protegido ríos, selvas y bosques productores de agua y oxígeno para toda la región, aportando a la paz y a la sostenibilidad ambiental del país.

Hoy demandan un diálogo de gobierno a gobierno que garantice soluciones reales y el cumplimiento de las órdenes judiciales en favor de sus derechos étnicos y territoriales. Entre los puntos centrales de la agenda de la Minga se destacan: la protección de los derechos territoriales colectivos y ambientales; atención y reparación integral a las víctimas; cumplimiento del PDET – Pacto Catatumbo; fortalecimiento del plan de vida, gobierno y justicia propia; así como recursos suficientes para el sistema indígena de salud (SISPI), el sistema educativo propio (SEIP) y las entidades de carácter especial (ETI).

Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) nos unimos al llamado de la Minga Barí, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Barí y con la convicción de que defender el territorio es defender la vida, la paz y el futuro del Catatumbo. ¡Fuerza, Fuerza!

Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional cumplir de manera urgente y efectiva con los compromisos adquiridos y con las órdenes judiciales que protegen al Pueblo Barí. El diálogo de gobierno a gobierno debe traducirse en acciones reales que garanticen la vida, la paz y el futuro del Catatumbo.

Desde la CNTI denunciamos la represión y violencia estatal que enfrentan nuestros hermanos Indígenas en Ecuador

Desde la CNTI denunciamos la represión y violencia estatal que enfrentan nuestros hermanos Indígenas en Ecuador

Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia denunciamos ante el país y la comunidad internacional la grave situación de represión y violencia estatal que enfrentan nuestros hermanos Indígenas en Ecuador.

El 28 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ecuador asesinaron brutalmente a Efraín Fuerez, comunero Kichwa de 46 años de Cotacachi, padre de dos hijos y reconocido líder comunitario. De acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Efraín fue acribillado con tres disparos en la vía Panamericana Norte, en medio de la represión desatada contra el legítimo Paro Nacional 2025. Otro comunero resultó gravemente herido.

Ecuador atraviesa una grave crisis política, social y económica. Desde el 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y diversos sectores sociales adelantan un paro nacional en rechazo al alza del diésel, el incremento del costo de vida, la precarización de la salud y la educación, el avance del modelo extractivista y la represión sistemática contra líderes indígenas y defensores de derechos humanos.

Este crimen de Estado, ordenado bajo la responsabilidad política del presidente Daniel Noboa, constituye una violación flagrante de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La represión militarizada convierte al país en un campo de guerra contra su propio pueblo, criminalizando la protesta social y poniendo en riesgo la vida de comunidades enteras.

La CNTI expresa su solidaridad y respaldo al movimiento indígena ecuatoriano y a las familias de las víctimas, ratificando que su lucha es también nuestra lucha como pueblos de Abya Yala. Denunciamos que esta violencia responde a un patrón histórico de racismo estructural y represión sistemática que también hemos vivido en Colombia, donde el estallido social dejó asesinatos, persecuciones y estigmatización contra quienes alzamos la voz en defensa de la vida y el territorio.

Exigimos el cese inmediato de la represión, la militarización y la criminalización de la protesta en Ecuador, así como justicia y reparación integral para la familia de Efraín Fuerez y para todas las víctimas de la violencia estatal. Asimismo, demandamos la intervención urgente de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la OEA para garantizar el respeto de los derechos humanos y frenar esta grave situación.

La protesta social es un derecho legítimo y no un delito. La vida de los pueblos no puede seguir siendo sacrificada por políticas extractivas y gobiernos autoritarios.

Los Pueblos Indígenas no somos terroristas. Somos guardianes de la Madre Tierra y defensores de los territorios, de la vida y de la dignidad de los pueblos. Nuestra lucha no nace del odio, sino del compromiso ancestral con el cuidado, la memoria y la pervivencia.

Expresamos nuestra solidaridad y hermandad con los Pueblos Indígenas del Ecuador, que hoy enfrentan la violencia y la represión estatal en el marco de su legítima protesta social. Sus luchas son también las nuestras: la defensa de la vida, los territorios y los derechos colectivos. Les acompañamos con respeto, fuerza y dignidad, reafirmando que la unidad de los pueblos es el camino para resistir la opresión y construir un futuro de justicia y libertad.

Desde Colombia, los Pueblos Indígenas decimos con fuerza:
¡La vida no se negocia, se respeta y se defiende!
¡Defender los territorios es defender la vida!

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