La comunidad indígena El Coco hace un llamado urgente al Gobierno nacional y a los entes competentes para que intervengan de manera inmediata, frente a la violación de sus derechos fundamentales y territoriales por parte de la Infantería de Marina Armada de Colombia.
Las comunidades indígenas de Coco Viejo y Coco Nuevo están ubicadas en el municipio de Inírida, departamento de Guainía. Pertenecen al resguardo indígena Coayare y a pesar de dominar muy bien el castellano, su esencia lingüística y el manejo de su idioma ancestral pertenece a los Curripacos, un pueblo indígena que cuenta con aproximadamente 4300 personas, asentadas principalmente en los departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada.
En cuanto a sus actividades productivas y económicas, la comunidad suele hacer uso de herramientas que cuentan con un saber ancestral, enfocadas en la extracción de la gravilla y la pesca, además de contar con diferentes grupos familiares artesanales, quienes trabajan la tejeduría en fibra.
A pocos minutos de su territorio se encuentra un batallón del Ejército y otro de la Marina que prohíben el paso de la comunidad dentro de su territorio ancestral, lo que llevo a la comunidad a hacer un llamado el pasado 3 de septiembre a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) a través de un video, en el que expresaba su preocupación por las exigencias que hacía uno de los sargentos perteneciente a la Infantería Armada de Colombia.
Por esta razón, el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) como componente de trabajo de la CNTI, atendió el llamado de la comunidad y de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), y emprendió un viaje el 13 de octubre al suroriente del país, a una pequeña parte del «pulmón del mundo» para brindar un acompañamiento a la comunidad de Coco Viejo y Coco Nuevo.
Al llegar a Guainía (“espejito del sol” en lengua Puinave) se tuvo la posibilidad de analizar y reconocer que es uno de los territorios con mayor presencia de Pueblos Indígenas, con una gran extensión de selva cargada de intereses capitales que buscan explotar su riqueza natural y someter a muchos de sus habitantes a unas constantes problemáticas como la presencia de grupos armados, deforestación, minería ilegal, trabajo forzado a menores y a las diferentes violencias que afectan directamente a las mujeres.
La CNTI logró ubicar a 10 minutos en motocicleta el resguardo indígena de Coayare, El Coco, integrado por cinco comunidades indígenas: Coco Viejo, Coco Nuevo, Curripaco, Puinave y Piapoco, pueblos originarios y asentados en Guainía.
La tropa armada como una problemática para el Pueblo Indígena
En la socialización con la comunidad y la Infantería de Marina Armada de Colombia, se logró evidenciar que la presencia de esta tropa armada estaba generando dificultades de orden público en el territorio, ya que este grupo asegura que la comunidad no tiene permitido pasar hasta un punto, mismo que la comunidad asegura que corresponde al cementerio donde se encuentran los restos de sus ancestros.
Cementerio de la comunidad de El Coco, 2021.
Aunque no existe información clara sobre la delimitación de la sede militar que colinda con la comunidad El Coco, en el municipio de Inírida, se tiene conocimiento de la presencia del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N°50 (BAFLIM50) con km 3 vía a El Coco. Batallón que hace parte de la Brigada de Infantería de Marina No. 5 (Resolución No. 6469-MDN del 30 agosto de 1989)[1], inicialmente denominada como la Fuerza Fluvial la Flotilla del Magdalena y del Oriente.
En el año 1999 adquirió la denominación de Unidad Operativa Menor y su puesto de mando está ubicado en el municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Vichada. Actualmente, cuenta con unidades y elementos fluviales de combate, asignándosele como área de responsabilidad los ríos de Guaviare, Inírida, Orinoco y sus afluentes[2].
Por otro lado, se encuentra el Batallón de Infantería N°45 general Próspero Pinzón, el cual fue creado en el año 2003 y activado en el año 2005 como Batallón de Infantería Motorizado y ubicado en Puerto Carreño, Vichada. El día 19 de noviembre de 2005, al activarse la Brigada de Selva No. 28, fue asignado como jurisdicción en el departamento del Guainía.
Origen de la Comunidad de Coco Nuevo y Coco Viejo
De acuerdo con el registro y los testimonios que ha brindado la comunidad, este Pueblo Indígena es originario del Río Negro, también llamado Río Guainía, perteneciente del territorio desde los años 50s al que le concedieron un terreno que fue pagado con cuatro toneladas de fibra y que hoy en día pertenece al territorio de Coco Viejo y Coco Nuevo.
Sin embargo, en el año 1976 se le concedió parte del territorio a un colono cerca de la laguna Kamasabe, donde había cultivos que le pertenecían a la comunidad. Años después, esta persona vendió el terreno y lo dejó bajo el poder de la Infantería para la instalación del batallón.
Ahora mismo, la comunidad de El Coco tiene conocimiento de que en su momento se hizo una consulta previa con el “capitán” que se encontraba ejerciendo su autoridad en el año de 1995, quien termino aceptando y vendiendo el territorio a la fuerza armada, a pesar de que era un resguardo.
Todas esas incongruencias y falta de certeza han afectado seriamente a la comunidad, ya que la fuerza armada está reclamando parte de un sitio sagrado para el Pueblo Indígena de los Curripacos.
La deuda de las instituciones en materia territorial con la comunidad de El Coco
Según la información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el resguardo fue constituido a través de la resolución del 25 de abril del año 1986[3], con una extensión de 11840 hectáreas aproximadamente, en la que actualmente se encuentra ubicada en los parajes de Coayare-Coco en un terreno situado con jurisdicción del municipio de Inírida a favor de las comunidades Puinave, Piapoco y Curripaco.
Sin embargo, los habitantes de la comunidad El Coco aseguran que desde el año 2010 se está solicitando la ampliación de su territorio, uno de los procedimientos más importantes en los que el Estado debe brindar el reconocimiento e incluir los territorios de manera adicional del resguardo al título de propiedad de la comunidad, a pesar de que ha pasado más de una década en la que no han recibido ninguna respuesta por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Al hacer el respectivo seguimiento a la ANT, fue posible evidenciar que el 16 de agosto de 2018 la entidad territorial informó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT)[4] que los expedientes que hacían referencia al procedimiento de ampliación estaban pendientes de programación. Por ende, un año después la URT presentó una solicitud de protección del territorio ancestral, en el que le indicó a la (ANT) continuar con el proceso de caracterización territorial.
Sin embargo, hasta este momento la comunidad no tiene claridad ni conocimiento de los límites de su resguardo. Por ende, el equipo jurídico de la CNTI se dispone a hacer una documentación del caso en la que sean tenidas en cuenta las aspiraciones territoriales para poder identificar si mediante una acción jurídica se puede lograr la dotación territorial y la ampliación del resguardo de la comunidad El Coco, además de iniciar un trabajo pedagógico con el fin de que el Pueblo Indígena conozca sus derechos territoriales sobre la problemática que se está presentando con la Infantería de Marina Armada de Colombia.
El artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, dice lo siguiente: “Los parques comunales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. De igual forma, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los artículos 13 y 14, refiere el concepto de «tierra» como territorio para los Pueblos Indígenas. Por eso, la ocupación o posesión genera propiedad y el Estado está en la obligación de formalizar los territorios.
Por eso, la Infantería de Marina Armada de Colombia debe reconocer que así no se encuentre el territorio titulado dentro del marco de la legalidad, las comunidades indígenas de Coco Nuevo y Coco Viejo son pueblos originarios del departamento del Guainía y que en estos momentos la fuerza armada se encuentra ubicada en un territorio ancestral y sagrado.
Ahora bien, aunque hay conocimiento de esta disputa territorial, existe una serie de desarmonías en el territorio ancestral que han afectado a los Pueblos Indígenas como la falta de atención y de materia prima productiva que contribuya a la manutención de las comunidades, pues su fuente principal de ingreso sigue siendo las artesanías y la minería artesanal.
Acciones adelantadas por la comunidad
A pesar de que en el departamento del Guainía y en la comunidad se ha incrementado la presencia de colonos que afectan directamente a las comunidades ancestrales con la tala indiscriminada de árboles, la comunidad de Coco Viejo y Coco Nuevo ha creado un invernadero rodeado de polisombra y plantas ancestrales del Pueblo Indígena de los Curripacos, con el que pretenden reforestar gran parte de su territorio para restablecer su sitio sagrado.
Vivero de la Comunidad de Coco Viejo y Coco Nuevo, 2021.
Mujer indígena como territorio
Además de esto, la participación de la mujer indígena en su territorio es de suma importancia, pues ellas son las encargadas de transmitir el conocimiento a sus hijos, de defender y proteger su territorio como un espacio sagrado que debe ser preservado a través del cuidado de las plantas que brindan componentes medicinales, la preservación de los bosques y el agua.
“Cuando se desaparece una laguna o un árbol se empiezan a deteriorar y extinguir las mismas culturas, porque existe una correlación entre la pérdida de la biodiversidad, el deterioro físico de los pueblos y el desarraigo cultural”, Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Mujeres Indígenas del Pueblo Originario de los Curripacos, 2021.
Por eso, en el marco de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas es necesario que se garantice la supervivencia de los Pueblos Indígenas con el respeto a sus procesos organizativos, culturales, espirituales y de Gobierno propio para la conservación de la biodiversidad, el buen vivir y para la pervivencia del Pueblo física y culturalmente.
Durante su visita al departamento de Nariño, los días 16, 17 y 18 de julio, el equipo de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en el marco del observatorio como componente de trabajo, realizó un acompañamiento a las autoridades tradicionales provenientes de distintos resguardos del Pueblo de Los Pastos.
El encuentro se convocó en el resguardo colonial Guachucal, para dar inicio se realizó una armonización dirigida por el Taita y la Mamita de los Pastos Lisandro Chaucanes y Esneida Reina, a fin de contar con la bendición de los espíritus de la Madre Tierra y el reconocimiento del territorio para poder socializar el trabajo que viene adelantando la STI-CNTI y el ODTPI.
Dentro del espacio de diálogo, en minga de pensamiento con los pueblos indígenas Quillasingas, los Pastos y Awá en la Escuela de Derecho Propio “Laureano Inampues”, la STI-CNTI evidenció los retos, potencialidades y aprendizajes, el quehacer del espacio, los componentes de trabajo y sus sistemas de información, tales como el Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA) y el Sistema de Información Geográfica (SIG) que permiten construir líneas de base y acciones estratégicas para la exigibilidad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través del Observatorio de Derechos Territoriales.
Desde su creación, la CNTI ha adelantado un trabajo de incidencia en el que ha arrojado resultados de manera constante, por eso, desde el año 2017 profundizó el componente investigativo y de seguimiento que realiza el ODTPI mediante los sistemas que lo conforman, a través de los informes, los boletines, y el material pedagógico sobre los derechos territoriales, además del balance actual de las solicitudes de formalización de los territorios indígenas.
Evidenciando los esfuerzos conjuntos de quienes se convocan en el observatorio, los delegados indígenas y las organizaciones, se extendió un llamado urgente a continuar exigiendo respuestas al Gobierno nacional, como responsable de garantizar la seguridad jurídica de los territorios en la efectividad de la implementación de las políticas que regulan esta materia.
En su exposición, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, hizo la cordial invitación a las personas presentes en el encuentro a conmemorar los 25 años de la comisión, como un espacio que se ha caracterizado por la defensa y garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a nivel nacional e hizo entrega del material físico y virtual con el que cuenta la CNTI para su respectiva difusión y socialización bajo los principios de la unidad y la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas.
En la madrugada del miércoles 14 de julio, en el marco de la sesión ampliada III-2021 de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se pactó con el Gobierno (en vocería del DANE) la ruta de la consulta previa, libre e informada para la construcción de instrumentos normativos con enfoque diferencial, que estarán orientados a la protección y el reconocimiento de la territorialidad indígena, hoy ausente en la política de catastro que adelanta el Gobierno del presidente Duque.
Lo/as delegados/as de las organizaciones indígenas fueron enfáticos/as en la defensa del derecho fundamental, así como en la exigencia de una visión territorial indígena para el catastro, entendiendo su importancia para el ordenamiento social de la propiedad rural; al final de la jornada, fueron contempladas las salvaguardas que quedaron a modo de constancia para evitar que los instrumentos normativos y/o acuerdos sean violatorios de los derechos de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, después de extensas discusiones y con un trabajo articulado con las representaciones indígenas de diferentes regiones del país, logramos que el Gobierno nacional se comprometa a garantizar este proceso consultivo en los tiempos contemplados por las organizaciones, situación que ha buscado resaltar que la consulta previa requiere de un arduo despliegue territorial en la Colombia profunda, así como comprender su diveridad y la estrecha relación de las comunidadades indígenas con el territorio. Con ello, la MPC y la CNTI reiteran que la consulta debe ser un proceso de garantías para construir políticas territoriales con los pueblos indígenas.
El Gobierno del presidente Iván Duque está implementando en el territorio colombiano una política pública de catastro multipropósito que se aparta de los objetivos diseñados para esta figura en el Acuerdo Final de Paz y que no garantiza el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas con asiento en Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exponemos que la formación catastral y la identificación de Derechos, Restricciones y Responsabilidades que impulsa esta política, impacta los territorios indígenas y nuestros derechos fundamentales intrínsecamente relacionados.
Frente a ello, la Corte Constitucional en la sentencia T-247 de 2015 (en relación a un trabajo de formación catastral adelantado por el IGAC en el municipio de Cumaribo, Vichada, en el que no se hizo consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de que estos representan el 63% de la población) expuso que:
“La actualización catastral es una medida que genera afectaciones directas, no solo porque incidirá en la concepción que el Estado tiene sobre la composición territorial del área, sino porque esa percepción se reflejará en las políticas de planificación del manejo territorial, la cual será utilizada como fuente para determinar la situación jurídica, económica y fiscal de los predios ubicados en el área y, lo que resulta más grave, puede llevar a que los órganos gubernamentales y otros actores sociales incurran en el error de considerar que territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles son objeto de posesión legítima por parte de particulares”.
La forma en la que actualmente se implementa el catastro multipropósito es inconstitucional, desconoce lo pactado en el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno, rompe con el principio de integralidad y unidad nacional, genera segregación y exclusión, y además promueve y exacerba conflictos en los territorios.
Desde la CNTI estamos exigiendo en instancias administrativas, judiciales y en escenarios de concertación nacional desarrollados con las entidades responsables, que la política pública de catastro multipropósito (como decisión administrativa que nos afecta) sea consultada. Esto, con el fin de incorporar elementos diferenciales para su ejecución, seguimiento y evaluación, que llama a la activación de medidas temporales o provisionales que suspendan el avance de su accionar hasta que no se surta la consulta previa.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos de manera pública y rechazamos contundentemente el asesinato de la Sa’t We’sx (autoridad ancestral) Argenis Yatacué y de su compañero, Marcelino Yatacué Ipia, del resguardo Páez de Corinto, en el norte del Cauca.
La violencia no para en nuestros territorios y deja en evidencia la ausencia de garantía del derecho inalienable a la vida. Hoy nos duele profundamente que debamos despedir a una lideresa y a un líder comunitario, quienes entregaron su fuerza y voluntad al tejido ancestral que nos permite permanecer en el tiempo como culturas vivas que protegen la vida y los territorios.
El incremento del conflicto armado en Colombia no deja de revictimizar a las comunidades y nos aleja de la anhelada paz territorial. La persecución política y los asesinatos selectivos han aumentado, afectan principalmente a los liderazgos locales e impactan gravemente el tejido comunitario en un contexto al que se suma la crisis que sufrimos por el COVID-19.
En un contexto de confinamiento y recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, el ataque de hoy profundiza la crisis humanitaria, exacerba el debilitamiento de la comunidad y deja como resultado una afectación directa a familiares y compañeros/as, así como a los estudiantes de la profesora Argenis Yatacué. Las autoridades tradicionales son fundamentales para la preservación física y cultural de los pueblos indígenas.
Nos están matando y el Gobierno de Iván Duque no hace nada, es evidente que los grupos armados están concentrándose en zonas en las que es visible la participación activa de las mujeres lideresas y sabedoras ancestrales, quienes asumen un importante rol político, organizativo o espiritual para el movimiento indígena.
El Sistema de Monitoreo de Violencia Sociopolítica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI)[1] ha identificado un aumento progresivo de los homicidios contra indígenas desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En un periodo comprendido entre 2017 y 2020, fue registrada con preocupación una tasa de incremento del 200% en el homicidio del liderazgo indígena. De acuerdo al comportamiento de la violencia sociopolítica contra los pueblos indígenas durante 2020, es posible concluir que se comete homicidio contra un/a indígena cada tres días en Colombia.
Así mismo, desde 2016 han sido registrados 361 homicidios de líderes y lideresas indígenas. En lo que va de 2021 (con corte al 9 de junio) han sido contabilizados 49 homicidios contra los liderazgos de los pueblos indígenas.
Desde este espacio, hacemos un llamado urgente a los organismos de control a nivel nacional e internacional para que investiguen los crímenes cometidos en contra de los pueblos indígenas. Exigimos el esclarecimiento de estos hechos que continúan arrebatando la vida de líderes y lideresas indígenas, y causan un profundo dolor en nuestros territorios y comunidades a nivel nacional.
Teniendo en cuenta la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, solicitamos el riguroso seguimiento a este caso que se suma a las afectaciones directas y diferenciadas a los pueblos y comunidades indígenas en el país.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) hacemos eco a las denuncias presentadas por las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, ubicado en el territorio ancestral de El Encano en Pasto, Nariño, en las que manifiestan las graves afectaciones a los procesos ambientales, sociales y espirituales en la laguna de La Cocha, sitio sagrado para este pueblo.
El avance desmedido de la agricultura y la piscicultura, además de la promoción turística sin responsabilidad ambiental, ha generado graves consecuencias para el ecosistema y conflictos sociales entre los comuneros indígenas que luchan por la conservación y las familias que perciben ingresos a través de estas actividades.
Desde el resguardo manifiestan que, a pesar de los marcos jurídicos de protección que corresponden al cuidado y la conservación de la laguna (que además es Reserva Nacional Forestal Protectora Nacional, Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Zona de Parque Nacional Natural), la permisividad estatal está permitiendo que los daños lleguen a niveles irreversibles.
La comunidad reporta, entre otras problemáticas:
Evidente extinción de los totorales por la alteración de la flora y fauna.
Invasión al espejo de agua.
Olores insoportables por la descomposición de vísceras, residuos de grasa y partículas de concentrado en el agua.
Afectaciones a las prácticas tradicionales de producción y a sus usos y costumbres.
Acaparamiento económico.
Cambio radical de la estética natural del paisaje.
Construcción de plantas industriales ilegales que traen malos manejos de residuos biológicos.
Contaminación auditiva por las máquinas de selección y lavado.
Detrimento a la infraestructura vial, muelles y puertos turísticos.
Por estas razones el pueblo Quillasinga se declaró en minga permanente por la vida y ha estado movilizándose en el marco del Paro Nacional. Sin embargo, las agresiones no han cesado y desde el pasado 24 de mayo la población está sufriendo hostigamientos.
Con este precedente, rechazamos de forma categórica las amenazas contra la vida del gobernador indígena Braulio Andrés Hidalgo Botina y sus compañeros del cabildo, a quienes se les ordenó abandonar el territorio en un panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, el pasado 25 de mayo. Este hecho se presentó justamente un día después de los señalamientos proferidos en contra de las autoridades tradicionales en el punto de concentración.
La presencia de grupos armados ilegales en estos lugares, responde a una agenda que amenaza la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, ante el interés de agentes externos por adelantar actividades extractivas sin el menor respeto por los territorios ancestrales y la especial relación que los pueblos tienen con estos.
Hacemos un llamado a los entes de control y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que verifiquen esta situación y acompañen las reclamaciones del pueblo indígena Quillasinga.
Reclamamos una investigación seria y urgente para proteger la vida y la integridad del gobernador Braulio Hidalgo y los demás compañeros amenazados. ¡La exigencia de nuestros derechos no puede convertirnos en objetivo militar!
Exigimos a Corponariño que actúe con diligencia y cumpla su obligación de adelantar los estudios necesarios para mitigar la degradación ambiental en la laguna de La Cocha.
Invitamos a las organizaciones indígenas y otros sectores sociales a abrazar la causa por la defensa de La Cocha y a hacer sentir su voz desde diferentes frentes de incidencia.
Salvemos La Cocha
#SalvemosLaCocha
Por la dignidad de la vida, el territorio y la paz:
