Zerankwa recibe hoy en Chundwa a un gran líder, un padre ejemplar, un abuelo alegre, un defensor incondicional del umunukunu: José Camilo Niño Suárez, Sakukū Mayor de la Nación Iku, una persona siempre dispuesta a la escucha y a compartir un sabio consejo.
Innumerables fueron sus luchas, sus aventuras, sus sacrificios, sus dolores y sus recorridos por la Línea Negra con el firme carácter de cumplir como buen hijo del pueblo Iku, ese mandato de la Ley de Origen. Gracias a sus esfuerzos, que han dejado en nosotros y nosotras infinitos aprendizajes, la organización del pueblo arhuaco es fuerte y muestra de dignidad.
Su ejemplo es motivación en sus hijos, como Ricardo Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien recibió este legado, fruto del caminar constante del territorio en compañía de su padre. Esa dignidad aprendida por la defensa del territorio y la reivindicación de los derechos territoriales, la demuestra con tenacidad día a día en su quehacer de la CNTI, espacio que el Sakukū Mayor fortaleció con el buen consejo, así como con sus conocimientos espirituales y culturales como Mamo de su pueblo.
El pensamiento, las acciones y la entrega de la vida en defensa del territorio, nunca mueren. Se renuevan como semilla de generación en generación. Aunque hoy el Sakukū Mayor José Camilo Niño Suárez no nos acompaña físicamente, la ausencia material no significa que olvidemos sus enseñanzas. Estas permanecerán en el territorio y estarán siempre presentes, a través de sus hijos e hijas por generaciones y también reflejadas en cada río, cada planta, cada montaña y cada elemento natural que día a día continúan vivos gracias al ejemplo permanente de nuestros mayores/as que nos enseñan de la guardia, la lucha y la protección incansable al territorio. Por eso, recordamos y enaltecemos su legado.
Hoy, todos los pueblos indígenas y originarios, tanto de la región como del país, lamentan profundamente esta invaluable pérdida. Sabemos que la lucha no acaba aquí, el camino es largo y la resistencia mediante el diálogo, la dignidad y el respeto será nuestra trinchera del corazonar colectivo para continuar.
En nombre del equipo técnico de la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, deseamos que Dios y Kakw Zerankwa lo acojan en sus hermosas praderas. Buen retorno a Chundwa, Sakukū Mayor José Camilo Niño Suárez.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, representantes de diferentes comunidades del país compartieron las experiencias de sus procesos organizativos y las formas en que las mujeres se relacionan con el territorio desde la mirada de sus pueblos ancestrales.
Redacción CNTI
La mujer indígena es territorio, vida y fertilidad, pero es también ejemplo de lucha, resistencia y sabiduría que mantienen en firme el tejido social y espiritual. Por ello, los diferentes roles que desarrollan dan cuenta de aprendizajes que comienzan desde temprana edad y que responden a las problemáticas que aquejan a sus comunidades, especialmente a ellas en su condición de mujer.
Según Rosalba Jiménez, mayora del pueblo Sikuani, la mujer indígena desde su cosmovisión representa la dualidad y, lejos de “salir de una costilla”, viene del territorio y de la semilla de la Madre Tierra que representa la fertilidad. A su vez, comprender lo que significa el territorio, la mujer y la cultura es para Andrea Poto, lideresa comunitaria Nasa, mantener viva la tradición de sus propias lenguas y sus sistemas especiales de relación con la naturaleza.
Natividad Mutumbajoy, lideresa del pueblo Inga y fundadora de la institución educativa Yachaikury, destacó que el buen vivir está en sus territorios, pues allí está todo y la lucha es necesaria para poder disfrutar de sus tradiciones. Para Margarita Villafaña, lideresa arhuaca, las mujeres «como madres soportamos a una cultura y somos complemento del hombre, una familia, que entre los dos luchan por mantener una identidad cultural en el territorio. La tradición y la cultura nos permiten entender que podemos proteger entre todos desde la Ley de Origen y las normas tradicionales, con menos tensiones y guerra».
Los conflictos por la tierra, que históricamente han traído dinámicas de violencia y despojo, generan importantes afectaciones a los pueblos indígenas y de manera diferencial a las mujeres que han sido vulneradas por actores como colonos y grupos armados, entre otros. La creación de espacios formativos en los que convergen diferentes conocimientos ha hecho posible que surjan liderazgos desde lo femenino para defender la vida, el agua, el alimento y la pervivencia cultural de los pueblos.
Diana Campo, comunera Nasa, señaló: «La tarea más importante que tiene la juventud es formarse integralmente frente a las amenazas externas, entendiendo que hay muchos mundos indígenas distintos pero todos tenemos una Ley de Origen que es proteger y preservar». Por eso apuntó que, a partir de la noción de que la tierra no es propiedad de los pueblos, sino que estos pertenecen a ella y por lo tanto deben protegerla, la partida de cada compañero o compañera redobla la energía de lucha contra todo aquello que la pone en peligro, como las actividades extractivas y de la mega industria que desconocen los principios de su equilibrio natural.
Sostienen que esto está directamente relacionado con la falta de interés de los gobiernos, que durante décadas han desconocido las reivindicaciones de los pueblos indígenas y los exponen a toda suerte de situaciones que atentan contra ellos. Todo porque las lógicas económicas no corresponden con la visión que estas comunidades tienen del territorio, en donde ninguna de ellas estará por encima de la vida y la armonía.
«Los pueblos indígenas somos vistos como una piedra en el camino y en Occidente, por la cultura del dinero, nos ven como seres que debemos estar recluidos en las montañas y no comprenden cómo los sitios sagrados son la garantía de pervivencia de todos los seres vivos», añadió la defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas, Margarita Villafaña.
¿Qué estrategias son contempladas para fortalecer los procesos locales?
Las hermanas Diana y Ebema Caizamo, del pueblo Emberá Wera en Chocó, hacen parte del grupo de danza Nepono Werara, en el que a través del arte se enseña a las nuevas generaciones a preservar y exaltar su cultura con los bailes tradicionales.
Ebema, de 13 años, conoce las afectaciones que sufre el río Atrato por la minería y la importancia que este tiene para la vida, pues la contaminación del agua con mercurio (utilizado para separar y extraer el oro) impacta directamente a su comunidad, que necesita del agua del río en sus actividades diarias. Ella recoge estas enseñanzas de sus familiares y especialmente de su hermana mayor Diana, que además se desempeña como docente y traductora de emberá-español.
Como lo expresó Margarita Villafaña, “debemos comprender dónde están los riesgos para poder mantener nuestra cultura y ser ejemplo para que los jóvenes sigan este camino de defensa y fortalecimiento de nuestra unidad familiar y cultural”.
Otra de las alternativas que planteó la mayora Rosalba Jiménez fue dimensionar que «el conflicto no solo son las armas sino también lo ideológico. [Por eso] hay que manejar un discurso desde nosotros mismos, desde nuestra esencia y no desde el conflicto”. Agregó que sus hijos están en el movimiento indígena y se siente orgullosa de eso, pues reconoce que las nuevas generaciones deben seguir reivindicando los derechos indígenas porque es una lucha de nunca acabar.
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La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad arhuaca (Iku) de Kutunsama en el resguardo Kogui Malayo Arhuaco, debido a la invasión que se está presentado desde el pasado 20 de agosto de 2020, en la que aproximadamente 200 colonos han comenzado un proceso arbitrario de parcelación, tala y apropiación ilegal del territorio.
Según denuncias de la propia comunidad, han hecho uso de cintas para demarcar el territorio y sin mediar palabra han avanzado con el corte indiscriminado de vegetación nativa y diferentes especies arbóreas, generando una afectación directa al equilibrio ambiental de la zona. Así mismo, amenazaron con “tumbar los árboles grandes’’ mañana (22 de agosto de 2020) tras argumentar que el Estado no los ha reubicado ni dado tierras.
A pesar de que la Policía Metropolitana y la Personería del Pueblo hicieron presencia en el lugar el día de ayer, en la madrugada de este viernes 21 de agosto las actividades fueron reanudadas por los colonos, provenientes de las zonas aledañas de Guachaca, Palomino, Marquetalia, Puerto Nuevo e incluso (se cree) desde Venezuela. Sin embargo, no hubo acuerdo y la Fuerza Pública manifestó no poder hacer nada porque “hay intereses de otros grupos más grandes’’.
En este territorio ancestral, que constituye una ruta de salida al mar para esta comunidad que durante tantos años lo disputó, están ubicados sitios sagrados para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y es además una importante área de conservación ambiental. Por eso las acciones de los últimos días representan una pérdida significativa para las comunidades que desde hace más de ocho años han trabajado por la recuperación del mismo.
Estos fenómenos son facilitados y promovidos por la falta de formalización y la inseguridad jurídica que sufren los territorios indígenas debido a la negligencia estatal. Actualmente, en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) existen 1009 solicitudes de formalización de territorios indígenas en resguardos. Tal es el caso del resguardo Kogui Malayo Arhuaco que va por su cuarta solicitud de ampliación aún no resuelta y que responde a la ausencia de integralidad en el reconocimiento de los territorios ancestrales por parte del Estado.
Vemos con preocupación cómo en el marco de la pandemia por covid-19 ha aumentado significativamente la presencia de grupos ajenos a los pueblos indígenas que invaden y destruyen el entorno para ampliar la frontera agrícola y adelantar procesos de deforestación y ganadería extensiva.
Lo que logramos identificar es que el principal actor generador del conflicto es el Estado colombiano. Por eso, desde este espacio hacemos un llamado de manera urgente a la opinión pública, y pedimos a las entidades de control y organizaciones internacionales que intervengan, verifiquen la situación y le exijan al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas que ven cómo sus territorios sagrados son vulnerados sin encontrar una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades competentes.
A pesar de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, que ordena la realización de la consulta previa a pueblos indígenas y afros, y la adopción de medidas reales y efectivas que garanticen el derecho a la participación de las comunidades rurales afectadas, la ANLA convocó nuevamente a audiencia virtual para el próximo 1 de septiembre desacatando las órdenes del juez constitucional.
Boletín CNTI
En el mes de julio, el Tribunal de Nariño respaldó al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto al dejar en firme la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental para la reanudación de fumigaciones con glifosato, destinadas a 170.000 hectáreas de cultivo de coca en 104 municipios del país.
Esta sentencia se dio para proteger el derecho a la consulta previa para indígenas y afrodescendientes, así como el derecho a la participación de las poblaciones campesinas y comunidades foco del programa de erradicación mediante aspersión aérea con glifosato. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha querido sustituir la audiencia ambiental con mecanismos virtuales, desconociendo los problemas de conectividad y extrema vulnerabilidad que impiden a las comunidades una participación masiva, real y efectiva para decidir sobre los asuntos que atañen a sus territorios.
Dentro de las órdenes del juez constitucional está: realizar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas, garantizar la disponibilidad de la información ambiental del proyecto y modificar el plan de socialización y difusión que de garantías a la población en general, ya que los mecanismos de difusión por internet y convocatoria radial en concepto del tribunal no son adecuados.
El incumplimiento de la sentencia
Según la denuncia hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR): “tan solo unos días después de emitido el fallo de la tutela (…) la ANLA y la Policía, de forma unilateral, decidieron convocar mediante edicto otra vez una audiencia virtual a celebrarse el martes 1 de septiembre de 2020 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”.
Para tal fin, la ANLA programó tres reuniones informativas preparatorias para los días 11, 13 y 15 de agosto, respectivamente. El CAJAR señaló que «los únicos cambios “sustanciales” ahora incorporados consisten en transmitir la audiencia vía televisión por el Canal 13 solo durante tres horas, en once municipios se habilitará un espacio en los que se tendrán pantallas para proyectar la transmisión y se contará con un teléfono móvil. Dichos espacios solo permitirán un aforo máximo del35% de la capacidad total del recinto».
La ANLA insiste en la realización de la audiencia sin acatar primero las órdenes de las sentencias de tutela, lo cual constituye desacato.
El llamado de las comunidades y las organizaciones sociales
En la defensa por el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de estas poblaciones, se exige a la ANLA la suspensión de estas jornadas, toda vez que no se ha cumplido con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y afros, ni tampoco existen condiciones para celebrarlas con las garantías ordenadas por los jueces de tutela con la adopción de garantías reales y efectivas para la participación, para el acceso y consulta de la información ambiental.
A las voces de alerta ante esta situación se han sumado administraciones y personerías municipales, así como la Procuraduría General de la Nación, pidiendo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales haga uso de su facultad de detenerlas hasta que se garanticen las condiciones de participación para las comunidades que serían afectadas directamente con las aspersiones aéreas.
Es importante tener en cuenta que este no es solo un reclamo desde los territorios sino que el accionar de la ANLA desobedece lo señalado por el Tribunal Administrativo de Nariño en su fallo de tutela. Por lo tanto, representa un desconocimiento a las decisiones tomadas por la Justicia colombiana.
La relevancia de la posible reactivación de aspersiones aéreas con glifosato va más allá de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Como lo sostienen los representantes de las comunidades en los municipios del programa de erradicación, el herbicida genera afectaciones en la tierra dejándola infértil, contamina las fuentes hídricas de las cuales se abastecen y se presentan casos de enfermedades o malformaciones no solo en las especies de fauna presentes en el lugar, sino en los mismos habitantes de la zona.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas lamentamos el fallecimiento de la comisionada y lideresa afrodescendiente Ángela Salazar, nuestra solidaridad a su familia, a sus allegados y a la CEV, su partida producto del COVID-19, deja un gran vacío en el sistema de conocimiento y sabiduría ancestral, la recordaremos como una mujer aguerrida, alegre y luchadora por las causas sociales.
La comisionada Ángela Salazar, de 66 años, oriunda de Tadó, Chocó, falleció en la mañana de este viernes 7 de agosto en Apartadó, Antioquia.
Según fuentes cercanas a la Comisión de la Verdad, Ángela Salazar se destacó como lideresa de mujeres en el Urabá antioqueño y era una de las 11 integrantes del pleno de la comisión.
La comisionada es reconocida por haber ejercido su liderazgo comunitario como conciliadora en equidad, se destacó por visibilizar la lucha y la defensa del derecho de las mujeres, su pilar de lucha fue hacer visibles las luchas de los derechos de las mujeres, especialmente de las victimas de la violencia sexual, los trabajadores bananeros, las empleadas domésticas, entre otros.
Quienes la conocieron de cerca reconocen en ella su capacidad organizativa durante los días más violentos de la región de Urabá, gozaba de una alegría de vivir y una disposición aguerrida en defensa de los derechos humanos.
En los últimos tres años trabajó incansablemente como comisionada de la verdad, sobre todo en la recuperación de la memoria y la verdad del pueblo afrocolombiano, afectado por el conflicto armado.
La comisionada Salazar es la segunda integrante del pleno de la Comisión de la Verdad que fallece, después de la muerte, en octubre de 2019, del periodista y sociólogo Alfredo Molano Bravo.
Piden garantías en los territorios y enfoque diferencial frente al COVID- 19
La Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, alerta sobre el incremento de los asesinatos a líderes indígenas en regiones dónde históricamente se han solicitado seguridad jurídica a los territorios y EXIGE NO REDUCIR EL PRESUPUESTO A LAS COMUNIDADES ANCESTRALES
¿Por qué para los pueblos indígenas es tan importante el derecho a la tierra y al territorio?
¿Quieres saber qué pasó en el debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República?
En un debate de control político para revisar el impacto del decreto 486 de 2020 y la falta de garantías de enfoque diferencial con los pueblos indígenas y demás minorías étnicas para el manejo de la pandemia COVID-19, el senador indígena Feliciano Valencia señaló que “se ha posicionado la tesis errónea según la cual los indígenas somos terratenientes”.
Al debate y sesión virtual, realizado la mañana de este viernes 12 de junio, asistieron el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, y destacados senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso. Así mismo, contó con la intervención del procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, y del Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el líder indígena del pueblo Arhuaco, Camilo Niño Izquierdo.
Según el senador Valencia, si bien es cierto que a julio de 2019 (de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras-ANT) se reportan 774 resguardos constituidos en el territorio nacional, que en total suman 33´474.487 hectáreas +7.482 metros cuadrados, la mayoría del área de resguardos constituidos no puede ser empleada para la explotación agropecuaria, en tanto son espacios de conservación y protección ambiental, además de lugares sagrados y de pagamento.
El congresista Feliciano Valencia precisó que, según datos del Censo Nacional Agropecuario-CNA, el 93% de estos territorios legalizados para pueblos indígenas son bosques naturales, y apenas el 5,3% del área titulada es empleada para usos agropecuarios y el 1,6% restante para usos no agropecuarios (CNA, 2015).
El senador indígena fue enfático en señalar que contrario a lo que opinan algunos sectores influyentes del país, “son recurrentes situaciones de hacinamiento de comunidades indígenas, esto es, en los resguardos constituidos hay más familias que tierra disponible para usos productivos y otros asociados a la ocupación antrópica”.
En su intervención, el senador y líder del pueblo Nasa mostró cómo la mayoría de las áreas tituladas a pueblos indígenas son destinadas a la protección o conservación ambiental, circunstancia que “ha restringido los espacios que pueden ser empleados para la producción agropecuaria, así como las áreas destinadas a vivienda e infraestructura para el soporte y desarrollo de los proyectos propios relacionados con la consolidación de la autonomía indígena y de las formas de gobierno propio (salud y educación)”.
Para el congresista Feliciano Valencia, “es urgente que el Estado colombiano siga dando cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria”, para evitar que “ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
Sobre el decreto 486 de 2020, el senador Valencia señaló que éste “carece de medidas diferenciadas para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento productivo a los pueblos indígenas, considerando además que sus territorios son la fuente de estos recursos, es decir, de los alimentos”.
Frente a las medidas adoptadas para atender la emergencia del COVID-19 y su impacto en los pueblos indígenas, el senador Valencia expresó que “es evidente no solo la ausencia de un enfoque diferencial sino también un incumplimiento persistente respecto a la garantía y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
LA PANDEMIA Y LOS ASESENITOS DE LÍDERES INDÍGENAS
Durante el debate de control político, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, líder del pueblo Arhuaco y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dijo que la pandemia COVID-19 ha significado un aumento de los asesinatos y amenazas de los líderes y comunidades indígenas, el riesgo por el incremento de las actividades de minería y la violación constante al derecho a la consulta previa.
Estos asesinatos se traslapa con las regiones dónde los pueblos indígenas históricamente han solicitado garantía en la protección jurídica de los territorios indígenas, desde el 2016 -2020 según el observatorio de derechos territoriales de la secretaría técnica de la CNTI, van 245 líderes asesinados, y se superponen con las más de 1593 solicitudes de protección jurídica de los territorios, entre las que están solicitudes de legalización (constitución, saneamiento y ampliación de resguardos), implementación del 2333, reafirmación de los resguardos de origen colonial y republicano.
Camilo Niño también pidió “que no se reduzca más el presupuesto para atender las justas solicitudes y reclamaciones de los pueblos indígenas”, pues además de ser un presupuesto reducido es una garantía fundamental proteger los derechos ancestrales de las comunidades. Ya que en un análisis de 18 años el gobierno no ha asignado ni medio billón de pesos, con esta asignación se demoraría más de 200 años en responder a las actuales solicitudes de protección territorial.
“Es necesario mantener y reforzar las medidas de seguridad de los líderes y comunidades indígenas, pues tenemos casos como el del delegado de la CNTI Milton Conda a quien, a pesar de las reiteradas amenazas, le pidieron devolver su esquema de seguridad”. El Secretario Técnico de la CNTI también le insistió al gobierno en la importancia de firmar el decreto de origen colonial y republicano que desde diciembre está pendiente de la rúbrica del presidente Iván Duque.
A su turno, el senador Jorge Londoño, integrante de la bancada del Partido Verde, dijo que el gobierno debe atender con especial atención a los más vulnerables, y en especial en el sector rural, a los indígenas, afrodescendientes y campesinos, con un enfoque diferencial.
“La riqueza cultural es la que debemos proteger. Por eso, las medidas de atención para los pueblos indígenas deben tener un enfoque diferencial, además de los derechos territoriales, que son la garantía para la vida digna de las comunidades”.
En conclusión, los líderes indígenas le insistieron al gobierno y a las instituciones del Estado colombiano, la importancia de dar cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria.
En el debate de control político intervino también el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, quien prendió las alarmas frente a la catástrofe en que se ha convertido la deforestación de la Amazonía en Colombia, que no ha parado a pesar de la pandemia, y sugirió la creación de un registro nacional de áreas devastadas.
El procurador insistió en la importancia de crear un catastro multipropósito del territorio.
Para el senador Feliciano Valencia y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, Camilo Niño, ante los múltiples factores de riesgo que ha evidenciado la pandemia y que hoy persisten, la institucionalidad colombiana debe garantizar que continúa con el cumplimiento de sus obligaciones territoriales con nuestras comunidades, “para evitar que, ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
En el mismo sentido, “el reconocimiento de los derechos territoriales favorece el ejercicio de la autonomía propia y el control territorial, lo que conlleva a limitar el contacto con terceras personas que puedan ser un riesgo de contagio del COVID-19”.
