En la madrugada del miércoles 14 de julio, en el marco de la sesión ampliada III-2021 de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se pactó con el Gobierno (en vocería del DANE) la ruta de la consulta previa, libre e informada para la construcción de instrumentos normativos con enfoque diferencial, que estarán orientados a la protección y el reconocimiento de la territorialidad indígena, hoy ausente en la política de catastro que adelanta el Gobierno del presidente Duque.
Lo/as delegados/as de las organizaciones indígenas fueron enfáticos/as en la defensa del derecho fundamental, así como en la exigencia de una visión territorial indígena para el catastro, entendiendo su importancia para el ordenamiento social de la propiedad rural; al final de la jornada, fueron contempladas las salvaguardas que quedaron a modo de constancia para evitar que los instrumentos normativos y/o acuerdos sean violatorios de los derechos de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, después de extensas discusiones y con un trabajo articulado con las representaciones indígenas de diferentes regiones del país, logramos que el Gobierno nacional se comprometa a garantizar este proceso consultivo en los tiempos contemplados por las organizaciones, situación que ha buscado resaltar que la consulta previa requiere de un arduo despliegue territorial en la Colombia profunda, así como comprender su diveridad y la estrecha relación de las comunidadades indígenas con el territorio. Con ello, la MPC y la CNTI reiteran que la consulta debe ser un proceso de garantías para construir políticas territoriales con los pueblos indígenas.
El Gobierno del presidente Iván Duque está implementando en el territorio colombiano una política pública de catastro multipropósito que se aparta de los objetivos diseñados para esta figura en el Acuerdo Final de Paz y que no garantiza el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas con asiento en Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exponemos que la formación catastral y la identificación de Derechos, Restricciones y Responsabilidades que impulsa esta política, impacta los territorios indígenas y nuestros derechos fundamentales intrínsecamente relacionados.
Frente a ello, la Corte Constitucional en la sentencia T-247 de 2015 (en relación a un trabajo de formación catastral adelantado por el IGAC en el municipio de Cumaribo, Vichada, en el que no se hizo consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de que estos representan el 63% de la población) expuso que:
“La actualización catastral es una medida que genera afectaciones directas, no solo porque incidirá en la concepción que el Estado tiene sobre la composición territorial del área, sino porque esa percepción se reflejará en las políticas de planificación del manejo territorial, la cual será utilizada como fuente para determinar la situación jurídica, económica y fiscal de los predios ubicados en el área y, lo que resulta más grave, puede llevar a que los órganos gubernamentales y otros actores sociales incurran en el error de considerar que territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles son objeto de posesión legítima por parte de particulares”.
La forma en la que actualmente se implementa el catastro multipropósito es inconstitucional, desconoce lo pactado en el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno, rompe con el principio de integralidad y unidad nacional, genera segregación y exclusión, y además promueve y exacerba conflictos en los territorios.
Desde la CNTI estamos exigiendo en instancias administrativas, judiciales y en escenarios de concertación nacional desarrollados con las entidades responsables, que la política pública de catastro multipropósito (como decisión administrativa que nos afecta) sea consultada. Esto, con el fin de incorporar elementos diferenciales para su ejecución, seguimiento y evaluación, que llama a la activación de medidas temporales o provisionales que suspendan el avance de su accionar hasta que no se surta la consulta previa.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos de manera pública y rechazamos contundentemente el asesinato de la Sa’t We’sx (autoridad ancestral) Argenis Yatacué y de su compañero, Marcelino Yatacué Ipia, del resguardo Páez de Corinto, en el norte del Cauca.
La violencia no para en nuestros territorios y deja en evidencia la ausencia de garantía del derecho inalienable a la vida. Hoy nos duele profundamente que debamos despedir a una lideresa y a un líder comunitario, quienes entregaron su fuerza y voluntad al tejido ancestral que nos permite permanecer en el tiempo como culturas vivas que protegen la vida y los territorios.
El incremento del conflicto armado en Colombia no deja de revictimizar a las comunidades y nos aleja de la anhelada paz territorial. La persecución política y los asesinatos selectivos han aumentado, afectan principalmente a los liderazgos locales e impactan gravemente el tejido comunitario en un contexto al que se suma la crisis que sufrimos por el COVID-19.
En un contexto de confinamiento y recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, el ataque de hoy profundiza la crisis humanitaria, exacerba el debilitamiento de la comunidad y deja como resultado una afectación directa a familiares y compañeros/as, así como a los estudiantes de la profesora Argenis Yatacué. Las autoridades tradicionales son fundamentales para la preservación física y cultural de los pueblos indígenas.
Nos están matando y el Gobierno de Iván Duque no hace nada, es evidente que los grupos armados están concentrándose en zonas en las que es visible la participación activa de las mujeres lideresas y sabedoras ancestrales, quienes asumen un importante rol político, organizativo o espiritual para el movimiento indígena.
El Sistema de Monitoreo de Violencia Sociopolítica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI)[1] ha identificado un aumento progresivo de los homicidios contra indígenas desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En un periodo comprendido entre 2017 y 2020, fue registrada con preocupación una tasa de incremento del 200% en el homicidio del liderazgo indígena. De acuerdo al comportamiento de la violencia sociopolítica contra los pueblos indígenas durante 2020, es posible concluir que se comete homicidio contra un/a indígena cada tres días en Colombia.
Así mismo, desde 2016 han sido registrados 361 homicidios de líderes y lideresas indígenas. En lo que va de 2021 (con corte al 9 de junio) han sido contabilizados 49 homicidios contra los liderazgos de los pueblos indígenas.
Desde este espacio, hacemos un llamado urgente a los organismos de control a nivel nacional e internacional para que investiguen los crímenes cometidos en contra de los pueblos indígenas. Exigimos el esclarecimiento de estos hechos que continúan arrebatando la vida de líderes y lideresas indígenas, y causan un profundo dolor en nuestros territorios y comunidades a nivel nacional.
Teniendo en cuenta la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, solicitamos el riguroso seguimiento a este caso que se suma a las afectaciones directas y diferenciadas a los pueblos y comunidades indígenas en el país.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) hacemos eco a las denuncias presentadas por las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, ubicado en el territorio ancestral de El Encano en Pasto, Nariño, en las que manifiestan las graves afectaciones a los procesos ambientales, sociales y espirituales en la laguna de La Cocha, sitio sagrado para este pueblo.
El avance desmedido de la agricultura y la piscicultura, además de la promoción turística sin responsabilidad ambiental, ha generado graves consecuencias para el ecosistema y conflictos sociales entre los comuneros indígenas que luchan por la conservación y las familias que perciben ingresos a través de estas actividades.
Desde el resguardo manifiestan que, a pesar de los marcos jurídicos de protección que corresponden al cuidado y la conservación de la laguna (que además es Reserva Nacional Forestal Protectora Nacional, Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Zona de Parque Nacional Natural), la permisividad estatal está permitiendo que los daños lleguen a niveles irreversibles.
La comunidad reporta, entre otras problemáticas:
Evidente extinción de los totorales por la alteración de la flora y fauna.
Invasión al espejo de agua.
Olores insoportables por la descomposición de vísceras, residuos de grasa y partículas de concentrado en el agua.
Afectaciones a las prácticas tradicionales de producción y a sus usos y costumbres.
Acaparamiento económico.
Cambio radical de la estética natural del paisaje.
Construcción de plantas industriales ilegales que traen malos manejos de residuos biológicos.
Contaminación auditiva por las máquinas de selección y lavado.
Detrimento a la infraestructura vial, muelles y puertos turísticos.
Por estas razones el pueblo Quillasinga se declaró en minga permanente por la vida y ha estado movilizándose en el marco del Paro Nacional. Sin embargo, las agresiones no han cesado y desde el pasado 24 de mayo la población está sufriendo hostigamientos.
Con este precedente, rechazamos de forma categórica las amenazas contra la vida del gobernador indígena Braulio Andrés Hidalgo Botina y sus compañeros del cabildo, a quienes se les ordenó abandonar el territorio en un panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, el pasado 25 de mayo. Este hecho se presentó justamente un día después de los señalamientos proferidos en contra de las autoridades tradicionales en el punto de concentración.
La presencia de grupos armados ilegales en estos lugares, responde a una agenda que amenaza la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, ante el interés de agentes externos por adelantar actividades extractivas sin el menor respeto por los territorios ancestrales y la especial relación que los pueblos tienen con estos.
Hacemos un llamado a los entes de control y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que verifiquen esta situación y acompañen las reclamaciones del pueblo indígena Quillasinga.
Reclamamos una investigación seria y urgente para proteger la vida y la integridad del gobernador Braulio Hidalgo y los demás compañeros amenazados. ¡La exigencia de nuestros derechos no puede convertirnos en objetivo militar!
Exigimos a Corponariño que actúe con diligencia y cumpla su obligación de adelantar los estudios necesarios para mitigar la degradación ambiental en la laguna de La Cocha.
Invitamos a las organizaciones indígenas y otros sectores sociales a abrazar la causa por la defensa de La Cocha y a hacer sentir su voz desde diferentes frentes de incidencia.
Salvemos La Cocha
#SalvemosLaCocha
Por la dignidad de la vida, el territorio y la paz:
Desde este espacio rechazamos categóricamente la negativa del Gobierno nacional a aceptar la visita de la CIDH para investigar las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el Paro Nacional.
Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, después de la reunión sostenida en Washington con Luis Almagro, secretario general de la OEA, son una muestra más de la falta de interés del Gobierno por esclarecer los hechos que enlutan al país y que son consecuencia de un actuar sistemático de la fuerza pública que ha dado un tratamiento de guerra a los y las manifestantes desde el pasado 28 de abril.
Sugerir que la visita de la CIDH al país podría realizarse eventualmente y a la vez argumentar que por el momento es competencia de los organismos de control nacional, prolonga la incertidumbre y revictimiza a la población que en constantes ocasiones ha señalado la ausencia de dichos organismos para hacer un seguimiento exhaustivo a las denuncias. Actualmente la ciudadanía no encuentra respaldo en los representantes de la institucionalidad y esto es resultado de una dudosa gestión que parece responder a los intereses del Gobierno de turno.
Así mismo, hacemos seguimiento a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien niega que la fuerza pública haya actuado en contravía de los derechos humanos en el marco del paro. Durante su intervención del 24 de mayo en la plenaria del Senado, afirmó que esta “actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar las movilizaciones. Tenemos normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y cumplimos procedimientos”.
Estaremos al tanto del avance de esta iniciativa, pues es inadmisible que quienes deben trabajar por la defensa y la seguridad de su propio pueblo, avalen, apliquen y justifiquen tales modos de represión como los que hemos visto desde hace un mes en Colombia.
Reiteramos como organización que:
Es urgente la presencia de organismos internacionales que verifiquen las violaciones de derechos humanos que se han evidenciado en el marco del Paro Nacional. Los crímenes cometidos durante las protestas no pueden ser ocultados y dejados en la impunidad.
La protesta social es un derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución Política de Colombia, contemplado en el artículo 37. El garantizar las libertades y otros derechos relacionados a la protesta como la libertad de reunión y asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión, entre otros, no es y nunca será negociable.
La estigmatización y la criminalización de la protesta nunca será la forma de resolver los justos reclamos de miles de colombianos/as afectados/as por la falta de oportunidades, la desigualdad social y la aplicación de medidas que van en retroceso de los derechos adquiridos.
Nos unimos a las voces que reclaman el desmonte del ESMAD y exigimos el esclarecimiento de los asesinatos, las desapariciones, los casos de violencia sexual y los abusos de autoridad por parte la fuerza pública.
En el marco del trabajo que se teje desde el Observatorio, componente de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se realizó un acompañamiento a las comunidades entre el 26 de abril y el 7 de mayo del presente año. Las diferentes actividades permitieron afianzar trabajos articulados con organizaciones y comunidades indígenas del Cauca que resisten a la constante violación de derechos humanos y territoriales.
De la mano de los/as compañeros/as Nasa, la CNTI compartió un espacio en el Resguardo Indígena Kitek Kiwe ubicado en el municipio de Timbío, Cauca, en el que alrededor de la tulpa y de diversos comuneros fue posible socializar el trabajo que está realizando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) ubicada en Popayán, se llevó a cabo el fortalecimiento de los canales de comunicación y la articulación con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), así como la presentación general de los avances sobre la ruta de implementación de la política del catastro multipropósito y el barrido predial, en un espacio político en el que intervino Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión.
