En la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas realizada el 15, 16 y 17 de septiembre se evidenció que en el afán de cumplir con las metas de implementación en materia de acceso a tierras y formalización de la propiedad, el gobierno nacional ha tergiversado el cumplimiento de las metas a la luz de una interpretación errónea de las normas que protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esto arroja como resultado una implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) que se distancia de su enfoque original y contenido y que como principal vacío -que será sin lugar a dudas el detonante de nuevos conflictos por la tierra, no ha sido estructurado, diseñado y pensado junto y con sus principales beneficiarios.
| Alertamos a los garantes del AFP y a los respectivos donantes que los términos en los que el actual gobierno pretende informar a la sociedad civil y opinión pública sobre los avances de la implementación hacen referencia a datos que no corresponden con la realidad y que se apartan de lo acordado.
| Por eso le exigimos al gobierno nacional cumplir e implementar el AFP tal cómo fue firmado y bajo el respeto a la salvaguarda de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que hacen parte integral de su contenido.
| Desde este espacio hacemos un llamado a los pueblos indígenas para que adviertan la instrumentalización de la que estamos siendo víctimas para una supuesta implementación del AFP en la medida en que además de ser excluidos del proceso de construcción de políticas públicas allí contempladas, nuestras tierras están siendo reportadas como la mayoría del total de hectáreas otorgadas en la modalidad de acceso a tierras.
Durante su visita al departamento de Nariño, los días 16, 17 y 18 de julio, el equipo de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en el marco del observatorio como componente de trabajo, realizó un acompañamiento a las autoridades tradicionales provenientes de distintos resguardos del Pueblo de Los Pastos.
El encuentro se convocó en el resguardo colonial Guachucal, para dar inicio se realizó una armonización dirigida por el Taita y la Mamita de los Pastos Lisandro Chaucanes y Esneida Reina, a fin de contar con la bendición de los espíritus de la Madre Tierra y el reconocimiento del territorio para poder socializar el trabajo que viene adelantando la STI-CNTI y el ODTPI.
Dentro del espacio de diálogo, en minga de pensamiento con los pueblos indígenas Quillasingas, los Pastos y Awá en la Escuela de Derecho Propio “Laureano Inampues”, la STI-CNTI evidenció los retos, potencialidades y aprendizajes, el quehacer del espacio, los componentes de trabajo y sus sistemas de información, tales como el Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA) y el Sistema de Información Geográfica (SIG) que permiten construir líneas de base y acciones estratégicas para la exigibilidad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través del Observatorio de Derechos Territoriales.
Desde su creación, la CNTI ha adelantado un trabajo de incidencia en el que ha arrojado resultados de manera constante, por eso, desde el año 2017 profundizó el componente investigativo y de seguimiento que realiza el ODTPI mediante los sistemas que lo conforman, a través de los informes, los boletines, y el material pedagógico sobre los derechos territoriales, además del balance actual de las solicitudes de formalización de los territorios indígenas.
Evidenciando los esfuerzos conjuntos de quienes se convocan en el observatorio, los delegados indígenas y las organizaciones, se extendió un llamado urgente a continuar exigiendo respuestas al Gobierno nacional, como responsable de garantizar la seguridad jurídica de los territorios en la efectividad de la implementación de las políticas que regulan esta materia.
En su exposición, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, hizo la cordial invitación a las personas presentes en el encuentro a conmemorar los 25 años de la comisión, como un espacio que se ha caracterizado por la defensa y garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a nivel nacional e hizo entrega del material físico y virtual con el que cuenta la CNTI para su respectiva difusión y socialización bajo los principios de la unidad y la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas.
En la madrugada del miércoles 14 de julio, en el marco de la sesión ampliada III-2021 de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se pactó con el Gobierno (en vocería del DANE) la ruta de la consulta previa, libre e informada para la construcción de instrumentos normativos con enfoque diferencial, que estarán orientados a la protección y el reconocimiento de la territorialidad indígena, hoy ausente en la política de catastro que adelanta el Gobierno del presidente Duque.
Lo/as delegados/as de las organizaciones indígenas fueron enfáticos/as en la defensa del derecho fundamental, así como en la exigencia de una visión territorial indígena para el catastro, entendiendo su importancia para el ordenamiento social de la propiedad rural; al final de la jornada, fueron contempladas las salvaguardas que quedaron a modo de constancia para evitar que los instrumentos normativos y/o acuerdos sean violatorios de los derechos de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, después de extensas discusiones y con un trabajo articulado con las representaciones indígenas de diferentes regiones del país, logramos que el Gobierno nacional se comprometa a garantizar este proceso consultivo en los tiempos contemplados por las organizaciones, situación que ha buscado resaltar que la consulta previa requiere de un arduo despliegue territorial en la Colombia profunda, así como comprender su diveridad y la estrecha relación de las comunidadades indígenas con el territorio. Con ello, la MPC y la CNTI reiteran que la consulta debe ser un proceso de garantías para construir políticas territoriales con los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas que hacemos parte de la CNTI apoyamos el Paro Nacional y las Mingas por la Vida, el Territorio y por la Paz, así como otros procesos y sectores que hoy exigen la superación de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, y la crisis ecológica y social a las que ha sido sometido nuestro país debido a los gobiernos que han estado en el poder en las últimas décadas.
Compartimos estas exigencias y resaltamos la violación sistemática de derechos humanos a los pueblos indígenas, el desconocimiento de nuestros territorios y el tratamiento discriminatorio y racista que persiste en los escenarios de diálogo con el Estado colombiano.
Condenamos las evidentes violaciones a los derechos humanos que, según la ONG Temblores, a 16 de junio han arrojado un total de 4.285 casos de violencia policial, 1832 detenciones arbitrarias, 70 víctimas de agresión o mutilación ocular, 28 víctimas de violencia sexual, así como a 23 de junio de 2021 se reportan 81 homicidios en contra de los y las manifestantes. Así mismo, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) a través del Sistema de monitoreo de Violencia sociopolítica contra pueblos indígenas del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), reporta al día de hoy 49 hechos de agresiones contra comunidades y pueblos indígenas en el marco del paro nacional con un registro de más de 72 víctimas entre las que se encuentran 8 víctimas de homicidio, 2 detenciones arbitrarias, 1 persona desaparecida y 61 indígenas con lesiones personales.
El Gobierno del presidente Iván Duque está implementando en el territorio colombiano una política pública de catastro multipropósito que se aparta de los objetivos diseñados para esta figura en el Acuerdo Final de Paz y que no garantiza el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas con asiento en Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exponemos que la formación catastral y la identificación de Derechos, Restricciones y Responsabilidades que impulsa esta política, impacta los territorios indígenas y nuestros derechos fundamentales intrínsecamente relacionados.
Frente a ello, la Corte Constitucional en la sentencia T-247 de 2015 (en relación a un trabajo de formación catastral adelantado por el IGAC en el municipio de Cumaribo, Vichada, en el que no se hizo consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de que estos representan el 63% de la población) expuso que:
“La actualización catastral es una medida que genera afectaciones directas, no solo porque incidirá en la concepción que el Estado tiene sobre la composición territorial del área, sino porque esa percepción se reflejará en las políticas de planificación del manejo territorial, la cual será utilizada como fuente para determinar la situación jurídica, económica y fiscal de los predios ubicados en el área y, lo que resulta más grave, puede llevar a que los órganos gubernamentales y otros actores sociales incurran en el error de considerar que territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles son objeto de posesión legítima por parte de particulares”.
La forma en la que actualmente se implementa el catastro multipropósito es inconstitucional, desconoce lo pactado en el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno, rompe con el principio de integralidad y unidad nacional, genera segregación y exclusión, y además promueve y exacerba conflictos en los territorios.
Desde la CNTI estamos exigiendo en instancias administrativas, judiciales y en escenarios de concertación nacional desarrollados con las entidades responsables, que la política pública de catastro multipropósito (como decisión administrativa que nos afecta) sea consultada. Esto, con el fin de incorporar elementos diferenciales para su ejecución, seguimiento y evaluación, que llama a la activación de medidas temporales o provisionales que suspendan el avance de su accionar hasta que no se surta la consulta previa.
| Alertamos a los garantes del AFP y a los respectivos donantes que los términos en los que el actual gobierno pretende informar a la sociedad civil y opinión pública sobre los avances de la implementación hacen referencia a datos que no corresponden con la realidad y que se apartan de lo acordado.
| Desde este espacio hacemos un llamado a los pueblos indígenas para que adviertan la instrumentalización de la que estamos siendo víctimas para una supuesta implementación del AFP en la medida en que además de ser excluidos del proceso de construcción de políticas públicas allí contempladas, nuestras tierras están siendo reportadas como la mayoría del total de hectáreas otorgadas en la modalidad de acceso a tierras.
