por STI | Mar 6, 2021 | Comunicados y Declaraciones
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Bakatá, 6 de marzo de 2021. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana (OPIAC), Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama y Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia-Gobierno Mayor, expresamos nuestro RECHAZO por el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de Enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
El señor Juan Carlos Pulido en su calidad de asesor y coordinador de Consenso Social en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), fue protagonista de un acto de racismo y desprecio en contra de los Pueblos Indígenas; el hecho fue evidenciado y repudiado públicamente en el marco de una reunión virtual de espacio mixto entre el Gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el pasado 19 de marzo de 2020.
No es nuevo que el Gobierno nacional en la contratación de funcionarios públicos a cargo de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, nombre a personas que no responden a los criterios de responsabilidad, idoneidad y experticia que implica el manejo del enfoque diferencial en las instituciones públicas. Ante esta grave y reiterada situación EXPRESAMOS que, la llegada a este cargo de una persona abiertamente racista y que no reconoce nuestra existencia diversa, se traduce en un riesgo para la garantía efectiva de nuestros derechos como Pueblos indígenas, en contravía de los estándares internacionales, amenazando además el acceso a justicia y la eficacia de los mecanismos disciplinarios y diferenciales cuyo objetivo debe ser la eliminación de cualquier forma de racismo estructural e institucional, además de ser una burla para nuestras comunidades.
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por STI | Nov 13, 2020 | Comunicados y Declaraciones
12 de noviembre de 2020
En un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 que aqueja a la población mundial, se exacerba cada vez más la violación a nuestros derechos territoriales y la estigmatización de nuestros procesos de reivindicación y organización.
El aumento de las masacres, especialmente en contra de los pueblos Awá, Nasa y Zenú, el asesinato selectivo contra 74 miembros de comunidades indígenas desde el inicio del confinamiento a la fecha, el acaparamiento de tierras, el impulso de iniciativas gubernamentales que son violatorias de nuestros derechos fundamentales y ahora la criminalización y la estigmatización de nuestro derecho constitucional de la protesta pacífica, en el marco de la Minga Indígena, realizada en el mes de octubre, en su camino reivindicativo por la vida, el territorio, la paz y la democracia, y como parte del llamado al diálogo al Gobierno nacional, configuran una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas décadas en el país.
La Minga indígena que partió desde el departamento del Cauca hacia la ciudad de Bogotá, convocó masiva, organizada y pacíficamente a más de 10.000 comuneros de todos los pueblos indígenas del país y, que en un acto político contó con el apoyo y acompañamiento de la ciudadanía.
Así, en el marco de estas movilizaciones, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la protesta y a la libre asociación, diferentes sectores económicos con intereses políticos particulares difamaron y divulgaron afirmaciones falsas, dañinas y perjudiciales para nuestras comunidades y para la Minga; argumentaron que nuestros procesos organizativos están articulados a grupos armados en los territorios y que, incluso, nuestros mingueros pertenecen a estos grupos al margen de la ley. También señalaron los desplazamientos de la Minga por la Vida como un foco de contagio del virus para los mingueros, con la pretensión de sabotear la organización y movilización social.
Además, algunos sectores políticos y gremios económicos afirmaron que los pueblos indígenas somos acaparadores de tierras, prácticamente terratenientes, que no aportamos al crecimiento económico del país y sugirieron con esto que no deberíamos solicitar la protección jurídica que necesitan nuestros territorios.
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por STI | Nov 4, 2020 | Comunicados y Declaraciones
Bogotá, 4 de noviembre de 2020
Señor
RODOLFO ZEA NAVARRO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Bogotá, D.C.
Asunto: Denuncia incumplimiento de consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano
Como delegados ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, en representación de la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamama, Autoridades Indígenas tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor, mediante la presente comunicación queremos expresar nuestra inconformidad con la reunión de socialización a la que de manera improvisada se ha convocado el día de mañana 5 de noviembre de 2020 por parte de Wilber Jairo Vallejo Bocanegra Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura para discutir el proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas”.
Hemos sido muy claros en las distintas sesiones de concertación nacional en que se ha tratado este tema en reiterar que la expedición del decreto para la clarificación legal de los resguardos de origen colonial y republicano fue un compromiso adquirido por el Gobierno Nacional a través de un proceso de consulta previa acordado en acta de 28 de diciembre de 2017 en sesión de la Mesa Permanente de Concertación- MPC. Este compromiso además responde a obligaciones del Estado colombiano de cara a los tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, a la Constitución Política y al componente étnico del Acuerdo de Paz.
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por STI | Oct 9, 2020 | Comunicados y Declaraciones
Viernes 9 de octubre de 2020
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechaza y denuncia públicamente la falta de voluntad en la expedición del decreto sobre la clarificación de la vigencia legal de los títulos de resguardos de origen colonial y/o republicano, la cual constituye una violación abierta de la consulta previa.
El proyecto de decreto fue protocolizado el 20 de diciembre de 2018 en la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, consecuencia del cumplimiento de la consulta previa, y desde entonces ha estado en mora de ser firmado y expedido. Frente a lo anterior, el Gobierno ha impuesto trabas y obstáculos ilegales, justificándose en su propia inacción, que ha sido advertida y rechazada por los pueblos y las organizaciones indígenas en la CNTI.
Como resultado de esta discusión, se acordó que el día 8 de octubre el viceministro de Desarrollo Rural realizaría un informe sobre sus gestiones frente a la expedición del decreto. Sin embargo, sin primar aviso, decidió no asistir a la sesión extraordinaria y dejar plantadas a las organizaciones indígenas, actitud de irrespeto que ha sido reiterada de su parte.
Esta postura del Gobierno es una burla directa a los 115 pueblos indígenas de Colombia que hemos acudido a los espacios legales de concertación para seguir avanzando en la ruta de protección de nuestros derechos territoriales. “Los pueblos indígenas somos personas de palabra y de diálogo, pero el diálogo se agota por el incumplimiento sistemático a los acuerdos inscritos y la última vía que tenemos es la movilización para exigir la garantía de nuestros derechos”, afirmó Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI.
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por STI | Sep 16, 2020 | CNTI Opina
Denunciamos públicamente que el Gobierno nacional ha expedido dos iniciativas que buscan reglamentar el derecho fundamental de la consulta previa con los pueblos indígenas, de manera inconsulta. Esto representa una transgresión al Convenio 169 de la OIT y a las reglas fijadas por la Corte Constitucional para la garantía de nuestro derecho a ser consultados, lo cual resulta regresivo e inconstitucional.
Inicialmente, el 7 de septiembre del año en curso, el Ministerio del Interior publicó “el proyecto de decreto por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”, mientras que el 9 de septiembre se conoció la Directiva Presidencial No. 08, “Guía para la realización de la consulta previa”. Denunciamos que estas iniciativas no han tenido ningún espacio de concertación con los pueblos y comunidades indígenas, más aún cuando denotan procedimientos que involucran un derecho fundamental para grupos étnicos. En este contexto, se desconoce directamente uno de los principios esenciales de la consulta, el de buena fe, que debe guiar todas las actuaciones de las partes para lograr un entendimiento y confianza en condiciones de igualdad.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la protección del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas ha sido reiterada y son claras las reglas que deben cumplirse para su materialización. Los nuevos intentos del Gobierno nacional ignoran estas reglas mínimas y pretenden imponer, de manera unilateral y sin consultarnos, procedimientos que le “facilitan” la instrumentalización de nuestro derecho fundamental, lo que limita su alcance y sus efectos, y deriva a su vez en una violación indirecta de nuestros derechos fundamentales.
Seguimos evidenciando cómo el Gobierno nacional está decidido a desconocer este mandato, por la ya denunciada propuesta del “Protocolo general de bioseguridad para el proceso de consulta previa, con las comunidades indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia y en general de comunidades étnicas”, que rechazamos con vehemencia por inconsulta, impertinente e inaplicable y que fue derogada por estas razones.
Vemos también con alarma que el Ministerio del Interior insiste, y así se lo ha dejado saber a los gremios económicos, en adelantar consultas virtuales y en condicionar su procedencia a la “conectividad” y a la voluntad del pueblo o la comunidad titular del mismo, así como aumenta indebidamente la presión a los pueblos auto aislados que están padeciendo los efectos nocivos de la pandemia.
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