por STI | Jul 16, 2021 | CNTI Opina
Bogotá, 16 de julio de 2021
En la madrugada del miércoles 14 de julio, en el marco de la sesión ampliada III-2021 de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se pactó con el Gobierno (en vocería del DANE) la ruta de la consulta previa, libre e informada para la construcción de instrumentos normativos con enfoque diferencial, que estarán orientados a la protección y el reconocimiento de la territorialidad indígena, hoy ausente en la política de catastro que adelanta el Gobierno del presidente Duque.
Lo/as delegados/as de las organizaciones indígenas fueron enfáticos/as en la defensa del derecho fundamental, así como en la exigencia de una visión territorial indígena para el catastro, entendiendo su importancia para el ordenamiento social de la propiedad rural; al final de la jornada, fueron contempladas las salvaguardas que quedaron a modo de constancia para evitar que los instrumentos normativos y/o acuerdos sean violatorios de los derechos de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, después de extensas discusiones y con un trabajo articulado con las representaciones indígenas de diferentes regiones del país, logramos que el Gobierno nacional se comprometa a garantizar este proceso consultivo en los tiempos contemplados por las organizaciones, situación que ha buscado resaltar que la consulta previa requiere de un arduo despliegue territorial en la Colombia profunda, así como comprender su diveridad y la estrecha relación de las comunidadades indígenas con el territorio. Con ello, la MPC y la CNTI reiteran que la consulta debe ser un proceso de garantías para construir políticas territoriales con los pueblos indígenas.
Comunicado completo, aquí:
por STI | Jun 29, 2021 | Declaraciones políticas
29 de junio de 2021, Bogotá D.C.
Las organizaciones indígenas que hacemos parte de la CNTI apoyamos el Paro Nacional y las Mingas por la Vida, el Territorio y por la Paz, así como otros procesos y sectores que hoy exigen la superación de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, y la crisis ecológica y social a las que ha sido sometido nuestro país debido a los gobiernos que han estado en el poder en las últimas décadas.
Compartimos estas exigencias y resaltamos la violación sistemática de derechos humanos a los pueblos indígenas, el desconocimiento de nuestros territorios y el tratamiento discriminatorio y racista que persiste en los escenarios de diálogo con el Estado colombiano.
Condenamos las evidentes violaciones a los derechos humanos que, según la ONG Temblores, a 16 de junio han arrojado un total de 4.285 casos de violencia policial, 1832 detenciones arbitrarias, 70 víctimas de agresión o mutilación ocular, 28 víctimas de violencia sexual, así como a 23 de junio de 2021 se reportan 81 homicidios en contra de los y las manifestantes. Así mismo, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) a través del Sistema de monitoreo de Violencia sociopolítica contra pueblos indígenas del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), reporta al día de hoy 49 hechos de agresiones contra comunidades y pueblos indígenas en el marco del paro nacional con un registro de más de 72 víctimas entre las que se encuentran 8 víctimas de homicidio, 2 detenciones arbitrarias, 1 persona desaparecida y 61 indígenas con lesiones personales.
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por STI | Jun 24, 2021 | CNTI Opina
24 de junio de 2021, Bogotá D.C.
El Gobierno del presidente Iván Duque está implementando en el territorio colombiano una política pública de catastro multipropósito que se aparta de los objetivos diseñados para esta figura en el Acuerdo Final de Paz y que no garantiza el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas con asiento en Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exponemos que la formación catastral y la identificación de Derechos, Restricciones y Responsabilidades que impulsa esta política, impacta los territorios indígenas y nuestros derechos fundamentales intrínsecamente relacionados.
Frente a ello, la Corte Constitucional en la sentencia T-247 de 2015 (en relación a un trabajo de formación catastral adelantado por el IGAC en el municipio de Cumaribo, Vichada, en el que no se hizo consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de que estos representan el 63% de la población) expuso que:
“La actualización catastral es una medida que genera afectaciones directas, no solo porque incidirá en la concepción que el Estado tiene sobre la composición territorial del área, sino porque esa percepción se reflejará en las políticas de planificación del manejo territorial, la cual será utilizada como fuente para determinar la situación jurídica, económica y fiscal de los predios ubicados en el área y, lo que resulta más grave, puede llevar a que los órganos gubernamentales y otros actores sociales incurran en el error de considerar que territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles son objeto de posesión legítima por parte de particulares”.
La forma en la que actualmente se implementa el catastro multipropósito es inconstitucional, desconoce lo pactado en el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno, rompe con el principio de integralidad y unidad nacional, genera segregación y exclusión, y además promueve y exacerba conflictos en los territorios.
Desde la CNTI estamos exigiendo en instancias administrativas, judiciales y en escenarios de concertación nacional desarrollados con las entidades responsables, que la política pública de catastro multipropósito (como decisión administrativa que nos afecta) sea consultada. Esto, con el fin de incorporar elementos diferenciales para su ejecución, seguimiento y evaluación, que llama a la activación de medidas temporales o provisionales que suspendan el avance de su accionar hasta que no se surta la consulta previa.
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por STI | Jun 9, 2021 | CNTI Opina
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos de manera pública y rechazamos contundentemente el asesinato de la Sa’t We’sx (autoridad ancestral) Argenis Yatacué y de su compañero, Marcelino Yatacué Ipia, del resguardo Páez de Corinto, en el norte del Cauca.
La violencia no para en nuestros territorios y deja en evidencia la ausencia de garantía del derecho inalienable a la vida. Hoy nos duele profundamente que debamos despedir a una lideresa y a un líder comunitario, quienes entregaron su fuerza y voluntad al tejido ancestral que nos permite permanecer en el tiempo como culturas vivas que protegen la vida y los territorios.
El incremento del conflicto armado en Colombia no deja de revictimizar a las comunidades y nos aleja de la anhelada paz territorial. La persecución política y los asesinatos selectivos han aumentado, afectan principalmente a los liderazgos locales e impactan gravemente el tejido comunitario en un contexto al que se suma la crisis que sufrimos por el COVID-19.
En un contexto de confinamiento y recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, el ataque de hoy profundiza la crisis humanitaria, exacerba el debilitamiento de la comunidad y deja como resultado una afectación directa a familiares y compañeros/as, así como a los estudiantes de la profesora Argenis Yatacué. Las autoridades tradicionales son fundamentales para la preservación física y cultural de los pueblos indígenas.
Nos están matando y el Gobierno de Iván Duque no hace nada, es evidente que los grupos armados están concentrándose en zonas en las que es visible la participación activa de las mujeres lideresas y sabedoras ancestrales, quienes asumen un importante rol político, organizativo o espiritual para el movimiento indígena.
El Sistema de Monitoreo de Violencia Sociopolítica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI)[1] ha identificado un aumento progresivo de los homicidios contra indígenas desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En un periodo comprendido entre 2017 y 2020, fue registrada con preocupación una tasa de incremento del 200% en el homicidio del liderazgo indígena. De acuerdo al comportamiento de la violencia sociopolítica contra los pueblos indígenas durante 2020, es posible concluir que se comete homicidio contra un/a indígena cada tres días en Colombia.
Así mismo, desde 2016 han sido registrados 361 homicidios de líderes y lideresas indígenas. En lo que va de 2021 (con corte al 9 de junio) han sido contabilizados 49 homicidios contra los liderazgos de los pueblos indígenas.
Desde este espacio, hacemos un llamado urgente a los organismos de control a nivel nacional e internacional para que investiguen los crímenes cometidos en contra de los pueblos indígenas. Exigimos el esclarecimiento de estos hechos que continúan arrebatando la vida de líderes y lideresas indígenas, y causan un profundo dolor en nuestros territorios y comunidades a nivel nacional.
Teniendo en cuenta la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, solicitamos el riguroso seguimiento a este caso que se suma a las afectaciones directas y diferenciadas a los pueblos y comunidades indígenas en el país.
¡Que pare el etnocidio indígena!
1 Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI). (2020). Etnocidio del liderazgo indígena en Colombia: efectos letales de la pandemia y el fracaso de la implementación del Acuerdo de Paz. Disponible en: http://cntindigena.org/documents/Informes/Etnocidio-del-liderazgo-indi%CC%81gena-en-Colombia-2021.pdf
por STI | Jun 8, 2021 | Comunicados y Declaraciones
Las Comunidades y Pueblos Indígenas de Colombia hemos participado activamente en el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021. Desde todos los rincones del país las y los comuneros hemos salido a las vías, carreteras y centros urbanos para exigir la garantía de nuestros derechos en una larga lista de incumplimientos que hoy persiste.
Ante la falta de garantía de nuestros territorios, avanza la prelación de intereses económicos como la minería, el petróleo y la agroindustria, así como la presencia de actores armados que ponen en riesgo a las comunidades indígenas con el interés de despojarlas, desplazarlas u obligarlas al desarrollo de economías ilícitas. Estas son algunas de las deudas históricas en materia territorial indígena que nos llevan a movilizarnos y a ejercer el derecho a la protesta social.
Ante la falta de garantías para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los hechos ocurridos a nivel nacional desde noviembre de 2019, relacionados a la protesta social y el abuso de la fuerza pública, además de la excesiva respuesta militar por parte del Gobierno nacional como única salida, la estigmatización y el señalamiento que hoy persiste contra los Pueblos y Comunidades Indígenas en el ejercicio legítimo de la protesta social, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuve a las investigaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia desde el año 2019.
Además, proponemos que este GIEI emita un informe final con la reconstrucción de los hechos, establezca responsabilidades individuales y colectivas, y que presente recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición de contextos similares en el ejercicio de la protesta social, todo ello bajo una lectura que considere el enfoque diferencial para establecer las afectaciones a Pueblos y Comunidades Indígenas.
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