Desde la invasión, los derechos territoriales de nosotros los Pueblos indígenas en Colombia han estado marcados por tensiones entre el reconocimiento jurídico y las prácticas históricas de despojo. Al finalizar el siglo XIX, la Ley 89 de 1890, que se refería a los indígenas como salvajes, representó un aparente intento de protección al establecer resguardos como figuras de propiedad colectiva, aunque bajo una lógica integracionista, derivada del proyecto de consolidación del Estado-nación, mediante el ejercicio de soberanía sobre el territorio que desconocía nuestra autonomía.
En 1886 se promulga la nueva Constitución Política de Colombia, en la que definitivamente hay una invisibilización de los Pueblos Indígenas y, por extensión, una ausencia manifiesta de nuestros derechos. Es decir, el no reconocimiento de nuestra existencia validando, de hecho, cualquier acción violenta que se pudiera presentar contra nosotros. Esta Ley se puede considerar como la máxima expresión de la política de asimilación cultural bajo la hegemonía conservadora.
Ya en el siglo XX, en busca de democratizar la propiedad se expide la Ley 135 de 1961, con el propósito de regular la reforma social agraria y a su vez crear el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), entidad que ejecutaría esta reforma; así mismo para la garantía de nuestros derechos en la materia se crea la División de Asuntos Indígenas, es así como esta normativa fue la puerta de entrada para hablar sobre las reservas indígenas, figura territorial que se instauró como un medio para otorgar tierras a los Pueblos Indígenas para su colonización.
Ese es el término que se utilizó con el propósito de establecer que los Pueblos tendríamos disposición de estos espacios para su uso y usufructo, pero no se otorgaba la propiedad formalmente.
Con la Ley 1ª de 1968 se facultó al INCORA para constituir resguardos y posteriormente dividirlos en Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y ya fue con el Decreto 2117 de 1969 que reglamentó la Ley 135 de 1961, que se establece el procedimiento de constitución de las reservas para su posterior división.
Finalizando el siglo XX, la Constitución de 1991 significó un avance al reconocer la diversidad étnica y los derechos ancestrales sobre nuestros territorios (Artículos 7, 63, 329 y 330), pero su implementación ha sido desigual. Mientras el Estado ha promovido la constitución de resguardos a través de instrumentos como el Decreto 2164 de 1995, persisten contradicciones con nuestras luchas como Pueblos, quienes defendemos la concepción propia del territorio, que parte de una posesión y ocupación ancestral donde históricamente realizamos prácticas materiales e inmateriales.
La identificación de territorios indígenas es el proceso que parte del corazón y las enseñanzas de los mayores, de los abuelos, las abuelas, los padres y madres, ancestros y autoridades sobre los elementos que debemos conocer para vivir en armonía y con todo lo necesario para proteger a nuestras familias y pueblo. Somos las autoridades tradicionales y ancestrales quienes enseñamos dónde están, hasta dónde llegan y qué albergan los territorios ancestrales y sagrados. Este conocimiento y ordenamiento propio surge de prácticas espirituales y culturales milenarias transmitidas a través del manejo y uso ritual de una gran variedad de plantas sagradas que permiten el diálogo con el Gran Espíritu Creador y con la Madre Tierra, intercambios de enseñanzas y aprendizajes con seres y entidades no materiales que orientan sobre el cuidado y manejo del territorio. De alguna manera, estas prácticas y cosmogonías siempre han estado amenazadas por diversos factores.
En ese sentido, los Pueblos Indígenas de Colombia seguimos enfrentando la vulneración masiva de nuestros Derechos Humanos y colectivos, debido al conflicto armado y otras formas de violencia histórica presente en nuestros territorios; en primera medida somos objetivo militar de los grupos armados ilegales por ejercer nuestra autonomía territorial, lo que ha conllevado a varios hechos victimizantes como desplazamiento forzado o confinamiento por enfrentamientos entre estos grupos, pero también entre estos y los grupos armados legales, acciones continuas de hostigamiento a líderes y lideresas y a la comunidad en general.
Así mismo los Pueblos Indígenas nos posicionamos frente al abandono del Estado, que implica la vulneración de nuestros derechos fundamentales; lo anterior teniendo en cuenta que en nuestros territorios persiste la falta de atención médica en todos los niveles, así mismo la falta de establecimientos educativos y vivienda digna. Esto no es garantizado de forma mínima ni diferenciada de acuerdo con nuestros saberes propios. Sumado a esto se encuentra la vulneración de nuestros derechos territoriales, manifestada, entre otros aspectos, en la falta de formalización, seguridad jurídica e identificación de nuestros territorios.
Además, hay que considerar que un elemento crítico en los procesos de garantía de derechos territoriales es la figura de baldíos, que se reconocen como tierras públicas en cabeza del Estado y que son asignadas bajo criterios productivistas, frecuentemente en conflicto con nuestros derechos. Ejemplo de lo anterior fue la expedición de la Ley 200 de 1936, la cual institucionalizó como criterio para obtener la propiedad, la posesión continua y explotación de la tierra por 25 años, negando los vínculos inmateriales que los pueblos indígenas hemos tejido con nuestro territorio. Todo aquello que no cumpliera con estas ordenanzas era considerado baldío, lo que representa afectación directa a nuestra concepción de territorio ancestral.
Así, mientras históricamente el Estado colombiano, en línea con políticas de desarrollo rural, promueve la titulación de aquellos territorios catalogados como baldíos para agricultura extensiva o proyectos extractivos, los Pueblos Indígenas exigimos la demarcación e identificación de nuestros territorios, en respeto a nuestras relaciones y conexiones históricas y espirituales, en función de nuestra pervivencia física y cultural. A pesar de la concepción cultural y política del territorio emanada de Nuestra Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor, Derecho Propio y en concordancia con la Constitución Política de 1991, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 y con la Ley 21 de 1991 que aprueba y ratifica este convenio, los agentes del Estado en aplicación de la normativa vigente en materia de exigencias territoriales que adelantamos, interpretan que territorio indígena es solo resguardo indígena, considerando baldío todo lo que no está resguardado, y dejando por fuera el territorio tradicional y ancestral que va más allá de lo formalizado.
Habida cuenta de la necesidad de comprender nuestros propósitos y luchas por la reivindicación de nuestros derechos territoriales, resulta esencial la comprensión de estas relaciones por parte de la sociedad mayoritaria para garantizar estos derechos. En virtud del deber de esta sociedad en términos de conocer y respetar el aporte de los Pueblos Indígenas a la conformación de la nación colombiana, lo que involucra nuestros territorios y dinámicas, surge la necesidad de impulsar, por parte del Estado, la creación de los sistemas propios de información geográfica y de seguimiento a los procesos que se adelantan en materia de exigencias territoriales. Es así como los Pueblos Indígenas en ejercicio de nuestra autonomía y para la reivindicación de nuestros derechos territoriales creamos el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG – I) que arrojaría datos no sólo cuantitativos sino cualitativos de nuestros territorios, así como el Sistema de Información y Seguimiento a las Solicitudes de Formalización (SIMOSOF).
Acopiando toda esta información, el presente documento expone los desafíos y las apuestas propias para la identificación de nuestros territorios, entendiendo la importancia de esta exigencia para la garantía de los derechos territoriales, lo cual exige un panorama histórico y crítico que recoja y ejemplifique aspectos fundamentales de esta apuesta. Así las cosas, este informe se encuentra dividido en 3 acápites; el primero busca dar cuenta de un acercamiento a lo que representa el territorio para nosotros como Pueblos, respetando las diferencias culturales de cada uno. Con esto se quiere dilucidar las relaciones y los vínculos originarios de los Pueblos Indígenas con su territorio, así mismo se muestra cómo estas relaciones se fueron fragmentando a través del tiempo por diferentes hechos históricos de despojo; por último este acápite analiza la identificación del territorio como garantía de los derechos territoriales a partir del derecho internacional de los Derechos Humanos, principalmente de lo emanado en el Convenio 169 de la OIT y cómo éste irradia en el Sistema Jurídico Colombiano.
Respecto al segundo acápite, se busca dar una aproximación a nuestras apuestas para llevar a cabo la identificación como garantía real de los derechos territoriales; también esboza cómo el Estado Colombiano reserva la información sobre la identificación de los territorios indígenas con el propósito de dilucidar por qué no se está garantizando la identificación de los territorios, qué pretende materializar nuestra exigencia como Pueblos Indígenas en referencia a la necesidad de que la institucionalidad comprenda todas las dimensiones del territorio y otorgue la seguridad jurídica correspondiente, en el entendido de que estos procedimientos son formas de materializar los derechos territoriales; es por la falta de esta comprensión que surge la necesidad de la creación y consolidación de nuestros sistemas de información.
Por último, está el acápite en torno al caso emblemático que muestra cómo la falta de identificación afecta a los Pueblos Indígenas, esto es, el caso del Pueblo Barí, respecto del cual se realizó el análisis de los expedientes de los procedimientos que adelantan ante la autoridad de tierras del país, con el objetivo de dimensionar la vulneración de nuestros derechos territoriales, la cual enfrentan hasta la actualidad y así mismo dilucidar que es un Pueblo que persiste en la lucha por la recuperación de su territorio.






