El 11 de noviembre de 2026, en la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Antalya, Turquía, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo oficial “Cerrar la brecha: Un llamado al reconocimiento, la participación y la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la acción climática”. Nuestro secretario técnico indígena, Camilo Niño Izquierdo, intervino en el bloque “Voces desde la primera línea”, junto a personas defensoras de distintas regiones del mundo.
El evento fue convocado por más de quince organizaciones, entre ellas Natural Justice, la red LEAD, Global Witness, Amnistía Internacional, CIVICUS, la International Land Coalition y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y moderado por Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre personas defensoras del medio ambiente en el marco del Convenio de Aarhus. La pregunta para cada panelista fue doble. Qué hacen en sus países para avanzar en la acción climática y qué riesgos enfrentan por ese trabajo.
Frente a la primera pregunta, recordamos que los Pueblos Indígenas no cuidamos el territorio para cumplir metas climáticas, sino porque es nuestra forma de vida. Pero nuestros gobiernos propios y nuestros conocimientos ya contribuyen a enfrentar la crisis climática, aunque ese no sea su fin. En Colombia, nuestros territorios titulados y en proceso de formalización o protección, abarcan el 36 % del área del país. En ellos está el 57,89 % de los bosques, que almacenan 4,819 gigatoneladas de carbono, y el 60,89 % de las aguas superficiales del país, claves para enfrentar las sequías y las inundaciones que trae la crisis climática.
Sin embargo, ese cuidado ocurre bajo una fuerte presión. El conflicto armado, la inseguridad jurídica territorial y el extractivismo sobre nuestros territorios son factores estructurales de la violencia contra nuestros pueblos. Para hacer visible ese riesgo y exigir al Estado que actúe, en la CNTI construimos sistemas propios de información. Con Chey, el Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena, identificamos que en los territorios indígenas está el 15,10 % de la deforestación del último año en Colombia, el 9,79 % del área de explotación de hidrocarburos y el 15,44 % del área con títulos mineros vigentes.
El Sistema de Información sobre Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) muestra que esa presión tiene un costo en vidas. Cuidar el territorio no debería costarnos la vida, pero en los últimos diez años se han registrado 962 indígenas víctimas de homicidio en Colombia. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 se registraron 144, y más de una de cada tres ejercía un rol de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional.
Además, la violencia no termina en el homicidio. A ella se suman las amenazas, el desplazamiento, el confinamiento, la desaparición forzada y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuando se debilita a quien defiende, también se pone en riesgo lo que el territorio protege, la naturaleza.
Otras fuentes coinciden con estos hallazgos. Global Witness identifica al Cauca como el departamento de Colombia con más personas defensoras ambientales asesinadas desde 2012, indígenas y no indígenas, con 171 casos, y señala la expansión de la minería ilegal y de los cultivos de uso ilícito como motores de esa violencia.
Por eso, en esta COP hicimos tres llamados para cerrar la brecha entre reconocer a quienes defendemos los territorios y protegernos de verdad. Primero, que las decisiones climáticas reconozcan a quienes defendemos los territorios y los riesgos que enfrentamos, con medidas, presupuesto y seguimiento, porque el Acuerdo de París ya reconoce los derechos y los conocimientos de los Pueblos Indígenas, pero no a quienes los defienden. Segundo, que los Estados garanticen la seguridad jurídica y material de nuestros territorios, sin militarizarlos, porque el 80 % de las víctimas de 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica. Y tercero, que ningún proyecto de transición energética, de minería o de mercados de carbono avance en nuestros territorios sin nuestro consentimiento libre, previo e informado.
Porque una transición que vulnera nuestros derechos y deja personas defensoras asesinadas no es justa, y ningún compromiso climático es creíble sin protección real para quienes cuidamos los territorios con nuestra vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
