El 22 de julio de 2026 inicia la Cuarta Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), espacio vinculante de alto nivel para el diálogo y la concertación política de Gobierno a Gobierno, creado mediante el Decreto 1397 de 1996.
Esta es la última sesión de la CNTI con el Gobierno Nacional saliente. No representa un cierre, sino un tránsito que se asume con memoria, transparencia y responsabilidad frente a los acuerdos y consensos concertados con los Pueblos Indígenas.
Durante la jornada, las entidades presentan la información que fue entregada en el marco de empalme. Así como el estado actual de la entidad frente a los avances concretos y los retos estructurales que permanecen pendientes en materia de derechos territoriales.
Cada entidad responsable de esta agenda presenta un balance de las acciones adelantadas durante este periodo de gobierno y su plan de trabajo hasta diciembre de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del Decreto Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
El empalme no se limita a una entrega administrativa de información. Da cuenta de las obligaciones y deberes del Estado con los Pueblos Indígenas, los recursos disponibles que garanticen nuestros derechos, y las decisiones que aún deben adoptarse para avanzar en la garantía jurídica y material de los territorios indígenas.
Asimismo, las organizaciones y autoridades indígenas, en el marco de este escenario de diálogo y concertación, reiteramos los llamados y exigencias para proteger y recuperar los territorios ancestrales, que no pueden ser considerados baldíos de la Nación. También exigimos fortalecer el enfoque indígena en entidades como la Sociedad de Activos Especiales, vinculada al Ministerio de Hacienda, para prevenir decisiones o actuaciones que afecten nuestros territorios.
Antes de que finalice este Gobierno, es necesario definir una ruta que supere la interpretación histórica según la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el sector agropecuario no tienen responsabilidades frente a la garantía de las relaciones culturales y de subsistencia que los Pueblos Indígenas mantenemos con las aguas en nuestros territorios.
Al cierre de este periodo de Gobierno Nacional, reafirmamos que los acuerdos alcanzados son deberes del Estado colombiano y deben tener continuidad, permanencia, agilidad y confiabilidad en el seguimiento, para garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
En este espacio afirmamos que los gobiernos pasan, pero los acuerdos con los Pueblos Indígenas permanecen.
¡Defender los territorios es defender la vida!
