Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos y condenamos categóricamente los asesinatos de María Ovidia Palechor, mujer Yanakuna, lideresa y defensora de los derechos humanos, y de James Flor, reconocido líder campesino y representante de las víctimas.
María Ovidia dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, del territorio y a la construcción de paz. Se desempeñó como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y venía acompañando las iniciativas comunitarias de paz del corregimiento de La Pedregosa, así como las denuncias y reclamaciones relacionadas con la masacre ocurrida en El Túnel, Cajibío, el pasado 25 de abril de 2026.
James Flor fue un reconocido líder campesino y representante de las víctimas, cuyo trabajo estuvo ligado a la defensa de sus derechos y a la reivindicación de las comunidades campesinas.
Sus asesinatos no son hechos aislados.
De acuerdo con nuestro Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), entre 2016 y el 1 de septiembre de 2026 se han registrado 762 casos de homicidio que han dejado 945 víctimas indígenas. Son cifras que evidencian la persistencia de una violencia que continúa afectando de manera directa a nuestros pueblos y territorios.
945 víctimas no son solamente un dato. Detrás de cada persona asesinada hay una familia, una comunidad, una historia y, en muchos casos, procesos organizativos, políticos y territoriales que también son golpeados por la violencia.
María Ovidia, James y otros liderazgos habían advertido reiteradamente sobre las amenazas, la presencia y el amedrentamiento de actores armados y el grave riesgo que enfrentaban las comunidades. Habían solicitado respuestas y medidas de protección urgentes al Estado. Hoy debemos volver a preguntarnos por qué las alertas de quienes habitan, conocen y defienden los territorios siguen sin traducirse oportunamente en garantías efectivas para proteger sus vidas.
Durante décadas, los Pueblos Indígenas hemos denunciado una violencia atravesada por el racismo estructural, la persecución, la estigmatización y distintas formas de exterminio físico y cultural. Una violencia que busca silenciar liderazgos, fracturar procesos organizativos, debilitar el Gobierno Propio, generar miedo y afectar nuestra permanencia y pervivencia en los territorios.
A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, seguimos preguntándonos cuáles son las garantías reales para quienes construyen paz desde los territorios. La persistencia de los homicidios, las amenazas y otras formas de violencia demuestra que la paz no puede medirse únicamente por la existencia de un acuerdo, sino por las garantías concretas para vivir, permanecer en los territorios y ejercer nuestros derechos sin poner en riesgo la vida.
No es admisible que las comunidades denuncien amenazas, soliciten protección y que nuevamente la respuesta llegue después de los asesinatos. La prevención no puede comenzar cuando ya hemos perdido otra vida.
Cada autoridad, lideresa, líder, comunero, comunera, mayor o mayora que es asesinado representa una pérdida que trasciende lo individual. Se ataca una familia, una comunidad, una memoria, un proceso político y organizativo y una forma colectiva de defender la vida y los territorios.
Por eso insistimos: defender los derechos humanos, acompañar a las víctimas, ejercer el Gobierno Propio, construir paz y proteger nuestros territorios no puede seguir significando poner en riesgo la vida.
La deuda histórica con los Pueblos Indígenas continúa. A ella se suman los incumplimientos de compromisos adquiridos por el Estado, las dificultades para garantizar respuestas institucionales oportunas y efectivas en los territorios y la persistencia de condiciones que siguen generando revictimización y poniendo en riesgo nuestra pervivencia física y cultural.
Desde la CNTI exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes adoptar medidas inmediatas, eficaces, integrales y concertadas para garantizar la vida y la integridad de las lideresas, los líderes y las comunidades del Territorio de Paz de La Pedregosa, así como de los Pueblos Indígenas que enfrentan situaciones de riesgo en diferentes regiones del país.
Exigimos también que estos asesinatos sean investigados con celeridad, que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables materiales e intelectuales; que las alertas emitidas desde los territorios sean atendidas de manera oportuna; y que se garanticen medidas reales de prevención, protección y no repetición.
Proteger la vida de nuestros liderazgos implica también garantizar nuestros derechos territoriales, fortalecer el Gobierno Propio y avanzar en la seguridad jurídica de los territorios, porque allí se sostienen nuestra autonomía, nuestros sistemas de conocimiento, nuestra memoria y nuestra pervivencia física y cultural.
Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de María Ovidia Palechor y James Flor, al Pueblo Yanakuna, a las comunidades de La Pedregosa, al CRIC, a las organizaciones campesinas y a todas las personas y procesos que caminaron junto a ellos en la defensa de los derechos y la construcción de paz.
945 víctimas no pueden convertirse en una cifra más.
¡Basta ya de amenazas, señalamientos y asesinatos contra quienes defienden la vida y los territorios!
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
Defender los territorios es defender la vida.
