Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos los asesinatos, amenazas, reclutamiento forzado de NNA, masacres, hostigamientos y desplazamientos forzados que continúan afectando a autoridades, lideresas, líderes indígenas, y campesino sen distintas regiones del país. Ellas y ellos han dedicado su vida a defender derechos colectivos, proteger los territorios, acompañar a los pueblos y comunidades y construir alternativas de paz, y dados los constantes hecho de violencia en su contra, han visto amenazado su ejercicio de defensa de la vida a causa de la amenaza permanente de perderla.
La violencia contra quienes defendemos los territorios persiste y sus consecuencias trascienden a las víctimas individuales, es el tejido colectivo y la pervivencia física y cultural la que se pone en juego con cada hecho victimizante. Toda agresión afecta a una familia, debilita procesos colectivos, golpea las estructuras de gobierno propio y altera las formas de organización propia, mediante las cuales los pueblos y comunidades sostenemos la vida en los territorios. Cuando una autoridad, un liderazgo o una persona defensora es amenazada, desplazada o asesinada, también se intenta silenciar la voz colectiva y fracturar los procesos que esa persona acompaña.
Estos hechos no pueden seguir siendo interpretados y atendidos por el Estado como episodios aislados. Los pueblos, comunidades y los liderazgos que les sostienen históricamente han advertido reiteradamente sobre amenazas, presencia de actores armados y situaciones de riesgo permanentes. Las alertas existen y los riesgos han sido comunicados. La falta de respuestas oportunas frente a esas denuncias profundiza la vulnerabilidad de quienes permanecemos en los territorios y evidencia las limitaciones de una política de protección estatal que con demasiada frecuencia reacciona después de que las agresiones ya ocurrieron, y sin tener en cuenta los sistemas propios de protección de los pueblos y las comunidades
La dimensión de esta violencia también puede observarse en nuestros propios registros. De acuerdo con el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), entre 2016 y el 1 de septiembre de 2026 fue registrado un total de 945 víctimas indígenas de homicidio, correspondientes a 762 casos. Esta cifra no puede reducirse a un dato acumulado: detrás de cada víctima hay una familia, una comunidad, un territorio y procesos organizativos que pierden una voz, una experiencia, un conocimiento, un relevo generacional y un liderazgo.
Defender el territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo. Quienes denunciamos violencias, acompañamos a los pueblos y comunidades, exigimos garantías territoriales y proponemos alternativas de paz continuamos expuestos a graves amenazas. No podemos aceptar que ejercer un liderazgo social, defender derechos o proteger el territorio implique poner en riesgo la vida.
Esta situación exige revisar el alcance de las medidas de protección lideradas por el Estado. Las respuestas no pueden limitarse a esquemas individuales ni ser activadas únicamente después de una amenaza o de un asesinato. La protección debe reconocer que los riesgos tienen una dimensión colectiva y territorial: afectan autoridades, comunidades, procesos organizativos y formas propias de gobierno. Por ello, las medidas deben construirse con los pueblos, responder a las condiciones concretas de cada territorio y articular prevención, protección y garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos, de acuerdo a la orientación de nuestras autoridades, el Derecho Mayor y la Ley de Origen de cada pueblo indígena.
Exigimos una protección inmediata, efectiva y concertada con los pueblos y comunidades; atención oportuna a las alertas y situaciones de riesgo; investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a sus responsables; medidas de prevención integrales desde el enfoque de derechos y diferencial, así como garantías de no repetición; y la garantía plena de nuestros derechos territoriales, la materialización de la autonomía y de nuestro Gobierno Propio.
La construcción de paz tampoco puede separarse de la protección de quienes la hacen posible en los territorios. Hemos insistido en el diálogo, en la defensa de la vida y en soluciones que permitan superar la violencia. Esa disposición no significa aceptar que nuestras autoridades, liderazgos y comunidades sigan pagando con sus vidas las consecuencias de conflictos que no hemos provocado. Nuestra participación en la construcción de paz requiere garantías para permanecer en los territorios, ejercer gobierno propio y defender nuestros derechos sin amenazas.
La persistencia de asesinatos, señalamientos, amenazas y desplazamientos pone en riesgo la continuidad de los procesos organizativos y nuestra pervivencia física y cultural. Por eso, la responsabilidad del Estado no termina en reaccionar ante cada nuevo hecho. Debe garantizar condiciones para que los Pueblos Indígenas, sujetos de especial protección constitucional reforzada podamos ejercer nuestros derechos y proteger nuestros territorios sin que hacerlo implique exponernos a la muerte.
No podemos normalizar esta realidad. Cada asesinato exige verdad y justicia, pero también decisiones capaces de impedir que exista una próxima víctima. Defender los derechos no puede convertirse en una sentencia de muerte.
¡Basta ya de amenazas, señalamientos y asesinatos!
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
¡Defender los territorios es defender la vida!
