Condenamos y repudiamos el asesinato del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, en el Chocó. Este crimen es un ataque directo al gobierno propio, a la autonomía territorial y a la dignidad colectiva de los Pueblos Indígenas.
No es un hecho aislado: confirma el nivel de riesgo extremo e inaceptable que enfrentan nuestras autoridades y liderazgos en los territorios, en medio de la persistencia de actores armados y de la falta de garantías efectivas. De acuerdo con reportes públicos, Valencia Duave fue hallado sin vida horas después de que se denunciara su retención por hombres armados.
La Defensoría del Pueblo había advertido previamente que “la vida e integridad” del gobernador indígena debían ser respetadas, y solicitó acciones urgentes de protección. La confirmación del desenlace evidencia que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes en escenarios donde grupos armados mantienen capacidad de control, intimidación y restricción de la movilidad.
Expresamos nuestra solidaridad con la comunidad Alto Tarena, con las organizaciones indígenas del Chocó y con la familia de la autoridad asesinada. Este crimen no puede entenderse como un hecho aislado: golpea la estructura comunitaria, intenta quebrar la autoridad propia y busca imponer miedo sobre los procesos organizativos y de defensa territorial.
Exigimos a las autoridades competentes una respuesta inmediata, seria y verificable: investigación y esclarecimiento con resultados, sanción a los responsables y medidas de protección colectivas con enfoque territorial y diferencial. Respaldamos el llamado de la Defensoría del Pueblo a actuar con urgencia para proteger a las comunidades y a sus autoridades, garantizando condiciones reales para el ejercicio del gobierno propio.
Reiteramos que la constante amenaza que vivimos los Pueblos Indígenas no es un riesgo abstracto: se expresa en agresiones, persecución y violencia contra quienes ejercemos autoridad propia y defendemos el territorio. Exigimos a los grupos armados cesar de inmediato las acciones que vulneran a la población civil y respetar el territorio, el gobierno propio y la vida de los Pueblos Indígenas.
La defensa de los derechos colectivos no puede pagarse con la vida. La permanencia y la pervivencia territorial deben garantizarse sin miedo, sin confinamiento y sin impunidad. Aun en medio de esta violencia, sostenemos la dignidad de nuestros pueblos y la esperanza como fuerza política para cuidar la memoria y el territorio, y para aportar a una Colombia construida desde los derechos, y la paz con justicia social.
¡Defender los territorios es defender la vida!
