Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia públicamente el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional en la garantía de las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de las sesiones de diálogo y concertación, situación que vulnera de manera grave y sistemática los derechos territoriales, humanos y fundamentales de los Pueblos Indígenas.

Pese a los avances normativos de altísima importancia, relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), el Gobierno Nacional ha demostrado una conducta renuente frente al funcionamiento adecuado de la CNTI, impidiendo el ejercicio pleno de la participación efectiva, la concertación y la toma de decisiones sobre la implementación de los compromisos concertados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las políticas públicas en materia territorial indígena.

La VI Sesión Ordinaria de la CNTI, programada para el 28 de noviembre de 2025, no pudo culminarse, entre otros motivos, debido a la ausencia reiterada del Director General de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Juan Felipe Harman Ortiz, quien ha demostrado que es el único competente para definir acuerdos estructurales que sobrepasan la capacidad de quienes en su delegación asisten al Espacio. Como consecuencia, se generó una pérdida de recursos públicos y se afectaron la coordinación previa, la agenda concertada y los esfuerzos logísticos realizados por las autoridades indígenas provenientes de distintas regiones del país.

A ello se suma la cancelación unilateral de la continuidad de la sesión programada para el 18 de diciembre de 2025, notificada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante correo electrónico el 17 de diciembre a las 6:22 p. m., lo cual interrumpió abruptamente la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas.

Estas actuaciones, atribuibles al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), obstaculizaron el seguimiento a los compromisos del PND, la definición de presupuesto y metas para 2026, y la implementación de acuerdos orientados a garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, incluyendo procesos de ampliación, saneamiento, reestructuración, conversión y constitución de resguardos, así como la protección integral de los territorios ancestrales.

La CNTI advierte que este patrón reiterado de reprogramaciones, ausencia de funcionarios decisorios, entrega extemporánea e incompleta de información, discontinuidad contractual, cambios constantes de directivos y falta de planeación institucional, resulta regresivo y desconoce el carácter legítimo, legal y vinculante de la CNTI como instancia de concertación de Gobierno a Gobierno.

Estas prácticas contravienen la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la inadecuada destinación de recursos públicos sin el cumplimiento de los fines previstos podría configurar detrimento patrimonial y omisión de funciones, lo que amerita la intervención de los organismos de control.

Finalmente, la CNTI hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que honre los compromisos adquiridos, respete los espacios de decisión colectiva y actúe bajo los principios de buena fe, enfoque de derechos y obligatoriedad de la concertación. El respeto a la CNTI es una obligación constitucional y legal, fundamental para la garantía de los derechos territoriales de los 115 Pueblos Indígenas del país.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Pronunciamiento Público – Comisión Nacional de Territorios Indígenas –CNTI

Expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo frente a la constante transgresión de los mandatos acordados en nuestros espacios de diálogo y concertación. Resulta inaceptable la desatención por parte del Gobierno Nacional a los compromisos establecidos en las mesas técnicas, las actas suscritas entre las partes, así como el incumplimiento de órdenes judiciales que amparan nuestros derechos. Estas acciones no solo vulneran la confianza construida en los procesos de concertación, sino que también constituyen una clara afrenta al orden constitucional y al marco legal que protege los derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia.

Las acciones y omisiones del Estado colombiano configuran un escenario institucional que, que difícilmente reconoce derechos, pero de manera amplia los niega. La inoperancia, la burocracia maliciosa y la priorización absoluta de intereses políticos y económicos por encima de los derechos constitucionales, se han convertido en constantes del accionar estatal frente a las legítimas demandas históricas de nuestros pueblos.

Es ese sentido, el despojo territorial representa el desmantelamiento de nuestros sistemas de vida, la anulación fáctica de nuestra autoridad, de nuestra existencia, vida espiritual, autonomía, gobierno propio, pervivencia y permanencia como pueblos milenarios.

No existen garantías reales para la seguridad jurídica y material de nuestros territorios, en abierta contradicción con lo establecido en la Constitución de 1991, los tratados internacionales y múltiples fallos de las altas cortes nacionales e internacionales. Se ha desconocido el ejercicio de la justicia propia y la jurisdicción especial indígena, vulnerando nuestras potestades, sistemas normativos y autodeterminación. Sin integridad territorial, el pluralismo jurídico es inviable.

Enunciamos nuestra profunda preocupación por la limitada capacidad operativa de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, evidenciada en la falta de herramientas técnicas, recursos financieros adecuados y estructura institucional suficiente. Esta situación ha generado afectaciones masivas en la gestión, articulación y avance de procesos fundamentales para la garantía de los derechos territoriales, culturales y políticos de los Pueblos Indígenas, debilitando el cumplimiento de los compromisos del Estado y poniendo en riesgo la efectividad de las políticas públicas con enfoque étnico.

Es impostergable agilizar los procesos de formalización, ampliación, saneamiento y conversión de Reservas Indígenas en Resguardos, así como la titulación en territorios coloniales, que actualmente se encuentran estancados en trámites que se prolongan por décadas. Esta demora facilita la llegada y asentamiento de colonos, intensificando los conflictos socioambientales y territoriales, y alimentando la presencia de actores armados y los intereses de megaproyectos en nuestros territorios ancestrales.

Los pueblos indígenas exigimos el cumplimiento riguroso y con perspectiva territorial de los procedimientos establecidos en el Decreto Ley 4633 de 2011 para la restitución de nuestros derechos territoriales. Rechazamos de manera enfática cualquier acción que implique el reconocimiento arbitrario de derechos individuales sobre territorios colectivos, pues estas prácticas desconocen nuestra cosmovisión, fragmentan nuestros procesos organizativos y vulneran los principios fundamentales de autonomía y unidad territorial que rigen nuestras comunidades.

Los pueblos indígenas expresamos preocupación por la falta de rigor y transparencia en la entrega de información sobre ordenamiento territorial, lo que dificulta la garantía efectiva de nuestros derechos territoriales. Recordamos que el acceso a la información es un derecho fundamental para proteger y ejercer otros derechos.

Las instituciones nacionales, lejos de ser garantes, en muchos casos se han convertido en el principal obstáculo en la progresividad del goce efectivo de los derechos humanos y territoriales indígenas.

Exigimos a la institucionalidad y convocamos a los entes de control a:

Implementar efectivamente las medidas de protección y delimitación de los territorios frente al avance de políticas agrarias que se imponen sin la debida Consulta Previa, Libre e Informada, vulnerando nuestra autonomía y generando conflictos socioambientales y territoriales.

Garantizar la seguridad y protección de los líderes y lideresas indígenas que defienden nuestros territorios, quienes son estigmatizados, criminalizados y amenazados, en muchos casos, con el silencio cómplice de las instituciones.

Destinar los recursos económicos y técnicos suficientes, oportunos y pertinentes, para la debida formalización, resaltando la necesidad de avanzar decididamente en la adquisición de tierras, lo anterior, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Exigimos al Gobierno Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República y de todas las entidades competentes -Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, entre otros sectores- El inmediato cumplimiento de las exigencias. Requerimos al Gobierno la definición e implementación inmediata de una ruta clara de fortalecimiento institucional, técnico y financiero de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar su capacidad efectiva para responder a las obligaciones del Estado en materia de derechos de los Pueblos Indígenas.

En todas las sesiones, es indispensable y obligatoria, la presencia de funcionarios de alto nivel, con capacidad de toma de decisión, que resuelvan y adopten las medidas, acuerdos y acciones determinantes para la garantía de nuestros derechos en materia territorial.

Se debe establecer compromisos claros, metas verificables y recursos suficientes, para superar la deuda histórica con nuestros pueblos.
Reivindicamos, el respeto irrestricto a la Consulta Previa como derecho fundamental, ¡la consulta previa no es un mero trámite! La consulta previa, libre e informada es un derecho irrenunciable que garantiza la materialización de todos nuestros derechos.

A casi diez años de la firma, resulta urgente e impostergable la implementación efectiva de lo establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con las garantías para la pervivencia y permanencia de los pueblos Nukak y Emberá Katío.

Se debe activar todos los conductos que propendan por salvaguardar la existencia digna de los pueblos que afrontan crisis humanitarias producto de las decisiones arbitrarias de la institucionalidad que los ha despojado, condenándolos a la extinción física y cultural.

Como movimiento indígena comprometido con la construcción y transformación de nuestra realidad, exhortamos al Gobierno Nacional a cumplir de manera inmediata y efectiva con lo acordado y pactado en este escenario.

Frente a la persistencia del incumplimiento, anunciaremos la activación de nuestro derecho fundamental a la movilización pacífica y permanente, la exigibilidad jurídica en instancias nacionales e internacionales, y la aplicación de nuestros usos y costumbres para la defensa de la Madre Tierra.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas se mantendrá vigilante del cumplimiento de este pronunciamiento, exigiendo control y vigilancia estricta a todos los entes responsables de garantizar la materialización de nuestros derechos colectivos.

¡Proteger los territorios es proteger la vida! – Comisión Nacional de Tarritos indígenas

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, es expresión de las luchas históricas que los pueblos y las organizaciones indígenas del país hemos adelantado en la defensa de nuestros derechos, nuestra dignidad y de la integridad de nuestros territorios. Con la expedición del decreto 1397 de 1996, y superando las dificultades, se ha consolidado y legitimado como el espacio nacional de diálogo y concertación de gobierno a gobierno, en el que las organizaciones de los pueblos indígenas que la conformamos y amparados en normatividades del derecho mayor, derecho propio, ley natural, ley de origen como de normas nacionales e internacionales, hacemos seguimiento a las políticas públicas, los diseños institucionales, el presupuesto asignado y el conjunto de acciones mediante las cuales el Estado colombiano debe garantizar el goce efectivo de nuestros derechos territoriales como parte de sus obligaciones constitucionales y de la deuda histórica del Estado con nosotros.

El escenario de la Comisión es también en el que desplegamos nuestras acciones por la reivindicación y el reconocimiento de nuestra existencia como pueblos, por la transformación de nuestra realidad, la sociedad y sus instituciones, en un país en el que históricamente, como bien lo ratificó la Comisión de la Verdad, ha sido construido sobre relaciones coloniales, violentas, y un racismo estructural mediante el cual se ha buscado justificar el despojo de nuestros territorios y la negación de nuestra existencia como pueblos. Tan solo las más de 600 solicitudes de restitución de derechos territoriales, que a la fecha han sido interpuestas por los pueblos indígenas ante la Unidad de Restitución de Tierras y territorios despojados, así como las 1595 solicitudes de formalización, protección y seguridad jurídica elevadas ante la Autoridad de Tierras y no resueltas, así lo evidencian.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz de la Habana, como pueblos indígenas aspiramos que con su implementación, sean materializados nuestros derechos a la seguridad jurídica y material de nuestros territorios; materialización que tal y como quedó establecido en el capítulo étnico, debe ser interpretado en su integridad, desde la perspectiva étnica y cultural que ha sido establecida en el ordenamiento jurídico internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, con especial atención al principio de no regresividad de nuestros derechos.

No es admisible que importantes instrumentos facilitadores, de la reforma rural integral como Decretos, Acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras, proyectos de ley, etc., se estén diseñando o expidiendo bajo el desconociendo flagrante del derecho de participación y de consulta previa, pese al llamado de los pueblos y organizaciones indígenas al gobierno nacional para trabajar conjuntamente y con los otros sujetos de derecho que correspondan, de manera previa a su adopción, de modo que se logre la construcción de las mejores herramientas y garantías para todos.

Los efectos ya se ven en los territorios, en donde se generan o acentúan conflictos, ya sea por la expedición de normas y decisiones administrativas que desconocen la preexistencia de derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el de posesión ancestral y/o tradicional según los estándares constitucionales e interamericanos, o por actuaciones institucionales que invisibilizan o niegan territorialidades, así como los sistemas propios de solución de conflictos y sus funciones jurisdiccionales.

Reconocemos que el actual gobierno ha marcado un hito respecto al presupuesto asignado para garantizar la seguridad material de nuestros territorios. Sin embargo, el presupuesto no ha sido ejecutado de manera eficiente, dado que, de los más de 342.000 millones de pesos destinados, a la fecha solo se ha ejecutado el 27% y comprometido el 76% para 2024. Situación que genera gran preocupación por la posibilidad de que se aplique el principio de anualidad y se castigue presupuestalmente a la entidad, lo que genera consecuencias nefastas a nuestro derecho fundamental al territorio y los derechos conexos. Es urgente que la ANT tome las medidas necesarias para garantizar la totalidad de la ejecución presupuestal como evidencia del compromiso asumido por parte del gobierno nacional con los pueblos indígenas.

En este momento crucial de revisión del cumplimiento del Acuerdo de Paz, que se suma a la continuación de lo que los pueblos y organizaciones indígenas de la CNTI hemos diagnosticado como un estado de cosas inconstitucional en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia, así como al incumplimiento reiterativo de los acuerdos concertados en los diferentes escenarios nacionales incluidos los suscritos en el marco de las sesiones de la CNTI, por lo que exigimos:

• Que en el marco del Acuerdo de Paz y de la garantía de nuestros derechos territoriales, materializar el enfoque étnico territorial y cultural indígena el cual deberá materializarse en la adecuación de procedimientos, instructivos institucionales, fortalecimiento de capacidades y dependencias, actualización normativa conforme a estándares superiores y de pluralismo jurídico, y los demás mecanismos que se definan.
• Que en cumplimiento y aplicación de los principios de autoidentificación y autorreconocimiento y de la jurisprudencia constitucional e interamericana en materia de identificación de los territorios indígenas, concertar con los pueblos indígenas de manera pronta y expedita el mecanismo incidental en procesos y procedimientos de toma de decisiones susceptibles de afectar o involucrar nuestros territorios y que permitan su debida autoidentificación, en el entretanto se consolidan los sistemas nacionales que albergarán la información relativa a territorios y territorialidades.
• La creación de una Comisión o Grupo de Trabajo con integración y participación de los pueblos indígenas que diseñe un plan de choque y revise las solicitudes en trámite de constitución de TECAM, zonas de reserva campesinas, concesiones forestales, y demás trámites susceptibles de afectar o involucrar los territorios y territorialidades indígenas, a fin de identificarlos y en caso de que existan, diseñar las rutas de prevención y/o solución de conflictos que puedan presentarse.
• La conformación de un Grupo de Prevención y Atención transitorio para la prevención y atención inmediata de conflictos territoriales y socioambientales que se presentan en nuestros territorios, en particular los asociados a procedimientos en curso, finalizados y/o decisiones adoptadas, a fin de revisar, definir y concertar el mecanismo de atención y solución específico para cada caso, hasta tanto se concerte el protocolo de atención de conflictos terrtitoriales y socioambientales pactado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.
• Adelantar el diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento y adecuación institucional de las oficinas especializadas y dependencias encargadas de asuntos indígenas dentro de las entidades del Estado en los sectores de Interior, Ambiente, Agricultura, Justicia y Hacienda. De especial preocupación para los pueblos indígenas, es el decaimiento de la creación de la Subdirección de Asuntos Indígenas de la Agencia Nacional de Tierras, el debilitamiento de la Dirección Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior y la creación de la Dirección de la Autoridad Nacional y Consulta Previa de manera inconsulta, cuestiones que deben ser atendidas de manera prioritaria.
• Retomar la Mesa de Articulación Interinstitucional, creada en la sesión VI de 2022 de la CNTI, para evaluar, formular, hacer seguimiento a las políticas públicas que afectan los territorios y territorialidades y su articulación a las políticas propias de los pueblos indígenas.
• La participación efectiva de los Organismos de Control (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República para que cumplan con sus funciones de seguimiento, verificación y control del cumplimiento de los acuerdos, acciones y exigencias formuladas por los pueblos indígenas ante el Estado y en particular las exigidas en este escenario.

Para finalizar, exigimos al Gobierno Nacional que desde el enfoque de derechos cumpla a cabalidad con los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo Final de Paz, y en la CNTI; cuya materialización se traduce en la superación de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas en materia territorial.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones de los pueblos indígenas para que nos acompañen en el proceso de seguimiento, control, cumplimiento y exigibilidad de las garantías de nuestros derechos, así como a las acciones que sean requeridas ante el incumplimiento de los acuerdos, funciones y obligaciones del Estado en la materialización de los mismos.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Luego de casi dos años de acciones políticas y administrativas realizadas por el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en coadyuvancia de las organizaciones Indígenas de Colombia, el 8 de junio del 2024, como parte de los mecanismos de exigibilidad en el marco del Código Administrativo y de lo Contencioso, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la revocatoria de la Resolución con la que en mayo de 2022, negó a la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, el reconocimiento de la ocupación de su territorio ancestral y de sus vínculos con este.

La CNTI en el mes de mayo interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, debido a la no resolución de las revocatorias directas por parte de la ANT después de 16 meses de interpuestas, lo cual va en contra de los principios de celeridad de los procesos, la economía procesal y del debido proceso administrativo, ya que según lo manifestó el juzgado la ANT tenía la obligación de tomar este caso como prioritario debido a la vulnerabilidad de la comunidad por las afectaciones en el marco del conflicto armado, priorización establecida en el artículo séptimo del Decreto 2333.

La Agencia Nacional de Tierras, por orden del Tribunal, resolvió revocar la resolución de negación y además, reconocer la medida de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional en favor de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani, en dos de los predios que hacen parte de su pretensión: Campo Alegre y Cuba Libre. Esta resolución sienta el primer precedente de revocatoria frente a un acto administrativo que niega la ancestralidad indígena en Colombia, reconoce los derechos de posesión de un pueblo nómada y ratifica la necesidad de adelantar el proceso de formalización en favor de esta comunidad indígena sobre estos dos predios.

Instamos a la Agencia Nacional de Tierras a priorizar este caso de protección ancestral y de formalización, dada la situación de emergencia humanitaria que atraviesa la comunidad Barrulia luego de que, entre el 12 y 13 de junio, fueran desalojados por un «proceso de querella policiva de perturbación a la propiedad», sin garantías mínimas de albergue, alimentación y mínimo vital para esta comunidad sujeto de especial protección por parte del Estado y declarada en riesgo de extinción por el Auto 004 de la Corte Constitucional.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas ratifica su compromiso con el acompañamiento a las comunidades indígenas de la Altillanura para la reivindicación a su derecho fundamental al territorio, mediante los procesos de restitución, formalización y seguridad jurídica y con ello se dé el reconocimiento de la posesión ancestral de los territorios para el pueblo Sikuani.

¡Defender los territorios es defender la vida!