En el marco de la audiencia de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, programada por la Corte Constitucional, el día 10 de mayo de 2024, el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas participó en el bloque temático, relacionado con el retorno, reubicaciones y reparación integral, exponiendo elementos para el seguimiento al Estado de Cosas de Inconstitucionalidad y de los efectos en los derechos territoriales para los pueblos indígenas.
Durante la intervención, Camilo Niño STI-CNTI expuso ante la sala las consideraciones que desde el espacio técnico de los pueblos indígenas y el Observatorio de Derechos Territoriales Indígenas ODTPI señalan pertinentes para el seguimiento enfocadas en las falencias estructurales y las principales fallas en la política pública y los desafíos que enfrenta para garantizar los derechos de los grupos étnicos.
En ese sentido, mencionó que en Colombia existe una brecha de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Según, información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a corte de febrero de 2024 se han constituido en Colombia 876 resguardos, sin embargo, existen 1.136 solicitudes que no han sido resueltas en favor de los pueblos y comunidades indígenas relacionadas con los procedimientos de formalización, que implica la constitución, ampliación, saneamiento territorial, reestructuración y delimitación de territorios indígenas.
Así mismo, manifestó que de acuerdo con la implementación de la única norma que existe en el país para proteger la posesión de los pueblos indígenas, el Decreto 2333 de 2014, a febrero de 2024 la STI de la CNTI conoció sobre la existencia de 184 solicitudes de protección. Pero, a la fecha y después de casi 10 años de expedida esa norma, y tras múltiples acciones administrativas y judiciales promovidas por la CNTI y las organizaciones indígenas del país, se cuenta con tan solo 13 medidas de protección emitidas por la ANT, de las cuales 10 son reconocidas y 3 lo niegan. Cabe señalar que estas solicitudes de protección se concentran en cinco departamentos como Putumayo, Guajira, Meta, Vichada y Antioquia.
Frente a la restitución de territorios indígenas, la política pese a tener avances, continua siendo limitada, en tanto representa una herramienta para la aceleración de procesos y acciones para la garantía de derechos territoriales que a partir de ajustes internos podría tener mejores resultados, dado que no es suficiente con la actuaciones administrativas y judiciales, si las mismas no representan hectáreas formalizadas, retornos con garantías, lugares sagrados protegidos y familias con soberanía alimentaria y vivienda.
En materia de retornos y reubicaciones, se señaló sobre la imposibilidad de contar con una seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la poca coordinación y complementariedad entre las medidas e instituciones competentes, lo cual, limita un retorno o reubicación efectivo por parte de las comunidades y pueblos indígenas, y por ende, los planes solo se quedan en etapas de formulación o en el mínimo cumplimiento de medidas para la atención de la vulnerabilidad.
Por otro lado, el desconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas implica una agresión a todos sus derechos en razón a la relación estrecha que tiene la vida en sí misma de los pueblos con sus territorios. De manera que, la negación del reconocimiento del territorio, mientras se incentiva e impulsan agendas de desarrollo como, la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de mega obras de infraestructura, se constituye en un riesgo alto de despojo territorial.
Esto ocurre a la vez que aumentan los asesinatos, atentados y desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones de derechos humanos, contra miembros de las comunidades, autoridades y lideres, como consecuencia de la reconfiguración de las dinámicas de violencia política en los territorios indígenas.
La vulneración sistemática y generalizada del derecho fundamental al territorio, debido a procesos administrativos, entre otros derechos asociadas a su materialización ha generado en las instituciones y autoridades encargadas prácticas inconstitucionales.
Además, existe una ausencia de medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para superar la vulneración de los derechos que genera una problemática social cuya solución requiere de la intervención de varias entidades del Estado.
Así mismo, el grave incumplimiento de fallos judiciales que ordenan a la ANT adelantar procesos de formalización territorial en favor de comunidades indígenas, que, a corte del 09 de febrero de 2024, reporta la atención de 143 órdenes judiciales, especialmente de acciones de tutela y de restitución de derechos territoriales.
Los territorios y las comunidades indígenas son parte de un todo. No se puede separar la existencia e identidad cultural de un pueblo indígena de su territorio, razón por la cual la negación de derechos territoriales o la falta de acceso a procedimientos institucionales que protejan los territorios ancestrales implica una lesión a las comunidades y a la totalidad de sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales.
El despojo, el control territorial por actores armados y bandas delincuenciales, la mercantilización de los territorios por el desarrollo de proyectos extractivos (minería e hidrocarburos), la deforestación, y la construcción de mega obras de infraestructura, sumadas a la falta de reconocimiento y garantías en el acceso a la tierra por parte del Estado, son algunos elementos que han profundizado la inequidad y exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia.
El ODTPI ha identificado que en siete departamentos se han registrado el mayor número de homicidios durante 2021 Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, La Guajira, Antioquia y Chocó. Donde a su vez, se concentran el 57 % de las solicitudes de formalización territorial a nivel nacional. Esto permite establecer que la inseguridad jurídica se constituye como una de las variables que inciden en el incremento de las amenazas contra los procesos político organizativos de los pueblos indígenas, de manera que el ejercicio de los liderazgos en torno a la defensa de la vida y el territorio se configuran como elementos de riesgo constante a nivel nacional en la ardua labor de la protección de sus territorios.
Lo anterior muestra un panorama de derechos humanos preocupante en el que a diario los pueblos y comunidades indígenas se ven sometidas a acciones de grupos armados y las omisiones y acciones negligentes de instituciones públicas que no garantizan ni protegen sus territorios. Desde los pueblos indígenas se ha pedido la adopción de medidas preventivas, colectivas y de derecho propio para la protección de las comunidades, dentro de ellas, y de vital importancia, la respuesta urgente y eficaz de la institucionalidad agraria a las exigencias en materia territorial.
Es necesario tomar las medidas para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos territoriales indígenas y la autonomía territorial frente a invasiones y agresiones de diversos actores como los ya referidos y los distintos actores armados, entre ellos, los carteles del narcotráfico, disidencias de las FARC, grupos paramilitares y el crimen organizado; quienes ocupan los territorios indígenas y desarrollan actividades económicas que afectan de manera muy grave la sostenibilidad de los territorios, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, contribuyendo a la violencia y fomentando la pobreza en las comunidades.
Por lo anterior, la STI de la CNTI recomienda la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia territorial y que, a instancias de la Corte Constitucional, se declare la crisis de los derechos de los pueblos indígenas y se haga el llamado a la adopción de políticas estructurales que pongan fin a la negación de derechos.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
