En el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA 2026, se realizó el lanzamiento oficial del Séptimo Informe Nacional de Colombia ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, instrumento que presenta el estado de avance del país en la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad 2030 y del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. En este escenario participó Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), una presencia que reconoce el papel que hemos desempeñado en este proceso y, al mismo tiempo, plantea una discusión de fondo sobre la manera en que se construye la política pública de biodiversidad en Colombia.
El principal desafío no consiste únicamente en presentar un informe técnico ante la comunidad internacional. El reto es garantizar que la construcción, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de biodiversidad se realicen con la participación directa y efectiva de los Pueblos Indígenas. No podemos seguir siendo convocados únicamente para validar decisiones previamente adoptadas. Debemos participar desde el momento en que se definen las prioridades, se construyen las metas, se diseñan los indicadores y se establecen los mecanismos de implementación y financiación.
Esta discusión adquiere una importancia especial porque Colombia continúa abordando de manera fragmentada dos agendas que son inseparables. Por un lado, la política ambiental; por otro, la política agraria y el reconocimiento de los derechos territoriales. Sin embargo, la evidencia demuestra que ambas hacen parte de una misma realidad: a mayor seguridad jurídica y material sobre los territorios indígenas, mayor capacidad de conservar la biodiversidad. La protección de la naturaleza no puede desvincularse de la garantía de los derechos colectivos ni del fortalecimiento del gobierno propio.
Los datos del país respaldan esta afirmación. Cerca del 30 % del territorio continental colombiano se encuentra reconocido bajo la figura de resguardos indígenas. En esos territorios se conserva el 51 % de los bosques y el 52 % de los glaciares del país, además de ecosistemas estratégicos indispensables para la regulación climática, la disponibilidad de agua y la conservación de la biodiversidad. Estas cifras muestran que los territorios indígenas no son únicamente espacios donde se cumplen metas ambientales; constituyen una de las principales garantías para hacerlas posibles.
Por esa razón, los Pueblos Indígenas y nuestros territorios debemos ser reconocidos como actores estratégicos para el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de biodiversidad. Durante generaciones hemos sostenido sistemas propios de conocimiento, gobierno y ordenamiento territorial que han permitido proteger bosques, aguas, páramos, sabanas, semillas y múltiples formas de vida. Esa experiencia no puede reducirse a un aporte complementario ni a un conocimiento que se consulta ocasionalmente. Hace parte de las soluciones vivas y reales que hoy requiere el planeta para enfrentar la pérdida de biodiversidad y la crisis climática.
En este contexto, cobra especial relevancia el reconocimiento otorgado a la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, Edith Bastidas, por el proceso de actualización del Séptimo Informe Nacional. Durante el diálogo de alto nivel, la viceministra señaló que el Gobierno decidió presentar una radiografía honesta sobre el estado de la biodiversidad del país. Compartimos la importancia de construir diagnósticos transparentes. No obstante, esa honestidad también debe reflejarse en el reconocimiento de que ninguna política de conservación será suficiente mientras continúe separando la biodiversidad de los derechos territoriales y mientras la participación indígena siga limitada a escenarios consultivos.
Valoramos que el informe promueva una articulación amplia entre entidades del Estado, academia, comunidades, cooperación internacional y diferentes sectores sociales. Sin embargo, esa articulación solo será efectiva si el Estado reconoce y garantiza el ejercicio pleno del gobierno propio, así como el papel de los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y actores con capacidad de decisión en la política de biodiversidad. La construcción de las metas nacionales, sus mecanismos de seguimiento y los reportes internacionales deben incorporar de manera permanente nuestros sistemas de conocimiento de información y las decisiones adoptadas desde los territorios.
En tiempos de transición política, el desafío consiste en consolidar los avances alcanzados y evitar retrocesos en la agenda de biodiversidad. Esa continuidad exige fortalecer la participación efectiva y plena de los Pueblos Indígenas, avanzar en la garantía de los derechos territoriales y comprender que la conservación no puede sostenerse sin quienes hemos protegido estos territorios durante siglos. La progresividad de los derechos debe reflejarse también en la gobernanza ambiental y en la forma como el Estado construye sus políticas públicas.
Estamos convencidos de que es posible construir un país donde la biodiversidad, los derechos territoriales y la diversidad cultural avancen de manera conjunta. Un país donde la diferencia no sea vista como un obstáculo, sino como una condición para construir soluciones comunes frente a la crisis ambiental. La protección de la naturaleza exige reconocer que los territorios indígenas no son únicamente parte del patrimonio ambiental de Colombia: son una condición para garantizar el presente y el futuro de la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
