En el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA 2026, se realizó el lanzamiento oficial del Séptimo Informe Nacional de Colombia ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este instrumento presenta los avances, desafíos y oportunidades del país en la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad 2030 y en el cumplimiento del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.
La invitación extendida a Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, expresa el reconocimiento a la participación que hemos tenido los Pueblos Indígenas en este proceso y a la necesidad de mantener nuestra presencia en la construcción, el seguimiento y la implementación de la agenda nacional de biodiversidad.
El informe no puede leerse únicamente como un reporte técnico ante un escenario internacional. Su presentación tiene un sentido político más amplio: poner sobre la mesa el estado real de la biodiversidad en Colombia, los límites de lo alcanzado y la urgencia de avanzar hacia transformaciones estructurales. En un país marcado por la presión sobre los ecosistemas, los conflictos por el uso del suelo, el despojo territorial y las disputas sobre el modelo de desarrollo, la biodiversidad no puede seguir tratándose como un asunto aislado de los territorios.
En este contexto, resulta importante el reconocimiento entregado a la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, Edith Bastidas, por el proceso de actualización del informe. Más relevante aún fue el mensaje expresado durante el diálogo de alto nivel: no se optó por maquillar la realidad, sino por presentar una radiografía honesta del estado de la biodiversidad del país. Ese posicionamiento debe sostenerse en los hechos. Reconocer los desafíos es el punto de partida; lo decisivo es traducir ese diagnóstico en acciones concretas frente a las causas estructurales de la crisis ambiental.
Colombia enfrenta el reto de pasar de una etapa de alineación política y acumulación de iniciativas a una fase de escalamiento, financiamiento y transformación estructural que permita consolidar un modelo positivo para la naturaleza. Esta orientación exige profundidad. No basta con sumar programas, producir balances o incorporar nuevos lenguajes en la política pública. Se requiere una agenda capaz de articular biodiversidad, clima, ordenamiento territorial y transformación productiva, sin repetir fórmulas que han desconocido nuestros derechos y las realidades de los territorios.
Nuestros territorios son soluciones vivas y reales frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. En ellos hemos cuidado y defendido ancestralmente bosques, aguas, semillas, montañas, sabanas y múltiples formas de vida mediante sistemas propios de conocimiento, gobierno y relación con la Madre Tierra. Por eso, cualquier política que aspire a proteger la biodiversidad debe garantizar nuestra participación efectiva, reconocer los derechos territoriales y fortalecer las capacidades propias con las que hemos sostenido estos equilibrios durante generaciones.
Valoramos que el Séptimo Informe Nacional haya sido presentado como un ejercicio de articulación entre el Gobierno, los territorios, las comunidades afrodescendientes, las mujeres, las juventudes, la academia, el sector privado, la cooperación internacional y los Pueblos Indígenas. Sin embargo, esta articulación solo tendrá sentido si se traduce en incidencia real y en el reconocimiento de nuestro carácter de sujetos políticos y autoridades territoriales, no como actores periféricos de una agenda definida desde el centro.
En tiempos de transición política, el reto es garantizar la continuidad de los avances impulsados por el actual Gobierno y evitar retrocesos en la implementación de la agenda de biodiversidad. Lo construido debe consolidarse con voluntad política, capacidad institucional y recursos suficientes. La protección de la biodiversidad debe mantenerse como una prioridad material, política y territorial del Estado, articulada con la garantía de los derechos colectivos.
El lanzamiento del Séptimo Informe Nacional deja una exigencia clara: convertir el diagnóstico en decisiones, el reconocimiento en garantías y la articulación en transformaciones reales. Nuestra participación no es complementaria. Hace parte de la discusión central sobre cómo sostener la vida, proteger la biodiversidad y construir un horizonte ambiental justo para el país.
¡Defender los territorios es defender la vida!
