Denunciamos públicamente que el Gobierno nacional ha expedido dos iniciativas que buscan reglamentar el derecho fundamental de la consulta previa con los pueblos indígenas, de manera inconsulta. Esto representa una transgresión al Convenio 169 de la OIT y a las reglas fijadas por la Corte Constitucional para la garantía de nuestro derecho a ser consultados, lo cual resulta regresivo e inconstitucional.
Inicialmente, el 7 de septiembre del año en curso, el Ministerio del Interior publicó “el proyecto de decreto por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”, mientras que el 9 de septiembre se conoció la Directiva Presidencial No. 08, “Guía para la realización de la consulta previa”. Denunciamos que estas iniciativas no han tenido ningún espacio de concertación con los pueblos y comunidades indígenas, más aún cuando denotan procedimientos que involucran un derecho fundamental para grupos étnicos. En este contexto, se desconoce directamente uno de los principios esenciales de la consulta, el de buena fe, que debe guiar todas las actuaciones de las partes para lograr un entendimiento y confianza en condiciones de igualdad.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la protección del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas ha sido reiterada y son claras las reglas que deben cumplirse para su materialización. Los nuevos intentos del Gobierno nacional ignoran estas reglas mínimas y pretenden imponer, de manera unilateral y sin consultarnos, procedimientos que le “facilitan” la instrumentalización de nuestro derecho fundamental, lo que limita su alcance y sus efectos, y deriva a su vez en una violación indirecta de nuestros derechos fundamentales.
Seguimos evidenciando cómo el Gobierno nacional está decidido a desconocer este mandato, por la ya denunciada propuesta del “Protocolo general de bioseguridad para el proceso de consulta previa, con las comunidades indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia y en general de comunidades étnicas”, que rechazamos con vehemencia por inconsulta, impertinente e inaplicable y que fue derogada por estas razones.
Vemos también con alarma que el Ministerio del Interior insiste, y así se lo ha dejado saber a los gremios económicos, en adelantar consultas virtuales y en condicionar su procedencia a la “conectividad” y a la voluntad del pueblo o la comunidad titular del mismo, así como aumenta indebidamente la presión a los pueblos auto aislados que están padeciendo los efectos nocivos de la pandemia.
