La Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), participó en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, realizada en Cartagena. Este evento reunió a actores internacionales, organizaciones sociales y gobiernos de diferentes países, con el propósito de fomentar el diálogo y la cooperación internacional frente a los desafíos que enfrentan las comunidades rurales en la seguridad de la tenencia de la tierra.
Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena, presentó y posicionó el análisis construido colectivamente por las organizaciones indígenas de Colombia y las autoridades tradicionales que integran la CNTI. En cumplimiento de este mandato colectivo, expresó la necesidad urgente de revisar las políticas agrarias y de tierras, enfatizando que los Pueblos Indígenas, como actores históricos en la defensa de los derechos territoriales, no podemos seguir siendo excluidos de las decisiones que afectan nuestros territorios y la pervivencia de nuestros pueblos.
Durante su intervención, Camilo Niño recordó que las comunidades y Pueblos Indígenas hemos sido históricamente despojadas, desplazadas y violentadas en nuestros territorios, y que la participación en espacios internacionales como este tiene como propósito seguir luchando por la justicia territorial, la dignidad y el respeto a los derechos ancestrales.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el llamado a reescribir el Pacto Contrarreformista de Chicoral —símbolo de exclusión agraria en Colombia— y a retomar el espíritu constituyente de 1991, para exigir, de manera colectiva, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto por la diversidad étnica y cultural que enriquece al país.
La Secretaría Técnica Indígena de la CNTI destacó que este evento representa una oportunidad para impulsar una transformación real de las políticas agrarias, en la que la unidad de los Pueblos Indígenas sea el eje fundamental. Subrayó que las luchas de los pueblos indígenas no son homogéneas, pues cada pueblo mantiene una relación particular, material y espiritual con su territorio; sin embargo, todos comparten una historia común de despojo, resistencia y afirmación cultural.
En este marco, la STI de la CNTI posicionó tres principios esenciales para construir una verdadera reforma agraria que respete y garantice los derechos territoriales de los Pueblos indígenas:
Reconocer, respetar y proteger la diversidad de las relaciones tradicionales con el territorio y la naturaleza, entendiendo que estas son la base de sus sistemas sociales, económicos y culturales.
Comprender que la posesión tradicional o ancestral indígena no puede reducirse a un concepto de propiedad civil, sino que abarca una red compleja de relaciones materiales y espirituales que deben ser salvaguardadas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Garantizar la identificación propia, el respeto y la protección de los territorios y espacios sagrados, reconociendo su carácter esencial para la autonomía y la pervivencia de los pueblos indígenas.
El llamado de la STI de la CNTI en esta Conferencia no sólo resalta la importancia de la lucha indígena por sus territorios, sino también la necesidad urgente de una reforma agraria intercultural y diferenciada, que contemple las especificidades de los pueblos originarios y respete sus derechos históricos.
La unidad de los Pueblos Indígenas y la cooperación internacional son claves para garantizar que nuestros derechos sean plenamente reconocidos, respetados y protegidos en todos los niveles jurídicos y políticos.
Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia.
Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada de agresiones desde 2022.
A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres.
Las mujeres en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio, como muestra este especial periodístico a través de las historias de cuatro defensoras en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta.
Las constantes amenazas contra la vida, el desplazamiento forzado y los sistemas de protección que no siempre funcionan se volvieron parte de la cotidianidad de los defensores del ambiente y el territorio en Colombia. En el caso de las mujeres, no sólo enfrentan los retos y peligros inherentes a ser mujeres, sino que también deben lidiar con violencias específicas que difieren de las que sufren sus compañeros.
Waira Jacanamijoy, artista y lideresa del pueblo inga, confiesa que no sabe cómo sigue viva, pues se ha enfrentado desde muy joven a los actores armados en la Bota Caucana, entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, que han querido controlar el territorio y sembrar cultivos de coca. Y es que, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales y del territorio entre 2012 y 2023, con 461 asesinatos, seguida de Brasil (401), Filipinas (298), México (203) y Honduras (149). El año más crítico fue 2023, pues 79 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas en el país, la tasa anual más alta para una nación desde que Global Witness documenta casos.
Leonardo González, director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), comenta que la muerte es el caso extremo de las violaciones de derechos humanos contra los y las líderes, además de que las defensoras deben enfrentar una gama de violencias que incluyen el acoso judicial, amenazas a sus familias, estigmatización, criminalización, desplazamiento y violencia sexual.
El Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia) en su artículo “La verdad y la lucha de las lideresas sociales” advierte que muchas de ellas han sido amenazadas junto con sus familiares, especialmente sus hijos. Según la organización, “para las mujeres es más costoso continuar con su liderazgo si esto implica perder sus lazos familiares, en un entorno en el que ellas mismas son las que sostienen económica y emocionalmente sus redes de cuidado”.
Eso precisamente ha llevado a que Marlén Arévalo replantee si quiere seguir defendiendo al río Guamal de la explotación petrolera en los Llanos Orientales, pues durante más de una década ha recibido amenazas contra ella, su esposo y su hija.
Marlén Arévalo ajusta su turbante en su casa en el departamento del Meta, antes de salir a ordeñar las cabras junto a su esposo Edgar. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
Las cifras de las diversas organizaciones que trabajan con violencias en contra de líderes en el país varían dependiendo de la metodología que utilicen, pero todas revelan escenarios preocupantes. Por ejemplo, el Programa Somos Defensores registró 135 amenazas, 24 asesinatos, 14 atentados, 12 desplazamientos forzados, tres secuestros, dos casos de tortura, dos hechos de violencia sexual y una judicialización contra mujeres defensoras en Colombia en 2023.
Los informes de las organizaciones sociales también han documentado de manera sistemática la violencia contra liderazgos ambientales de mujeres, especialmente en zonas de expansión de actividades extractivas, narcotráfico, minería ilegal y ganadería extensiva. “Todas (estas economías) están protegidas por grupos armados ilegales, por la impunidad y por la falta de acción del Estado”, afirma Leonardo González, director de Indepaz.
Enormes dificultades para ejercer el liderazgo
Las mujeres no sólo deben estar al frente de los procesos organizativos, sino que también se les exige no abandonar sus roles de esposas y madres. La violencia a las defensoras “trasciende del conflicto y se enmarca en un contexto de discriminación asociado al lugar de la mujer en la sociedad. Se les castiga por estar en las calles, por tomar una voz y hacer reclamos en lo público, por no vivir una vida silenciosa únicamente a cargo del cuidado de un hogar. Por no cumplir con las expectativas que se tienen de ellas”, enuncia el artículo de Dejusticia.
Cuando las mujeres empiezan a ocupar espacios que tradicionalmente han sido de los hombres, su trabajo se multiplica, pero también es demeritado. “El trabajo de la mujer no se valora igual que el del hombre. Un hombre es líder y ya. A una le toca, en cambio, estar pendiente de la casa, de los hijos, de los animales”, manifiesta Jani Silva, lideresa y cofundadora de la Zona de Reserva Campesina La Perla, en el departamento de Putumayo.
En el caso de las mujeres indígenas, a su labor de liderazgo se suma la de transmitir los conocimientos en las comunidades. El liderazgo indígena es generacional, como lo explica la investigadora Fabiola Caspud del Comité Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). “Las mujeres indígenas, líderes y sabedoras tejen procesos y han permitido también fortalecer la identidad cultural. Y esos liderazgos han sido también heredados por esas ancestras que han dejado el legado de la protección y defensa del territorio. Es importante visibilizar estos liderazgos para sembrar esa semilla en otras mujeres jóvenes para que se continúen con los procesos indígenas”, afirma Caspud, quien añade que cuando amenazan, desplazan y asesinan a una lideresa indígena, acaban con el legado y el traspaso de conocimientos.
Viviana Gómez, de CNTI, asegura que las violencias hacia las mujeres tienen impactos colectivos, donde no sólo está en riesgo su vida y trabajo, sino también la vida de las comunidades, como ocurrió con el asesinato de Carmelina Yule, una mujer indígena nasa de Toribío (departamento del Cauca).
Yule era una dirigente reconocida por defender los derechos de la mujer indígena y luchar contra el reclutamiento de menores de edad para la guerra. En marzo de 2024, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, que opera en el Cauca, le disparó tras rescatar a un joven reclutado forzosamente. En 2021 ya habían atentado contra su vida al atacar su vivienda y uno de sus hijos murió en ese episodio. El año anterior, otro de sus hijos murió en circunstancias que aún no son claras, pero la lideresa responsabilizó al EMC. Tras el asesinato de Yule, el presidente Gustavo Petro levantó el cese bilateral con las disidencias en el Cauca.
Las investigadoras del CNTI insisten en que las amenazas y ataques contra las defensoras indígenas son un atentado contra las bases de las comunidades. “Cuando se ataca a una lideresa indígena, se ataca y se corta un saber y se acentúan problemas estructurales”, resalta Gómez.
Domingo en el río Humadea, septiembre de 2024. Decenas de personas disfrutan del afluente que Marlen Arévalo y Edgar Cruz defienden. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
En noviembre de 2024, durante la conmemoración del día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, ONU Mujeres presentó cifras de las violencias basadas en género contra las personas defensoras en Colombia: en 2023 hubo un aumento del 203%. Sólo para el primer semestre de 2023 hubo 3555 casos reportados de amenazas, hostigamientos y desplazamiento, en comparación con 1763 casos registrados en el mismo periodo de 2022.
En la Amazonía y Orinoquía colombiana no son sólo las mujeres indígenas quienes enfrentan los impactos colectivos de las amenazas a sus liderazgos. Jani Silva, una mujer campesina del Putumayo que fue parte del equipo que ayudó a la creación de la Zona de Reserva Campesina La Perla, y quien fue candidata a recibir el Nobel de Paz en 2023, se ha enfrentado a grupos armados y a las empresas de hidrocarburos en el departamento. Su lucha la ha llevado a recibir más de diez amenazas en los últimos cinco años.
A raíz de estas amenazas, que vienen de todos los grupos armados que operan en la zona, Silva ha tenido que abandonar el territorio en varias oportunidades. Por ejemplo, recuerda que en 2021 fue declarada objetivo militar y tuvo que encerrarse en su casa 15 días y abandonar el municipio durante un mes. “Yo lo primero que pensé fue en mis nietas, que por esos días se mantenían aquí en la casa con su mamá, mi hija. Casi me vuelvo loca”, manifiesta la lideresa.
Lideresas estigmatizadas y criminalizadas
Las violencias contra las defensoras desarmonizan los territorios y a las comunidades. Es por eso que, desde su informe ‘Mujer y territorio’, la CNTI le hace un llamado al Estado para garantizar y reconocer la legitimidad de la labor de las defensoras, escuchar sus demandas y no estigmatizar su defensa.
Y es que la estigmatización ha sido una constante en la vida de muchas mujeres que alzan la voz. Como lo explica Leonardo González, este flagelo ha servido históricamente como herramienta para deslegitimar a ciertos grupos sociales y justificar actos de violencia en su contra.
Jani Silva fue una de las promotoras de la creación de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en el año 2000, que reúne a más de 600 familias en 22.000 hectáreas. Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La historia de Silva es la prueba de cómo su vida ha estado en riesgo constante por el simple hecho de ser una mujer campesina. “Decían que la figura de las Zonas de Reserva Campesina era uribista. Y [el entonces presidente] Uribe, por otro lado, decía que eran repúblicas independientes para las guerrillas. Era una brutalidad total, y nosotros ahí, en el medio, sin saber qué hacer”, relata Silva.
Otra premisa que se repite en contra de los liderazgos es que si se oponen a las actividades extractivas son enemigos del progreso.
El observatorio de la CNTI registra 715 asesinatos de indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz y el 17 % representaban cargos de dirigencia en las comunidades y territorios étnicos. “La violencia es la amenaza latente contra la vida de los y las defensoras indígenas, una amenaza al mandato y a las estructuras político organizativas y ancestrales que se oponen a las economías extractivas en los territorios”, manifiestan Viviana Gómez y Fabiola Caspud de la CNTI.
La ONU advierte que las mujeres, y aún más las indígenas y afrodescendientes, enfrentan desafíos particulares con relación a la estigmatización, pues suelen ser señaladas por algunas autoridades locales o actores con intereses económicos en los territorios.
La criminalización también es otra forma de ataque y mordaza contra la defensa del ambiente y el territorio. Global Witness, en su informe de 2023, advierte que esta táctica se ha convertido en una “estrategia clave para restar autoridad a los movimientos en defensa de la tierra y el medioambiente e interrumpir sus actividades y actualmente es la táctica que más se utiliza para silenciar a las personas defensoras de los distintos países”.
Marlén Arévalo conoce este tema de cerca, ya que vio cómo sus compañeros fueron criminalizados y enfrentaron procesos judiciales por la defensa del territorio ante la estatal petrolera colombiana. En 2018 empezaron a circular por redes sociales volantes con el logo de la Policía Nacional en los que informaban la captura de siete líderes ambientales en el departamento del Meta. Eran defensores y defensoras del río Guamal. En los papeles se encontraban frases como: “Inició su actuar delictivo como presidenta de la Junta de Acción Comunal”.
Marlén Arévalo y Edgar Cruz junto a sus cabras en el departamento del Meta, vistiendo camisetas de Cropohumadea con un mensaje en defensa del agua. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
Arévalo dice que estos señalamientos ponen aún más en riesgo su vida y la defensa del territorio: “Nos han puesto en riesgo nuestra vida, porque eso hace que la misma comunidad nos tenga entre ojos, porque supuestamente estamos atentando contra los intereses de los que quieren trabajar con la industria”.
Además de esto, los mecanismos de protección para los líderes, implementados por el Estado colombiano, son insuficientes. Aunque el Gobierno ha adoptado algunas medidas, como la firma del Acuerdo de Escazú, que busca proteger a los defensores ambientales, su implementación ha sido limitada. “La falta de voluntad política ha impedido que las medidas de protección lleguen a las zonas más afectadas”, afirma Leonardo González, de Indepaz.
Una protección sin soluciones a la vista
Las defensoras resisten en sus territorios mientras se sortea una reconfiguración de los poderes armados y políticos en cada una de las regiones colombianas. Según el último informe de Global Witness, los tres departamentos con mayor número de asesinatos registrados de líderes ambientales son Cauca (26), Putumayo (7) y Nariño (6), “donde quienes defienden la tierra y el medioambiente han quedado atrapados en el fuego cruzado”.
De hecho, el pueblo siona del departamento de Putumayo fue confinado durante más de 10 días por el enfrentamiento entre el grupo armado Comandos de Frontera y las disidencias Carolina Ramírez de la antigua guerrilla de las FARC en 2023. Los dirigentes del resguardo Buenavista y Piñuña Blanco fueron amenazados y algunos desplazados. Jani Silva estuvo en una lista de líderes amenazados por los armados.
La Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas, sólo para la región amazónica, entre 2023 y 2024. Un comunicado de marzo del año pasado dice que “otros riesgos han emergido para personas defensoras del ambiente, particularmente liderazgos campesinos e indígenas, que se han opuesto o han denunciado las afectaciones al territorio y a los procesos sociales y organizativos en contextos en los que se implementan economías legales, como la explotación de hidrocarburos o donde se implementan proyectos REDD+ de bonos de carbono”, dice el documento de la alerta temprana.
La lideresa vive en un resguardo Inga ubicado en Yurayacu, en el sur de Colombia. Foto: Diana Pachón.
Colombia ha avanzado en el tema normativo para la protección de los defensores y se ha vinculado a acuerdos internacionales que buscan la protección de quienes defienden el medioambiente. El país celebró en agosto de 2024 la ratificación del Acuerdo de Escazú, pues es la primera vez que un tratado internacional dedica un artículo a la protección de líderes. “El artículo 9 establece que los Estados partes deben garantizar entornos seguros y propicios para que los defensores del medioambiente puedan actuar sin ser perseguidos, amenazados o asesinados. Esto es particularmente urgente en un país como Colombia, donde la impunidad prevalece en muchos de estos casos”, comenta González.
Sin embargo, las victorias son agridulces. La ONG Paz y Reconciliación (PARES) e Indepaz han informado que poco se ha hecho para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y del Decreto 660 de 2018, que regula la creación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios. Este último proyecto tiene como objetivo adoptar medidas de protección y prevenir la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad, además de establecer un plan de trabajo específico con las organizaciones sociales para su protección.
En el informe de gestión del Decreto, hecho en 2023 por la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, se muestra un escaso avance. Desde abril de 2018 hasta julio de 2023, 42 organizaciones defensoras de derechos humanos fueron escogidas como beneficiarias de las medidas del decreto, pero ninguna ha logrado la implementación completa.
El problema, como manifiestan los y las líderes, es la implementación de los reglamentos, resoluciones y políticas que se formulan. La Corte Constitucional, a finales de 2023, alertó en un fallo judicial por la vulneración sistemática, masiva y permanente del derecho a defender los derechos humanos, evidenciando la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de líderes, además de ordenarle al Estado hacer seguimiento efectivo al riesgo que enfrentan los defensores, valorar las rutas de protección colectiva en los municipios en los que el nivel de riesgo es mayor, establecer los lineamientos generales para la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos, entre otras medidas.
La Corte también le pidió a la sociedad civil realizar el acompañamiento y seguimiento a la implementación de las medidas para la protección y en abril de 2024 se creó la Comisión de Seguimiento con 17 organizaciones para realizar una mesa de interlocución con el Estado y dar cumplimiento de las órdenes de la sentencia.
Waira Jacanamijoy ha sido promotora de Yachaicury, una escuela con un modelo indígena, para crear sentido de pertenencia en los jóvenes de la comunidad. Foto: Diana Pachón.
La tarea no ha sido fácil. En términos de protección, la CNTI advierte que es indispensable que se adopte un enfoque étnico y de género, ya que los repertorios de violencia son distintos en hombres y en mujeres, pero también entre mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes.
En el caso de la lideresa indígena Waira Jacanamijoy, la defensora renunció a los dos guardaespaldas que la acompañaron durante cinco años, tras sentirse como una prisionera en su territorio amazónico.
En otros casos, el esquema de protección no sólo no tiene un enfoque de género, sino que es insuficiente para el nivel de amenaza que enfrentan las defensoras, tal como relata Marlén Arévalo, quien lleva varios años solicitando un sistema de protección eficiente, más allá de un chaleco antibalas y un celular para llamar en caso de riesgo. “Las medidas eran insuficientes, a Edgar (su esposo) le dieron un teléfono para que llamara cuando le iban a meter un tiro en la cabeza”, dice la defensora.
Lo cierto es que en medio de un recrudecimiento de la violencia en Colombia, las mujeres indígenas y campesinas siguen resistiendo en su territorio, desafiando los proyectos extractivos y defendiendo la tierra, mientras los grupos armados continúan amenazando, desplazando y estigmatizando la defensa territorial y ambiental.
*Nota del editor: Este reportaje fue modificado el 5 de marzo de 2025. Para garantizar la seguridad de una de las defensoras que hacía parte del especial, se eliminaron todas sus menciones en este texto.
*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
En el Encuentro Nacional del Agua y la Energía Renovable 2024 se expusieron los resultados de la COP16, las oportunidades en la implementación del Plan Nacional de Biodiversidad, y se habló de la importancia de fortalecer los vínculos agua, biodiversidad y energía para enfrentar la crisis que ha vivido, particularmente, Bogotá.
Por: Cristina Esguerra Miranda, TNC y Laura Garzón Acosta, WWF
Tomado de El Espectador
El protagonista de los Encuentros por el Agua 2024 fue la sequía, que contrastó con las fuertes lluvias e inundaciones que, recientemente, vienen afectando a distintas regiones. Como mencionó Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, en todos encuentros regionales, los más de 400 participantes señalaron la necesidad de abordar los retos del agua con un enfoque de integralidad que responda no solo a las coyunturas, sino a los escenarios de vulnerabilidad a mediano y largo plazo. También hablaron de garantizar la participación eficaz de todos los actores, especialmente de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y locales, en la toma de decisiones, y la urgencia de movilizar recursos financieros de fácil acceso para proyectos de conservación.
De acuerdo con Claudia Álvarez, directora ambiental de ISAGEN, “en los encuentros regionales fue evidente la importancia de contar con información adecuada y planear el desarrollo económico de las regiones y los centros urbanos, pensando en su capacidad de abastecimiento hídrico y energético, con el fin de evitar coyunturas de escasez”.
Fueron temas que se alinearon con los resultados de la COP16, un evento determinante para Colombia y el mundo para posicionar el rol de la naturaleza en un contexto de crisis climática, tanto en las decisiones adoptadas por los países parte del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), como en los anuncios e iniciativas llevadas a cabo por múltiples actores.
Uno de los grandes logros fue la creación del órgano subsidiario 8J, una decisión trascendental para garantizar una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el trabajo realizado dentro del CBD. También se reconoció el rol de los afrodescendientes como actores clave para la conservación de la biodiversidad.
“Este es un paso histórico para avanzar en nuevos esquemas de gobernanza, en donde se asegure una interlocución diferente entre los gobiernos nacionales y subnacionales con las autoridades indígenas y comunitarias en la toma de decisiones sobre gestión ambiental en los territorios”, comentó Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia.
Como bien cuestionó Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, “¿por qué aún no llegamos a entender que el agua es un bien colectivo y no sólo un servicio? El agua no es algo ajeno al territorio, para nosotros es algo integral, por ello creemos que para lograr las metas que nos hemos planteado como humanidad, debemos hablar de la protección de la integridad territorial, integridad de todos los elementos que componen esos sistemas: como sistemas de vida´´.
Para dimensionar la importancia de los Territorios y Resguardos Indígenas en la conservación de la biodiversidad en Colombia, basta con observar algunas cifras producidas por el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI: el 50% de los bosques del país se encuentra en Resguardos Indígenas, al igual que el 11,13% de la extensión de los páramos. Además, el 9,22% de las Áreas Protegidas del país y el 17,1% de los Parques Nacionales Naturales coinciden con territorios indígenas.
De las cinco Reservas de la Biosfera en Colombia, tres de ellas (El Tuparro, Cinturón Andino y Sierra Nevada de Santa Marta) incluyen Resguardos Indígenas. Por último, de los 12 humedales de importancia internacional reconocidos bajo la Convención RAMSAR, cinco se traslapan con Resguardos Indígenas, representando el 12% de la extensión total de estos ecosistemas en el país. Cifras que evidencian la importancia de la protección territorial y de la participación de los Pueblos Indígenas en la toma decisiones en todos los niveles.
Panel 2 conformado por: Natalia Acero Martínez, Líder de Gestión Integral de Cuencas y Recursos Hídricos de TNC Colombia; Nathasha Avendaño, gerente de Empresa de Acueducto de Bogotá; Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, dirección gestión integral del recurso hídrico de la Secretaría Distrital de Ambiente; Marta Cecilia Díaz Leguizamón, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN; David Millán, asesor del Viceministro de Vivienda y Yesid González, director Ejecutivo de ASOCARS. Foto: Agencia Doble A
La naturaleza, esencial dentro de las agendas de acción de cualquier sector Incorporar la biodiversidad, el agua y los servicios ecosistémicos de los territorios en las agendas de acción de los distintos sectores productivos del país fue otro de los principales éxitos de la COP16.
La palabra “financiamiento” fue la gran protagonista. ¿Cómo financiar los proyectos de naturaleza que aporten a las metas de reducción de la pérdida de biodiversidad, disminuyan la contaminación y ayuden a reducir la emisión de gases de efecto invernadero?
La respuesta podría encontrarse en las reflexiones sobre el nivel de ambición que se tenga para transformar realmente los modelos de desarrollo. La naturaleza está jugando un papel cada vez más relevante, especialmente en las agendas de biodiversidad y clima.
El sector empresarial viene entendiendo cuáles son los impactos, riesgos, dependencias y oportunidades de sus procesos en torno a los asuntos de la naturaleza como la biodiversidad, el agua, el suelo, entre otros. Por ese motivo, la ANDI lanzara la ruta Biodiversidad + Empresa para ayudar a las compañías en el proceso de repensar su relación con los recursos naturales.
“Este instrumento está listo para ponerlo al servicio de las empresas y del gobierno nacional para apalancar la puesta en marcha del Plan Nacional de Biodiversidad”, comentó Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) durante el primer panel de la jornada.
¿Y el sistema financiero qué rol juega en la conservación? Otro de los temas abordados fue el papel del sistema financiero en la movilización de recursos a la biodiversidad. Daniel Lacoutere, director de Sostenibilidad de Asobancaria, destacó que integrar las agendas clima y de naturaleza puede ayudar a movilizar mucho más rápido los recursos.
Según explicó, una de las principales barreras de movilización de recursos para proyectos de naturaleza está en el proceso de identificar el cumplimento de los objetivos, por ejemplo, si se restauró un ecosistema o si se descontaminó un río, así como lograr los cierres financieros.
El camino para avanzar en la financiación de proyectos de naturaleza de manera más rápida es la integración de las agendas. Como bien explicó, el financiamiento combinado es otra alternativa que permite distribuir los riesgos entre distintos sectores de la sociedad; el crédito directo no es la única solución, sino parte de ella.
Con estas necesidades en la mira, Asobancaria lanzará el Sistema Nacional de Biodiversidad y Adaptación (SINBA), que busca determinar la forma en que se deben movilizar los recursos y entender qué se está financiando en proyectos de naturaleza y gestionar los riesgos. También destacó el involucramiento de las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y campesinos porque, justamente, son estas comunidades las que habitan las zonas más biodiversas.
Los retos para garantizar la seguridad hídrica del país a la luz de la crisis en Bogotá Desde que arrancó el 2024, los colombianos han visto distintas manifestaciones del cambio climático. En enero, la sequía causada por el fenómeno del Niño generó y facilitó la propagación de incendios que afectaron la biodiversidad y la calidad del aire de varias ciudades, incluyendo la capital. Dos meses después, en la segunda semana de abril, la Alcaldía de Bogotá comenzó a implementar cortes de agua en la ciudad, porque el volumen total del sistema de embalses que la abastecen era de 45,17%, según cifras del acueducto del distrito.
“Este ha sido el año más seco desde 1995, con el agravante de que, a diferencia de 1994, que fue un año con bastantes afluencias al sistema, 2023 fue un año seco”, explicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su intervención en el encuentro.
En junio, la Alcaldía flexibilizó las medidas del racionamiento, no porque se hubieran cumplido las expectativas de lluvia (para esa época se esperaba la llegada del fenómeno de La Niña), sino porque habían logrado aumentar la capacidad de agua proveniente del sistema de Tibitoc, y ello permitía bajarle la presión al de Chingaza, que proveía el 70% del agua consumida en la ciudad. Según el alcalde, hoy el sistema de Tibitoc trae el 50% del agua de Bogotá.
En la primera mitad de noviembre, los esperados aguaceros llegaron con tal fuerza que el país y la capital comenzaron a sufrir inundaciones. “Estamos viendo la otra cara de la moneda del cambio climático, que son las inundaciones en la cuenca alta del río Bogotá”, dijo Natalia Acero, líder de agua de TNC Colombia.
Por ese motivo, durante el panel sobre la crisis hídrica de Bogotá se enfatizó en la importancia de proteger la naturaleza para mitigar y adaptarnos a fenómenos naturales en todo el país par no llegar a situaciones como las que ha vivido Bogotá a lo largo de 2024.
“Estos desequilibrios también se generan por la forma como estamos manejando nuestros ecosistemas. No los estamos viendo de manera integral, y ello rompe la armonía natural. Por ejemplo, los páramos no pueden ser fábricas de agua si no cuidamos su vegetación”, explicó Marta Cecilia Díaz, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales.
“Hemos tendido a gestionar nuestros sistemas de abastecimiento de agua y de energía con infraestructura gris. Hacemos embalses, canalizamos ríos para evitar que se desborden, pero nos falta, no solo desde lo conceptual, sino también desde lo estructural y financiero, vincular a la naturaleza como parte del sistema de abastecimiento de agua”, añadió Acero.
Bogotá ya ha venido incluyendo la protección y restauración de la naturaleza como parte del plan para garantizar el abastecimiento de agua de la ciudad. Según explicó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, esta última lleva más de 70 años comprando predios en zonas estratégicas para la protección de los ecosistemas asociados a la producción de agua, principalmente en el páramo de Chingaza y el de Sumapaz. “Esas inversiones en infraestructura verde no solo nos van a permitir ser resilientes, sino también mejorar la calidad del agua”, dijo Avendaño.
Durante el panel también se profundizó en los desafíos de abordar este tipo de crisis por la manera como se ha organizado el territorio y la cantidad de actores involucrados. “No estamos hablando solo del alcalde de Bogotá, sino también de los de los distintos municipios que componen la región”, dijo Yesid González, director de ASOCARS (Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales). Cada municipio del país tiene características e intereses distintos, que, como señaló Fabián Mauricio Caicedo, director de la Gestión Integral del Recurso de la Secretaría de Ambiente, pueden llevar a una desarticulación a la hora de abordar los desafíos de la crisis climática. “Cada uno está cumpliendo su propósito loable, pero en últimas se pueden estar perdiendo esfuerzos técnicos y financieros”, dijo. Por ello, ambos resaltaron la importancia del trabajo articulado, tal como lo evidenciaron los encuentros por el agua realizados durante el 2024 en Antioquia, Santander, Caldas, Meta, Amazonas y Bogotá.
“Como sociedad, ya hay conciencia de que tenemos un reto grande que enfrentar, y estamos reaccionando desde el Estado, las empresas, los gremios, las comunidades, la academia”, afirmó David Millán, asesor del viceministro de Vivienda. Añadió que las medidas tomadas para abordar estas crisis debían tener en cuenta su implementación en cada territorio del país, y en los respectivos planes de desarrollo.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Agencia Doble A
El plan para garantizar la seguridad hídrica de Bogotá Además del racionamiento y de diversificar las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad con el sistema de Tibitoc, el alcalde de Bogotá explicó otras de las medidas que están tomando para garantizar la seguridad hídrica de la ciudad hoy y hacia el futuro. Por ejemplo, las 60.000 viviendas de interés social que se construyan en los próximos cuatro años tendrán un sistema de optimización de agua lluvia y aguas grises. Además, la línea 1 del metro, actualmente en construcción, tendrá la capacidad de almacenar 2.165m3 de agua lluvia.
También están impulsando la puesta en marcha de la PTAR Canoas, que busca resolver el manejo de aguas residuales de la ciudad. “Es el proyecto ambiental más importante de Colombia y Latinoamérica”, señaló el alcalde. Esta recibirá aguas residuales de las cuencas de Fucha, Tunjuelo, Tintal, y el casco urbano del municipio de Soacha, lo que representa el 70% de las aguas residuales de Bogotá. Ello no solo tendrá impacto en la cuenca del río Bogotá, sino también en la del Magdalena.
Adicionalmente, se ha venido trabajando en la estructuración de un proyecto a largo plazo del Fondo Verde del Clima (un mecanismo financiero creado en la COP16 de cambio climático para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder a los desafíos de la crisis ambiental), que será clave para garantizar la seguridad hídrica de la ciudad. “Vamos a aumentar la captación del río Bogotá, y ello implica hacer una inversión para restaurar y conservar toda la cuenca”, explicó el alcalde. El proyecto, que tendrá una inversión de $92 millones de dólares, propone acciones de restauración y conservación en 172.499 hectáreas en áreas altamente vulnerables al cambio climático.
Los Nukak son uno de los pocos Pueblos Indígenas nómadas que existen en la actualidad. Su estilo de vida se ha centrado históricamente en la caza, la pesca, los tejidos de los canastos y la recolección de alimentos, un pueblo originario que ha desarrollado una profunda conexión con la selva amazónica, utilizando su conocimiento ancestral y tradicional para vivir en armonía con la Madre Tierra.
Los ríos que serpentean a través de su territorio no solo son fuentes de vida, sino también despensas naturales. Los Nukak, practican la pesca utilizando métodos que van en armonía con la naturaleza, como el uso de anzuelos realizados de la corteza de los árboles. Este Pueblo Indígena, es conocedor y experto en identificar las plantas y frutas comestibles. Su base alimentaria se fundamenta de frutas silvestres como el aguaje, guayabas, guamuchona, chontaduros, entre otras aprovechando la riqueza de la biodiversidad que su hogar les ofrece como una fuente de nutrición.
Aunque históricamente este Pueblo Indígena ha mantenido un equilibrio respetuoso con su entorno, los Nukak se vieron obligados a ser contactados recientemente debido a que enfrentan numerosos desafíos y problemáticas. La presión de la expansión agrícola, la deforestación y la minería en la región han afectado su habitad y el Buen Vivir de los Nukak en su territorio.
El territorio habitado por el pueblo Nukak ha sido testigo de diversas formas de violencia, presentando un panorama alarmante. Esta comunidad indígena ha enfrentado amenazas constantes, muchas derivadas por la explotación descontrolada de su habitad en la región. La extracción ilegal de madera, la minería no regulada y otros intereses económicos han generado tensiones y conflictos en el territorio de este pueblo ancestral
Además de las tensiones derivadas por la explotación de su territorio, la violencia ha impactado directamente a la población Nukak. Se han documentado casos de desplazamiento forzado y violencia sexual, lo que ha contribuido significativamente a la vulneración de sus derechos humanos, fundamentales y territoriales. La falta de protección efectiva de sus derechos ha dejado a los Nukak en una posición preocupante, expuestos a una serie de amenazas que afectan no solo su integridad física, sino también su identidad cultural, su modo de vida ancestral y tradicional.
Debido a que ha sido un Pueblo Indígena contactado recientemente con otras comunidades y la sociedad en general, los Nukak presentan dificultades con la comunicación, ya que el dominio del español es muy diferente a su lengua materna como principal medio de expresión, convirtiéndose en un obstáculo para manifestar sus inquietudes, necesidades y problemáticas a instancias externas como para comprender las dinámicas sociales y los cambios afectan.
Por otro lado, de la diversidad de circunstancias ya mencionadas dentro del escenario del desplazamiento, existe una amenaza con la preservación de la identidad cultural Nukak Baká, además del aumento significativo en el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas entre los jóvenes y niños, alejándolos de sus costumbres ancestrales y de los saberes transmitidos por los ancianos y ancianas sobre sus rituales, prácticas tradicionales e historias basadas a partir de su cosmovisión.
La presencia de grupos armados en el territorio del Pueblo Indígena Nukak, ha generado una serie de desafíos significativos que alteran el orden público y amenazan la seguridad y bienestar de esta comunidad ancestral. La imposición de la violencia y la inseguridad en su entorno ha tenido un impacto directo en la capacidad de los Nukak para llevar a cabo sus prácticas tradicionales, movilizarse libremente en su territorio y preservar su espiritualidad, usos y costumbres.
En medio de este escenario y de acuerdo con los testimonios de los miembros de este Pueblo Indígena, los Nukak fueron ubicados por la Alcaldía de San José del Guaviare, hace más de 10 años en un espacio que los ha dejado en confinamiento. Por ende, este pueblo originario solicita de manera urgente retornar a su territorio ancestral a un lugar, donde puedan recuperar su libertad para cazar, transitar y movilizarse sin restricciones.
Este llamado no solo representa una búsqueda de la seguridad jurídica de su territorio, sino también la preservación de su identidad cultural y espiritual. Regresar a su territorio les proporcionaría un ambiente propicio para mantener y transmitir su lengua a las futuras generaciones, así como preservar sus prácticas tradicionales que están intrínsecamente vinculadas a la Madre Tierra que consideran sagrada.
Durante el recorrido realizado por la CNTI con el pueblo Nukak, se pudo evidenciar una realidad compleja y preocupante. De acuerdo con lo que manifiestan, los colonos y terceros utilizan expresiones como que «no pueden caminar por la montaña» negándoles la libre movilidad y desconociendo esa profunda conexión que los Nukak tienen con su territorio. Por otro lado, se evidenció una vulneración la seguridad alimentaria debido a que la entrega de mercados proporcionados por la alcaldía está generando impactos negativos en la base alimentaria tradicional de los Nukak.
La Institución Educativa el Sesteadero (IES), se encuentra ubicada en la vereda el Sesteadero en el municipio de Toribío, Cauca. Una Institución indígena que trabaja para transformar las vidas de niños, niñas y adolescentes que crecen en medio del conflicto y tomas guerrilleras de los grupos armados ilegales que han transitado por esta zona del Cauca históricamente.
En este lugar, con espacios como la música, la danza, la pintura y la educación propia como referente de dignidad y libertad, transforman las realidades de los niños, quienes a través de estas actividades desarrollan sus dones que sirven para el buen pensar, sentir y actuar en la comunidad.
Sin embargo, “muchos niños, niñas y adolescentes se han visto en la necesidad de renunciar a la educación. La violencia estructural que padece el municipio ha impedido que los niños no puedan desarrollar una vida en equilibrio, acorde a los usos y costumbres” comentó una docente a la IES, quien se reserva el nombre.
La afectación por la violencia se ve reflejada en la identidad cultural y en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes indígenas en el marco del conflicto armado, pues el impacto que causa el reclutamiento forzado compromete directamente la identidad cultural y la posibilidad de la trascendencia de las comunidades indígenas.
Pese a los esfuerzos que realizan los docentes en la Institución del Sesteadero en el municipio de Toribío, la reconfiguración del conflicto armado después de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 se ha agudizado cada vez más, lo que ha implicado que el reclutamiento forzado de menores sea una práctica constante.
De acuerdo con la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo Regional Cauca, “el norte del departamento, particularmente en Toribío, Caldono, Corinto, Buenos Aires, Suárez y Caldono, se estarían concentrando las principales afectaciones por el reclutamiento forzado de NNA, quienes son llevados/as hacia zonas en disputa, expansión o consolidación. Algunos se quedan en los territorios donde son reclutados, afectando gravemente sus propias comunidades”.
Así mismo, la Personería Municipal de Toribío reportó que en el año 2021 fueron conocidos 25 casos, de los cuales 21 fueron por amenazas y cuatro de reclutamiento forzado consumado efectivo. Para el año 2022 se reportaron 20 de los cuales 8 fueron reclutamiento forzado consumado y 9 consisten en amenaza de posible reclutamiento.
Estas dinámicas del conflicto han implicado un cambio en el tejido social de las familias y la comunidad. Pese a los esfuerzos de los docentes y las autoridades indígenas por frenar este flagelo, muchas han sido amenazadas por los grupos armados que operan en la zona, generando así desarmonía y desorden al interior de las comunidades y principalmente en la educación de los niños, niñas y adolescentes indígenas que viven en este territorio.
Ante este panorama, la IES de acuerdo con su plan de vida Proyecto Nasa, a través de la educación propia busca generar espacios armónicos, trabajando por el fortalecimiento desde lo propio con recorridos por el territorio, las danzas y la música se convierten en un eje para transformar la vida de los niños que viven en medio del conflicto y a su vez, para buscar apropiación cultural y del proceso de organizativo colectivo que va desde el cuidado de los ríos y los páramos como lugares sagrados que dan cuenta del origen como pueblo Nasa.
Se refuerza en los niños, niñas y adolescentes una identidad colectiva, cuya finalidad es inculcar el amor a la cultura, enseñando de una forma permanente en todas las etapas de su vida la importancia que representa pertenecer a su respectiva comunidad y de este modo, los niños indígenas aprenden a valorar primero su entorno cultural donde viven, su tierra y organización.
Se trabaja también desde la participación en las reuniones comunitarias, como otra forma en la que se transmite el conocimiento, donde las autoridades indígenas cuentan historias o relatos tradicionales a los niños con el fin de preservar los valores de su pueblo y contribuir a construir la identidad cultural en los más jóvenes. El saber ancestral es inculcado por medio de la música, la cultura, la naturaleza, los rituales y los mitos que resaltan la importancia de sus antepasados y la conexión con la naturaleza. Por eso, es de gran importancia que el niño haga parte de esas celebraciones.
El flagelo del reclutamiento no sólo trae como consecuencia una serie de afectaciones de carácter social y psicológico, sino que también afecta la educación y la identidad cultural, donde las comunidades indígenas se ven más afectadas. Puesto que no transmitir el conocimiento de su cultura, impide el libre desarrollo de su identidad.
“El reclutamiento forzado es una práctica infame y perversa que atenta no solo contra el niño y su familia, sino contra toda una colectividad, vulneran la construcción social al punto de fragmentar el tejido social de toda una comunidad” comentó Miguel* Autoridad Tradicional del Resguardo de Toribío. Al separar al niño de su pueblo, además de privarlo de la posibilidad de estar con su familia y todo lo que pueda heredar desde lo cultural, la comunidad va perdiendo parte de sus miembros, y cualquier miembro que falte, hace que se empiece a romper esa conexión social y cultural que existe dentro del territorio.
Trabajar en las prácticas pedagógicas enfocadas en la identidad cultural para contrarrestar el reclutamiento forzada ha implicado un reto para la IES, pues deben enseñar a los niños a educarse desde el sentir, pensar y el hacer desde el corazón Nasa, para así buscar el equilibrio por medio de la música y las artes propias y sembrar esas semillas de esperanza en los niños, niñas y adolescentes que crecen en medio del conflicto armado en este municipio en el departamento del Cauca.
Entre lo más profundo de las montañas del Catatumbo se encuentra la comunidad de Ichirrindacaira pertenecientes al pueblo Barí. Es un caserío pequeño con aproximadamente 12 casas, dos bohíos (casa de sabiduría) y una pequeña casa donde queda ubicada la escuela. En esta región del municipio del Carmen en el departamento de Norte de Santander en medio de árboles y atardeceres de colores, vive esta comunidad que conserva sus tradiciones, lejos del hombre blanco o “Lavadó” (persona no indígena) como ellos lo llaman en su lengua ancestral.
Actualmente habitan 25 comunidades que se localizan en cinco municipios como el Carmen, Convención, Teorama, Tibú, el Tarra, Tibú resguardo Catalaura-La Gabarra que conforman la región del Catatumbo, y que se agrupan en dos resguardos; el Motilón-Barí y el Catalaura-La Gabarra.
En sus casas, construidas sobre la meseta de las montañas los niños, jóvenes, adultos y sabios dedican sus vidas a la labor del campo, a la caza, a la pesca a la protección del territorio, a la conservación de sus usos y costumbres y su lengua ancestral; el Bari-ara, que representa el significado de su relación con la naturaleza y todo lo que ella contiene, orientado por los consejos de Sabaseba, el creador del pueblo Barí.
Su cultura es su vida misma, representada en sus costumbres, los valores y creencias espirituales que son muy arraigadas en su entorno “nosotros los Barí respetamos mucho nuestra Ley de Origen y todo lo que tiene que ver con el territorio, razón por la cual, cuando cae la tarde, ningún Barí habla sobre lo espiritual, porque si lo hacen caería sobre la comunidad alguna enfermedad”, comentó Oswaldo Aquerdora perteneciente al pueblo Barí.
El respeto por sus ancestros recae justamente porque fueron estos quienes ayudaron al pueblo Barí a resistir contra los invasores en los años 1905 en adelante, cuando “el General Virgilio Barco Martínez, gobernador de la provincia de Cúcuta, firmó un contrato con el presidente Rafael Reyes para usar 200 mil hectáreas de tierras “baldías” ubicadas en la región del Catatumbo, en los actuales municipios de Tibú y El Tarra, para el desarrollo de expediciones y explotaciones de hidrocarburos” según lo documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Estas tierras ancestralmente siempre pertenecieron al Pueblo Bari, llamados despectivamente como Motilones, pero a raíz de la firma del contrato para exploración de petróleo, este pueblo sufrió un exterminio que redujo su población en un 80 % y fue despojada del 70 % de su territorio ancestral desde el inicio de la exploración y explotación por parte de las empresas petroleras.
De este exterminio, el sabio Bachibari Ashididira Aridjiquera, recordó el horror que vivió su pueblo, pues fueron muchas formas o métodos de violencia que se ejercieron para acabar con los Barí, métodos que iban desde la instalación de cercas de alambre electrificadas, cacerías o asesinato con armas de fuego, quema de sus Bohios en ocasiones ocupados, violencia sexual contra niñas y mujeres; así como el envenenamiento de la comida.
Además, aparte de sufrir el exterminio por parte de las petroleras, el pueblo también fue exterminado por el proceso de evangelización como lo recordó el sabio Bachibari quien contó que “las monjas y los misioneros, fueron responsables de la muerte de muchos miembros de la comunidad, especialmente de adultos que se negaban a ser evangelizados y los que se oponían eran envenenados”.
Para salvaguardar sus vidas, algunos se introducían en lo más profundo de la selva, otros luchaban con arcos y flechas para así resistir ante la destrucción, ocupación e invasión de sus territorios ancestrales, pues la resistencia no solo era a favor de la vida sino también por la protección de la naturaleza y de todas las especies que la habitaban, de su mundo, de su Ley de Origen que les permitía vivir en armonía en su Ishtana, el territorio ancestral Barí.
Para los años noventa el conflicto armado fue otro factor que afectó al pueblo Barí debido a la llegada de los primeros grupos armados a este territorio indígena, entre los que estaban el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes llegaron a estas tierras, puesto que el Catatumbo y Norte de Santander, representaban un territorio estratégico para el narcotráfico, la siembra de hoja de coca y por el acceso a la frontera con Venezuela.
Para hacerle frente al conflicto se agruparon en la asociación Ñatubaiyibarí (Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí), que representa a 23 comunidades como un mecanismo de reconocimiento legal necesario para poder convertirse en un interlocutor legítimo ante el Estado y la sociedad occidental en lo que respecta a la concepción y protección del territorio y por otro lado, para hacer la debidas exigencias ante el Estado es su proceso propio de reconstrucción de memoria ancestral fuera enfocado en comprender los daños causados por las dinámicas del conflicto armado y las acciones de misiones religiosas, la explotación petrolera y la colonización campesina sobre su pueblo.
Los Barí conocidos y reconocidos como un pueblo guerrero, aún continúan su lucha por mantener viva sus tradiciones y por mantener viva esa memoria histórica en defensa de su territorio, es por ello, que siempre traen a colación cómo lograron sobrevivir a los atropellos de los invasores e incluso del mismo Estado. Para así reivindicar su autonomía y que la población en general entienda el derecho que tienen como pueblo ancestral.
