por Prensa CNTI | Jun 4, 2025 | Nota de prensa, Noticias, Otros medios y organizaciones
Boletín de prensa
Reconocer la deuda histórica con los pueblos étnicos afectados durante décadas por el conflicto armado es el principio que inspira el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, concebido para garantizar la transversalización del enfoque étnico en los seis puntos del Acuerdo y asegurar que las comunidades y pueblos étnicos sean sujetos activos de su implementación.
El Capítulo Étnico tiene como propósito garantizar la reparación integral de los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom, permitiéndoles construir una vida digna en sus territorios, desde sus propias visiones del mundo, prácticas culturales, saberes ancestrales y formas de gobierno propio, con base en sus principios de unidad y autonomía.
A más de ocho años de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP), la implementación del Capítulo Étnico con sus respectivas salvaguardas sustanciales continúa enfrentando desafíos estructurales. La mayoría de las subregiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) carecen de proyectos étnicos en ejecución, y casi la mitad reporta menos de cinco iniciativas en marcha.
Persisten brechas significativas, como el bajo cumplimiento de los indicadores étnicos del Plan Marco de Implementación (PMI), la limitada financiación directa a los pueblos y comunidades, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la falta de sanciones frente a los incumplimientos, y la protección insuficiente de los territorios, así como de los liderazgos sociales y comunitarios.
Frente a esta realidad, se propone la realización de una Audiencia Pública de Seguimiento a la Implementación del Capítulo Étnico, como un espacio de articulación y veeduría entre las instancias étnicas, gubernamentales y sociales responsables.
La iniciativa es convocada desde la Curul del Representante a la Cámara Pedro Baracutao y el Componente Comunes de la CSIVI, en articulación con la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE), la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz (IEM), Conpazcol, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), la Asociación Nacional de Firmantes Étnicos Construyendo Paz (ANFECP), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Segunda Misión de Verificación de la ONU y el Instituto Kroc.
Esta Audiencia se plantea como una oportunidad para el diálogo plural y respetuoso entre autoridades étnicas, instituciones del Estado, firmantes del AFP y organizaciones sociales, promoviendo una evaluación conjunta del cumplimiento de los compromisos asumidos y el fortalecimiento de los mecanismos de participación, control ciudadano e incidencia de los pueblos étnicos.
Asimismo, la participación de las mujeres de los pueblos indígenas y comunidades negras, desde sus propias voces, roles y perspectivas, será un componente esencial para avanzar en la implementación efectiva del Capítulo Étnico. Se reconoce así que la diversidad de experiencias y formas de participación de las mujeres afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y población LBTIQ+ constituye una fuerza fundamental para la construcción de una paz territorial desde los saberes ancestrales, con un enfoque diferencial, en defensa de la vida.
Convocamos a los medios de comunicación del ámbito local y nacional a acompañar esta Audiencia Pública, con el compromiso de amplificar las voces y propuestas de los pueblos étnicos que construyen paz desde sus territorios.
Información general:
📆 Jueves, 5 de junio
🕒 8:00 a.m.
🏛️ Salón Boyacá del Congreso de la República, Bogotá
✍🏿 Inscripciones: 3113376157
Contacto de prensa: 3106573597 (Carlos Liñán) / 3113607220 (Carlos Orlas)
por Prensa CNTI | May 30, 2025 | Nota de prensa, Noticias
El 25 de mayo de 2025, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas- CNTI, acompañó a la comunidad de Yachay Wasi, del Pueblo Yanacona, en la celebración comunitaria por la Constitución de su Resguardo Indígena en la vereda Alto Afán, en Mocoa, Putumayo. En este evento participaron, además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Corporación Opción Legal y las entidades administrativas locales.
La comunidad indígena Yachay Wasi está integrada por familias del Pueblo Yanacona que sufrieron el despojo y desplazamiento forzado de sus territorios ancestrales en los departamentos del Cauca y Putumayo debido al conflicto armado. Esto ha implicado la vulneración de sus derechos fundamentales y territoriales, además de poner en peligro su existencia física y cultural, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.
Una vez asentados en Mocoa, iniciaron su búsqueda por la garantía del derecho al territorio, razón por la cual solicitaron la constitución de su resguardo indígena ante el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, sin que esta entidad diera una respuesta positiva y garantizara sus derechos territoriales. Fue después de 12 años que, finalmente, el procedimiento de constitución del resguardo culminó exitosamente por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
La lucha de la comunidad Yanacona Yachay Wasi por el reconocimiento de su derecho al territorio ha enfrentado múltiples dificultades institucionales, las cuales han sido analizadas y documentadas desde el espacio de la CNTI. La solicitud para la constitución del resguardo, presentada por la comunidad en 2011, tuvo un inicio formal en 2019, cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) abrió el expediente correspondiente. Durante el proceso administrativo, se presentaron múltiples dilaciones injustificadas por parte de la autoridad de tierras, incluyendo dificultades para realizar las visitas técnicas al territorio debido a la falta de personal y presupuesto; interpretaciones regresivas de la normativa que exigían requisitos no contemplados en los marcos legales que regulan el procedimiento; e incluso, una demora excesiva en la resolución de tres recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo que constituyó el resguardo en 2022, los cuales fueron resueltos finalmente en 2024.
A partir de este análisis, se evidencia, además, que el departamento del Putumayo presenta actualmente el mayor rezago institucional en la formalización de territorios indígenas a nivel nacional, con más de 172 solicitudes sin avance, algunas de ellas sin respuesta por más de veinte años.
A través de un trabajo conjunto entre la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI, el proyecto de Tierras y Vivienda de Opción Legal y el ACNUR, se brindó apoyo a la autoridad comunitaria durante el proceso administrativo, es así que, en el año 2019, mediante una acción de tutela, se logró la protección de los derechos fundamentales al territorio y a la propiedad colectiva de la comunidad indígena, utilizándose este recurso como el mecanismo principal para salvaguardar sus derechos y evidenciar que el territorio es la base fundamental para su reparación integral colectiva.
Esta acción constitucional forma parte de una estrategia en la cual, entre 2019 y 2020, la CNTI con diferentes aliados, presentó 26 tutelas para proteger los derechos territoriales indígenas de varias comunidades a nivel nacional. El objetivo de esta estrategia es que la Corte Constitucional reconozca la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia territorial indígena.
La constitución del Resguardo Indígena Yanacona Yachay Wasi, es el fruto de la persistencia de la comunidad en su búsqueda de la garantía de sus derechos territoriales. Desde STI-CNTI, celebramos este reconocimiento y resaltamos que el derecho al territorio es la base fundamental para la reparación de las comunidades víctimas y el acceso a la garantía de sus derechos fundamentales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | May 29, 2025 | Nota de prensa, Noticias
Desde la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), alertamos públicamente sobre los posibles riesgos y vulneración de nuestros derechos territoriales, a raíz del avance inconsulto de figuras de ordenamiento territorial como los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), en áreas donde existen resguardos indígenas, ocupación y posesión ancestral y/o tradicional, así como procesos de formalización de territorios indígenas en trámite.
Hemos recibido con profunda preocupación pronunciamientos expuestos por comunidades y pueblos indígenas en varias regiones del país, principalmente por Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pacha Mama, dadas las situaciones presentadas en el departamento de Nariño, particularmente, en Resguardos de Origen Colonial y/o Republicano en el sur del departamento, así como procesos en el municipio de Pasto, donde se resalta lo avanzado en los corregimientos de La Laguna, San Fernando, Cabrera, Buesaquillo y El Encano.
Es de conocimiento público que se está promoviendo espacios convocados por el Gobierno Nacional y delegaciones técnicas de las diferentes entidades del sector agricultura, sin la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas, sus comunidades, líderes, lideresas y organizaciones, evidenciando, violaciones a la consulta previa, libre e informada, y todas las demás garantías que deben materializarse en los territorios indígenas.
Contradicciones graves con la normatividad vigente
Estas acciones contradicen directamente lo establecido por el mismo Gobierno Nacional en la Directiva 001 de 2025 del Viceministerio de Agricultura, que establece los lineamientos para la aplicación de salvaguardas territoriales en zonas donde confluyen figuras de ordenamiento campesino e indígena. Dicha directiva fue construida como resultado del seguimiento decidido que realiza la CNTI. Su espíritu busca precisamente evitar que se impongan figuras territoriales sin reconocimiento de los derechos ya existentes sobre el territorio.
Frente al caso del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol en El Encano
Genera particular preocupación, la situación del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, que actualmente cuenta con un proceso formal de ampliación en curso. Las pretensiones de establecer allí una territorialidad campesina sin consulta ni coordinación, vulnera abiertamente los derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991.
Desde la CNTI, exigimos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y los entes territoriales respeten la normatividad vigente y se abstengan de avanzar en figuras de ordenamiento superpuestas sin la debida consulta y salvaguarda de los derechos territoriales indígenas.
Reiteramos, no hay territorialidad sin reconocimiento de los pueblos, sin las garantías y debido cumplimiento a nuestros derechos.
La creación de figuras de ordenamiento, por legítimas que sean, no pueden promoverse, a partir de prácticas regresivas y desfavorables, desconociendo los derechos históricos y ancestrales de los Pueblos Indígenas.
La consulta previa no es un trámite, es un derecho fundamental, su desconocimiento y vulneración es funcional a la exacerbación de conflictos territoriales.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del territorio integral, que abarca los derechos a la propiedad colectiva, y la pervivencia de todas las relaciones espirituales, culturales y políticas en los territorios. El territorio indígena no es negociable ni puede ser fragmentado por intereses administrativos o políticos.
¡Exigimos respeto por los derechos territoriales indígenas!
¡La territorialidad se construye desde el reconocimiento, no desde la imposición!
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | May 26, 2025 | Noticias, Nota de prensa
Boletín de prensa | Secretaría Ténica Indígena – CNTI
26 de mayo del 2025. Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, denunciamos y rechazamos el asesinato del joven Arhuaco Geyrungumu Torres, conocido también como Yeru Torres, del centro de Simunurwa, Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Confederación Indígena Tayrona (CIT).
El asesinato de Geyrungumu es una pérdida irreparable para el Pueblo Arhuaco. Era un joven reconocido por su liderazgo entre los jóvenes de la comunidad. Desempeñaba funciones de apoyo a las autoridades tradicionales y también trabajaba en el área de comunicaciones.
Nos solidarizamos con su familia, su comunidad, sus mayores y compañeros de camino, y elevamos nuestra voz para honrar su memoria con verdad, justicia y respeto. Su vida y su legado no pueden ser olvidados ni silenciados.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que se esclarezcan las circunstancias del asesinato, con garantías de verdad, justicia y respeto hacia los pueblos indígenas. Especialmente cuando se trata de jóvenes comprometidos con la defensa del territorio y a identidad cultural de sus pueblos.
Desde este espacio acompañamos a la Confederación Indígena Tayrona y al Pueblo Arhuaco en este momento de duelo, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, el territorio, la juventud indígena y el gobierno propio.
Que el espíritu de Geyrungumu retorne en paz al Chundwa. Su voz vive en la memoria de los pueblos.
¡Justicia para Geyrungumu!
¡Defender la vida es defender los territorios!
por Prensa CNTI | May 20, 2025 | Noticias, Nota de prensa
El 19 de mayo de 2025, el equipo Técnico de la Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, acompañó la realización de una mesa de seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, en favor de la comunidad indígena Je´ruriwa Yucuna. Esta ordenes están encaminadas a la garantía de sus derechos fundamentales y territoriales como comunidad víctima de desplazamiento forzado de su territorio ancestral.
A este espacio fueron invitados el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas, Room y Minorías de esa cartera, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad para las Víctimas, el departamento de Cundinamarca y el municipio de Medina, entidades responsables, en el marco de la articulación interinstitucional, de dar cumplimiento a las órdenes emitidas por el juez de tutela. También participaron el Ministerio Público, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Corporación Yira Castro y las autoridades de la comunidad indígena.
Sin embargo, es preocupante que ni la Unidad para las Víctimas, ni el departamento de Cundinamarca, ni el municipio de Medina atendieron la citación al espacio, generando incertidumbre en la comunidad ante la falta de respuesta institucional. Igualmente preocupa que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no estuvo presente durante la totalidad de la sesión y no asumió responsabilidad alguna frente a las problemáticas que enfrenta la comunidad, la cual continúa siendo vulnerada en sus derechos humanos y territoriales.
A pesar de estas dificultades, en la mesa se alcanzaron acuerdos importantes, como que desde el Ministerio del Interior y la Procuraduría se citará un nuevo espacio con la garantía de la participación de todas las entidades involucradas en el cumplimiento del fallo de tutela. Así mismo, se acordó que desde la Procuraduría se tomarán las medidas necesarias para que la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas y las demás entidades asuman su obligación constitucional de garantizar los derechos territoriales y fundamentales de la comunidad víctima del desplazamiento forzado.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se continuará acompañando a la comunidad Je´ruriwa Yucuna en la búsqueda de la garantía plena de sus derechos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 20, 2025 | Nota de prensa, Noticias
Desde la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), denunciamos y rechazamos categóricamente las amenazas de muerte dirigidas contra la periodista indígena Sandra Chindoy del pueblo Kamëntšá reconocida presentadora de la televisión pública en Colombia.
En esta ocasión, la amenaza se materializó a través de una imagen difundida en redes sociales, donde aparece el rostro de Sandra Chindoy intervenido gráficamente, con equis sobre los ojos y una marca que simula un «tiro de gracia» en la frente, acompañada del mensaje: “Lástima lo de doña Sandra ‘Chanda’”, una burla a su apellido y una insinuación directa de violencia.
Racismo y discriminación: un problema estructural
Estas amenazas no sólo son una agresión contra Sandra Chindoy como mujer indígena y profesional, sino un atentado racista y discriminatorio contra el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la comunicación incluyente de los Pueblos Indígenas. No se trata de un hecho aislado: es parte de una problemática estructural que refleja cómo el racismo y la discriminación continúan marcando las relaciones de poder en la sociedad colombiana.
El ataque contra Sandra Chindoy no solo denigra su dignidad como periodista, sino que intenta silenciar su voz y, con ella, la voz de los Pueblos Indígenas. Es un intento de callar a quienes, desde sus saberes y lenguas propias, comunican las realidades, luchas y resistencias de los pueblos.
Los comunicadores indígenas son frecuentemente blanco de intimidaciones, amenazas y discursos de odio, precisamente porque representan una visión del mundo que desafía los prejuicios históricos y la hegemonía cultural impuesta. Esta realidad debe ser atendida con urgencia, no sólo como una cuestión de seguridad, sino como una lucha contra el racismo estructural que aún persiste en el país.
En un país donde los comunicadores indígenas, las lideresas y líderes son frecuentemente blanco de intimidaciones, discriminación y discursos de odio, estos hechos reflejan una profunda problemática estructural que debe ser atendida con urgencia.
Exigimos protección y garantías para el ejercicio del periodismo indígena
Exigimos al Estado colombiano, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, que adelante de manera urgente las investigaciones correspondientes, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas.
Solicitamos a las entidades responsables de protección, como la Unidad Nacional de Protección (UNP), que garantice medidas de protección efectivas e inmediatas para Sandra Chindoy, asegurando su integridad física, emocional y su derecho a ejercer el periodismo sin miedo.
Rechazamos el racismo y la discriminación que siguen afectando a los comunicadores indígenas y hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y la sociedad civil a denunciar y rodear con solidaridad a Sandra Chindoy.
El ejercicio del periodismo y la comunicación propia desde los Pueblos Indígenas no sólo es un derecho, sino una expresión de autonomía, dignidad y soberanía comunicativa. No permitiremos que las voces indígenas sean silenciadas por la violencia, el racismo y el odio.
¡La comunicación indígena es un derecho y una herramienta de defensa del territorio y la vida!
¡Rechazamos las amenazas y exigimos garantías para la libre expresión de los Pueblos Indígenas!
