Incumplimientos a los acuerdos con los pueblos indígenas, pactados en el marco del plan nacional de desarrollo
Comunicado a la opinión pública sobre los incumplimientos a los acuerdos con los pueblos indígenas, pactados en el marco del plan nacional de desarrollo (PND 2022-2026), con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
El espacio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), sus organizaciones y Secretaría Técnica Indígena en representación de los 115 pueblos indígenas de Colombia, manifestamos una profunda preocupación y denunciamos públicamente los reiterados incumplimientos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en la implementación de los acuerdos establecidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, titulado “Colombia, potencia mundial de la vida”.
Los pueblos indígenas hemos sido históricamente actores fundamentales en el desarrollo rural del país, y la exclusión de nuestras comunidades de nuestros pueblos en los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas por parte de la ADR está generando consecuencias perjudiciales para nuestros territorios y nuestros derechos fundamentales. Exigimos una pronta rectificación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, que se detallan a continuación:
1. Reconocimiento de los derechos territoriales y económicos de los pueblos indígenas:
La Constitución y la legislación nacional e internacional reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. La ADR tiene la responsabilidad de garantizar y promover estos derechos en todas sus acciones.
La explotación de los recursos naturales y la falta de garantías sobre nuestros derechos ancestrales han llevado a la destrucción de nuestros territorios. En consecuencia, exigimos que los derechos económicos de los pueblos indígenas se respeten más allá del enfoque paternalista de “subsistencia” que prevalece en las políticas públicas actuales.
Las políticas de desarrollo rural en Colombia han favorecido históricamente la colonización de territorios indígenas y la expansión de la frontera agrícola, lo que ha contribuido significativamente a la deforestación y a la violación de derechos fundamentales de nuestros pueblos. Esta situación debe revertirse de manera inmediata.
2. Participación indígena en la toma de decisiones:
Es imprescindible que los pueblos indígenas participemos activamente en la toma de decisiones que afectan nuestros territorios y modos de vida. La ADR debe garantizar nuestra participación efectiva en la formulación, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo rural. Este compromiso incluye la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, acordada previamente.
La falta de participación real de nuestras comunidades ha generado políticas que no responden de manera diferencial a nuestras necesidades, como se ha evidenciado con los proyectos PIDAR, y ha provocado tensiones innecesarias. Demandamos que nuestros Planes de Vida sean considerados como parte central de las políticas públicas de desarrollo rural.
3. Enfoque diferencial:
Las políticas de desarrollo rural deben incluir un enfoque diferencial que respete y considere las particularidades culturales, sociales, ambientales y espirituales de los pueblos indígenas. Nuestra visión de desarrollo, centrada en la armonía con la naturaleza y la protección del medio ambiente, debe ser un componente esencial de las estrategias de desarrollo sostenible.
La ADR tiene la obligación de diseñar e implementar programas y proyectos que reflejen las realidades y prioridades de nuestras comunidades, respetando nuestros sistemas de conocimiento y prácticas ancestrales.
4. Fortalecimiento de las instituciones indígenas:
Es fundamental que la ADR promueva el fortalecimiento de nuestras instituciones indígenas y garantice nuestra participación directa en los procesos de desarrollo rural.
El reconocimiento y fortalecimiento de estas instituciones es clave y fundamental para el fortalecimiento de nuestra autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. La implementación de mecanismos participativos de monitoreo y evaluación es imprescindible para verificar el cumplimiento de las políticas de inclusión y desarrollo rural.
Por lo tanto, exigimos que la ADR actúe de inmediato en cumplimiento de los acuerdos establecidos y reconozca el papel crucial de los pueblos indígenas en el desarrollo rural del país.
Exigimos que la ADR respete los mandatos de los pueblos indígenas y que haga valer la palabra frente a las apuestas que tenemos en este gobierno del cambio.
¡Defender los territorios es defender la vida!
La STI advirtió, que el procedimiento administrativo se encuentra en rezago desde hace más de una década, inicialmente como consecuencia de los “vacíos normativos y procedimentales” que no permiten la clarificación del título, el cual data de 1902; pero también, por la no implementación del procedimiento establecido en el Decreto 1824 de 2020 posterior a su expedición y entrada en vigor, por parte de la Autoridad Nacional de Tierras. 
Así mismo, se evidenció que la entidad, ha omitido dar cumplimiento a las ordenes emitidas por la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco del proceso de restitución consagrado en el decreto 4633 de 2011, en las que activó la ruta de protección étnica territorial y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, entre otras cosas, la culminación del proceso de clarificación de la vigencia del título en favor del Resguardo de Guachavés.