Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica el reclutamiento forzado y asesinato de Daniela Mucutuy Valencia, joven indígena y familiar de los cuatro hermanos Mucutuy que sobrevivieron 40 días en la selva del Guaviare en 2023.
Entre los 11 menores de edad muertos en los enfrentamientos registrados en zona rural de San José del Guaviare entre estructuras armadas enfrentadas de las disidencias de las antiguas FARC, fue identificado su cuerpo. De acuerdo con el relato de su abuela, Fátima Valencia, Daniela tenía 16 años, vivía con su madre en una zona rural cercana a Puerto Santander, Caquetá, y había sido reclutada forzadamente en 2023.
Este hecho constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en territorios donde los grupos armados ilegales siguen disputando control territorial, afectando de manera particular a Pueblos Indígenas y comunidades rurales. Organismos nacionales e internacionales han reiterado que toda vinculación de menores de edad a estructuras armadas es forzada y que quienes son reclutados son siempre víctimas.
El reclutamiento de NNAJ por parte de grupos armados ilegales constituye una de las más graves violaciones al DIH, por lo que el ordenamiento jurídico internacional blinda su calidad de víctimas y prohíbe de manera absoluta tratarlos como bajas legítimas en combate u objetivos militares.
Nos solidarizamos con todas las víctimas de reclutamiento forzado, con sus familias y con las comunidades rurales y Pueblos Indígenas afectados por este dolor. Ninguna de estas vidas puede ser absorbida por el lenguaje de la guerra ni reducida a una cifra. Cada caso interpela al Estado y a la sociedad sobre el daño profundo que deja esta práctica atroz: fractura a las familias, rompe los tejidos comunitarios y agrede el presente y el futuro de nuestros pueblos.
Hacemos un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato esta práctica atroz. Deben entender el momento histórico y político del país, el dolor acumulado de las víctimas y la obligación elemental de respetar la vida de niñas, niños y adolescentes. Ninguna estructura armada puede pretender legitimidad mientras reclute, utilice y exponga a la niñez a la guerra. Las niñas y los niños nunca más para la guerra.
Exigimos también al Estado colombiano medidas urgentes, integrales y sostenidas de prevención, protección y atención para las víctimas y sus familias, especialmente en territorios indígenas y rurales donde este riesgo persiste. El reclutamiento forzado y la violencia armada contra la infancia no solo constituyen crímenes de guerra, sino que configuran un exterminio que fractura el relevo generacional y destruye de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia. La protección de la niñez indígena no puede seguir llegando tarde. Defender su vida es defender la memoria, la dignidad y la continuidad de nuestros pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
