Los Pueblos Indígenas de Colombia, reunidos en el marco del tercer día de la Tercera Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), nos pronunciamos con firmeza ante el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional y la preocupante ausencia de algunos funcionarios con capacidad de decisión, lo que afecta de manera directa el ejercicio de nuestros derechos territoriales.
Denunciamos, una vez más, el comportamiento sistemático de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM), dependencia del Ministerio del Interior, que continúa evadiendo sus funciones misionales y vulnerando el derecho al autorreconocimiento. La falta de avances en temas clave como el registro de autoridades, la emisión de conceptos previos, los estudios etológicos y los autocensos, refleja una preocupante omisión institucional. A ello se suma la ausencia de directivos con poder de decisión, lo que deslegitima el diálogo y vacía de contenido político los compromisos pactados.
Este espacio de concertación tiene carácter vinculante, conforme al Decreto 1397 de 1996. Por ello, exigimos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, el viceministro Jaime Berdugo Pérez y la directora de la DAIRM, Roquelina Blanco, asistan de manera presencial a la Cuarta Sesión Mixta prevista para el mes de septiembre.
Así mismo, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) continúa incumpliendo los acuerdos firmados con los Pueblos Indígenas en 2024 y ratificados durante 2025. A pesar de haber pasado más de un año, la ADR no ha creado una dependencia de Asuntos Indígenas ni ha reestructurado su Consejo Directivo para garantizar nuestra participación con voz y voto.
Denunciamos la falta de una hoja de ruta clara por parte de la ADR y del Ministerio de Agricultura para cumplir los compromisos adquiridos. Esta omisión institucional no sólo impide avances reales, sino que profundiza la exclusión histórica y vulnera el principio de igualdad y el enfoque diferencial. La exclusión de los Pueblos Indígenas en la estructura de la entidad desde su creación es inconstitucional, el retraso en este asunto por parte del Estado es de altísima gravedad.
Es indispensable que la ADR demuestre su voluntad, al menos con la creación de un grupo interno de trabajo que transversalice el enfoque indígena, de manera transitoria, mientras cumple los acuerdos pactados previamente. La omisión institucional por parte de la ADR y del Ministerio de Agricultura no sólo retrasa el cumplimiento de los compromisos, sino que profundiza la exclusión histórica de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones que afectan directamente nuestros territorios.
Destacamos el avance presentado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). A través de la Dirección de Asuntos Étnicos, liderada por Luis Gabriel de la Rosa, la ANT presentó un Plan de Acción con metas mensuales que refleja un compromiso institucional concreto para garantizar la ejecución de los recursos destinados a la protección y garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el marco de los procesos de adquisición.
Este avance es significativo, pues no sólo reconoce la deuda histórica en materia de acceso a la tierra, sino que también establece una ruta clara de trabajo que permitirá mayor transparencia, eficiencia y seguimiento en la gestión de los recursos. Con este compromiso, la ANT asume la responsabilidad de convertir los acuerdos en hechos medibles y verificables, avanzando hacia la materialización efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Ahora se espera que esa voluntad institucional se traduzca en hechos concretos y sostenibles, y que se garantice el cumplimiento pleno de lo acordado. Los pueblos y organizaciones indígenas estaremos vigilantes, haciendo seguimiento y exigencia para que cada compromiso se convierta en transformación real en los territorios.
Exigimos:
El cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos por todas las entidades responsables.
La presencia efectiva de funcionarios con poder de decisión en todos los espacios de concertación.
La revisión estructural de procedimientos y normativas que obstaculizan nuestros derechos territoriales.
Respeto por nuestras autoridades y formas de gobierno propio.
Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control, den seguimiento a los compromisos adquiridos y velen por el cumplimiento efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
En la Cuarta Sesión Mixta de la CNTI, prevista para el mes de septiembre, esperamos avances significativos frente a los incumplimientos denunciados, así como mecanismos efectivos de seguimiento a los acuerdos suscritos con los Pueblos Indígenas. Nuestra disposición al diálogo y la concertación permanece intacta. Desde la unidad del Gobierno Indígena, reiteramos toda nuestra voluntad para seguir construyendo rutas conjuntas que garanticen el respeto, la protección y la materialización de nuestros derechos territoriales. La palabra empeñada debe traducirse en hechos.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado
¡Defender los territorios, es defender la vida!
