Pronunciamiento Público – Comisión Nacional de Territorios Indígenas –CNTI
Expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo frente a la constante transgresión de los mandatos acordados en nuestros espacios de diálogo y concertación. Resulta inaceptable la desatención por parte del Gobierno Nacional a los compromisos establecidos en las mesas técnicas, las actas suscritas entre las partes, así como el incumplimiento de órdenes judiciales que amparan nuestros derechos. Estas acciones no solo vulneran la confianza construida en los procesos de concertación, sino que también constituyen una clara afrenta al orden constitucional y al marco legal que protege los derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Las acciones y omisiones del Estado colombiano configuran un escenario institucional que, que difícilmente reconoce derechos, pero de manera amplia los niega. La inoperancia, la burocracia maliciosa y la priorización absoluta de intereses políticos y económicos por encima de los derechos constitucionales, se han convertido en constantes del accionar estatal frente a las legítimas demandas históricas de nuestros pueblos.
Es ese sentido, el despojo territorial representa el desmantelamiento de nuestros sistemas de vida, la anulación fáctica de nuestra autoridad, de nuestra existencia, vida espiritual, autonomía, gobierno propio, pervivencia y permanencia como pueblos milenarios.
No existen garantías reales para la seguridad jurídica y material de nuestros territorios, en abierta contradicción con lo establecido en la Constitución de 1991, los tratados internacionales y múltiples fallos de las altas cortes nacionales e internacionales. Se ha desconocido el ejercicio de la justicia propia y la jurisdicción especial indígena, vulnerando nuestras potestades, sistemas normativos y autodeterminación. Sin integridad territorial, el pluralismo jurídico es inviable.
Enunciamos nuestra profunda preocupación por la limitada capacidad operativa de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, evidenciada en la falta de herramientas técnicas, recursos financieros adecuados y estructura institucional suficiente. Esta situación ha generado afectaciones masivas en la gestión, articulación y avance de procesos fundamentales para la garantía de los derechos territoriales, culturales y políticos de los Pueblos Indígenas, debilitando el cumplimiento de los compromisos del Estado y poniendo en riesgo la efectividad de las políticas públicas con enfoque étnico.
Es impostergable agilizar los procesos de formalización, ampliación, saneamiento y conversión de Reservas Indígenas en Resguardos, así como la titulación en territorios coloniales, que actualmente se encuentran estancados en trámites que se prolongan por décadas. Esta demora facilita la llegada y asentamiento de colonos, intensificando los conflictos socioambientales y territoriales, y alimentando la presencia de actores armados y los intereses de megaproyectos en nuestros territorios ancestrales.
Los pueblos indígenas exigimos el cumplimiento riguroso y con perspectiva territorial de los procedimientos establecidos en el Decreto Ley 4633 de 2011 para la restitución de nuestros derechos territoriales. Rechazamos de manera enfática cualquier acción que implique el reconocimiento arbitrario de derechos individuales sobre territorios colectivos, pues estas prácticas desconocen nuestra cosmovisión, fragmentan nuestros procesos organizativos y vulneran los principios fundamentales de autonomía y unidad territorial que rigen nuestras comunidades.
Los pueblos indígenas expresamos preocupación por la falta de rigor y transparencia en la entrega de información sobre ordenamiento territorial, lo que dificulta la garantía efectiva de nuestros derechos territoriales. Recordamos que el acceso a la información es un derecho fundamental para proteger y ejercer otros derechos.
Las instituciones nacionales, lejos de ser garantes, en muchos casos se han convertido en el principal obstáculo en la progresividad del goce efectivo de los derechos humanos y territoriales indígenas.
Exigimos a la institucionalidad y convocamos a los entes de control a:
Implementar efectivamente las medidas de protección y delimitación de los territorios frente al avance de políticas agrarias que se imponen sin la debida Consulta Previa, Libre e Informada, vulnerando nuestra autonomía y generando conflictos socioambientales y territoriales.
Garantizar la seguridad y protección de los líderes y lideresas indígenas que defienden nuestros territorios, quienes son estigmatizados, criminalizados y amenazados, en muchos casos, con el silencio cómplice de las instituciones.
Destinar los recursos económicos y técnicos suficientes, oportunos y pertinentes, para la debida formalización, resaltando la necesidad de avanzar decididamente en la adquisición de tierras, lo anterior, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Exigimos al Gobierno Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República y de todas las entidades competentes -Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, entre otros sectores- El inmediato cumplimiento de las exigencias. Requerimos al Gobierno la definición e implementación inmediata de una ruta clara de fortalecimiento institucional, técnico y financiero de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar su capacidad efectiva para responder a las obligaciones del Estado en materia de derechos de los Pueblos Indígenas.
En todas las sesiones, es indispensable y obligatoria, la presencia de funcionarios de alto nivel, con capacidad de toma de decisión, que resuelvan y adopten las medidas, acuerdos y acciones determinantes para la garantía de nuestros derechos en materia territorial.
Se debe establecer compromisos claros, metas verificables y recursos suficientes, para superar la deuda histórica con nuestros pueblos.
Reivindicamos, el respeto irrestricto a la Consulta Previa como derecho fundamental, ¡la consulta previa no es un mero trámite! La consulta previa, libre e informada es un derecho irrenunciable que garantiza la materialización de todos nuestros derechos.
A casi diez años de la firma, resulta urgente e impostergable la implementación efectiva de lo establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con las garantías para la pervivencia y permanencia de los pueblos Nukak y Emberá Katío.
Se debe activar todos los conductos que propendan por salvaguardar la existencia digna de los pueblos que afrontan crisis humanitarias producto de las decisiones arbitrarias de la institucionalidad que los ha despojado, condenándolos a la extinción física y cultural.
Como movimiento indígena comprometido con la construcción y transformación de nuestra realidad, exhortamos al Gobierno Nacional a cumplir de manera inmediata y efectiva con lo acordado y pactado en este escenario.
Frente a la persistencia del incumplimiento, anunciaremos la activación de nuestro derecho fundamental a la movilización pacífica y permanente, la exigibilidad jurídica en instancias nacionales e internacionales, y la aplicación de nuestros usos y costumbres para la defensa de la Madre Tierra.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas se mantendrá vigilante del cumplimiento de este pronunciamiento, exigiendo control y vigilancia estricta a todos los entes responsables de garantizar la materialización de nuestros derechos colectivos.
¡Proteger los territorios es proteger la vida! – Comisión Nacional de Tarritos indígenas
