- La CNTI y ACIN fortalecemos la articulación de información propia para la defensa de la vida y el territorio en el norte del Cauca
- Chey: información propia para defender los territorios y ejercer gobierno propio
- Chey y Tucunaré: información para la autonomía, la seguridad jurídica y la defensa territorial
- DECLARACIÓN CONJUNTA – II Encuentro Regional de SIG Indígenas Bogotá, Colombia — 26 de septiembre de 2026
- Día 4 del II Encuentro Regional: información propia, acuerdos y caminos para la defensa territorial
Nosotras y nosotros, los Pueblos Indígenas de Colombia, autoridades, liderazgos y guardianes de los territorios; de los grandes nevados, páramos, bosques, sabanas, ríos, selvas y demás espacios que integran a la Madre Tierra, alzamos nuestra voz y reafirmamos que, sin el reconocimiento efectivo y la protección plena de nuestros derechos territoriales y sin la incorporación de nuestros saberes
y autoridades en las decisiones globales, no habrá justicia ambiental ni futuro posible para la vida en el planeta.
En Colombia existimos más de 115 Pueblos Indígenas que hemos resistido, por siglos, al despojo, la violencia y la invisibilización impuesta por el Estado y la sociedad mayoritaria. Como resultado de estas agresiones históricas, hoy representamos menos del 5% de la población nacional. Aun así, somos los guardianes de la vida y el territorio protegiendo más de 35 millones de hectáreas — 30% del territorio continental colombiano — gracias a nuestras luchas y resistencia colectiva.
Nuestros derechos territoriales protegen nuestra relación especial con la Madre Tierra, guiada por nuestros sistemas de conocimiento, y son la base de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. Estos derechos obligan al Estado a garantizar la seguridad jurídica y material sobre nuestros territorios; son integrales y contemplan esencialmente la posesión, propiedad, autonomía e identificación
de nuestros territorios.
Nuestros derechos territoriales protegen nuestra relación especial con la Madre Tierra, guiada por nuestros sistemas de conocimiento, y son la base de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. Estos derechos obligan al Estado a garantizar la seguridad jurídica y material sobre nuestros territorios; son integrales y contemplan esencialmente la posesión, propiedad, autonomía e identificación de nuestros territorios.






