- DECRETO 1392 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
- Comunicado a la opinión pública: Incumplimiento del Gobierno Nacional vulnera los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas
- Diálogo Estratégico: Brechas para la Formalización de Territorios Indígenas
- Presentación del Informe de Desarmonías Territoriales del 2025
- Día Internacional de los Derechos Humanos: los Pueblos Indígenas levantamos la voz por la vida y el territorio
Nosotras y nosotros, los Pueblos Indígenas de Colombia, autoridades, liderazgos y guardianes de los territorios; de los grandes nevados, páramos, bosques, sabanas, ríos, selvas y demás espacios que integran a la Madre Tierra, alzamos nuestra voz y reafirmamos que, sin el reconocimiento efectivo y la protección plena de nuestros derechos territoriales y sin la incorporación de nuestros saberes
y autoridades en las decisiones globales, no habrá justicia ambiental ni futuro posible para la vida en el planeta.
En Colombia existimos más de 115 Pueblos Indígenas que hemos resistido, por siglos, al despojo, la violencia y la invisibilización impuesta por el Estado y la sociedad mayoritaria. Como resultado de estas agresiones históricas, hoy representamos menos del 5% de la población nacional. Aun así, somos los guardianes de la vida y el territorio protegiendo más de 35 millones de hectáreas — 30% del territorio continental colombiano — gracias a nuestras luchas y resistencia colectiva.
Nuestros derechos territoriales protegen nuestra relación especial con la Madre Tierra, guiada por nuestros sistemas de conocimiento, y son la base de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. Estos derechos obligan al Estado a garantizar la seguridad jurídica y material sobre nuestros territorios; son integrales y contemplan esencialmente la posesión, propiedad, autonomía e identificación
de nuestros territorios.
Nuestros derechos territoriales protegen nuestra relación especial con la Madre Tierra, guiada por nuestros sistemas de conocimiento, y son la base de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. Estos derechos obligan al Estado a garantizar la seguridad jurídica y material sobre nuestros territorios; son integrales y contemplan esencialmente la posesión, propiedad, autonomía e identificación de nuestros territorios.






