Entre el 2 al 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) realizó la tercera sesión autónoma con la participación de los delegados indígenas de las cinco organizaciones que hacen parte de este espacio y el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI). Un espacio, donde se abordaron diversidad de temas para la preparación de las sesiones mixtas entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional de cara a la consulta previa, libre e informada para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

En un inicio el área de formalización socializó la construcción de la matriz de inventario que corresponde a una gestión de información teniendo en cuenta los expedientes que han sido clasificados por el número de fichas técnicas de la CNTI y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cuales corresponden a un total de 266 expedientes.

Por otro lado, se evidencio el estado actual de las 1476 solicitudes registradas en el Sistema de Monitoreo de las Solicitudes de Formalización (SIMOSOF) del ODTPI de la CNTI, realizadas por los Pueblos Indígenas en materia territorial y clasificadas por las 183 solicitudes que corresponden a la protección del territorio de ocupación o posesión ancestral, 52 solicitudes sobre la clarificación de la vigencia de los títulos de origen colonial y/o republicano, 41 procesos agrarios, 148 casos de vallas y amojonamientos y 1502 solicitudes de los procesos de formalización.

Actualmente, la CNTI cuenta con 505 acuerdos firmados desde el año 2009, de los cuales 188 están cumplidos, 117 se encuentran sin reporte, 53 se han cumplido parcialmente, 22 están sin avance, 44 en desarrollo y 126 acuerdos incumplidos. Frente a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) existen 35 acuerdos de los cuales tres se encuentran en desarrollo, cinco sin avance y uno está en estado de proceso.

Respecto a esto se reiteró en la importancia de brindar la seguridad jurídica de los territorios Indígenas y la política de restitución de derechos territoriales, según lo establecido en el marco del decreto 4633 de 2011 para las comunidades y Pueblos Indígenas que han sido víctimas del conflicto armado en el País.

Seguido de esto, se contó con un balance y un análisis sobre el Acuerdo Final de Paz (AFP) con la implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural donde se reflejó que no hay una participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas. Es decir, los Pueblos Indígenas no están siendo considerados, ni mucho menos involucrados como sujetos de manera determinante en el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia.

Allí, se identificaron una serie de problemas que son claves en la discusión con el Gobierno Nacional, entre ellos se identificó que los planes de Ordenamiento Social en la Propiedad Rural están avanzando sin consultar a los Pueblos Indígenas, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017, la ANT, unificó 52 procesos aplicando procesos sin tener un criterio netamente diferencial y territorial, además del avance que hicieron con la implementación de la política pública del catastro multipropósito sin haber culminado el proceso de consulta.

Posteriormente, se hizo un balance de análisis de las decisiones negativas que se han tomado frente a la implementación del Decreto Ley 2333 de 2014 el cual hace referencia a la protección de los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas. En este punto, se trajo a colación la tutela que se impulsó con la articulación de las comunidades de Barrullia, Warrojo, Iwitsilibio y Tssbilonia del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, con el apoyo y la compañía de la comisión como vocera de derechos territoriales de los pueblos originarios para garantizar el derecho a la protección de la ocupación ancestral, la formalización de los territorios colectivos, la vida digna, la autonomía y la autoridad.

Del siguiente fallo, se resaltó la importancia de seguir trabajando en los procesos e impulsos jurídicos que sean necesarios para proteger y formalizar los territorios, con el fin de que revisen la resolución expedida después de 8 años de expedida que niega el reconocimiento del territorio ancestral de la comunidad Barrulia del Pueblo Indígena Sikuani, en Puerto Gaitán Meta, así como suspensión los procesos policivos en contra de las comunidades indígenas que fueron víctimas de desalojos donde fueron desbaratadas sus viviendas, agredidas las personas y quemados sus bienes y enseres.

Teniendo en cuenta esto, Imer Rodríguez, delegado por la Macro Oriente, realizó una cartografía con el apoyo del Sistema de Información Geográfica (SIG) del observatorio de la CNTI para ubicar geo espacialmente los ríos y resguardos indígenas del departamento de Arauca, como Matecandela, Corocito y la Estrellita, manifestando la urgencia de buscar un mecanismo que garantice la celeridad para la ampliación de estos territorios, además de hacer un llamado para ayudar a los Pueblos Indígenas en estado de mendicidad, problemática que los viene exponiendo a un exterminio físico y cultural.

Finalmente, se dialogó sobre el análisis del informe presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el estado en el que se encuentra la tutela interpuesta por la CNTI por hechos de racismo y discriminación estructural en contra de los Pueblos Indígenas, donde se buscaba la garantía y protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la dignidad humana, la Igualdad Material, el derecho a la Honra, la Participación, la Diversidad Cultural, la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

Para concluir, se resaltó la labor de la CNTI con la presencia de Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI, los delegados indígenas, los Mamos con el acompañamiento y trabajo espiritual desde el corazón del mundo, de la Sierra Nevada de Santa Marta y los constituyentes en los territorios indígenas a nivel nacional, para conocer las problemáticas a primera mano y así, poder recopilar la información necesaria para continuar incidiendo en los procesos que se encuentran rezagados históricamente y que han vulnerado los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos originarios a nivel nacional.

¡Defender los territorios, es defender la vida!I

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