Como Pueblos Indígenas, afirmamos que ningún proceso de medida legislativa o administrativa pública puede avanzar legítimamente si no respeta nuestro derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Este derecho, reconocido en normas nacionales e internacionales como el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado colombiano a consultarnos cuando una medida legislativa, administrativa o un proyecto pueda afectarnos de manera directa. No es una cortesía ni un trámite; es un principio de justicia que protege nuestras formas de vida, culturas, territorios y sistemas de conocimiento.
La consulta previa es un mecanismo jurídico y político que garantiza nuestra participación real en las decisiones que pueden transformar los territorios que habitamos y cuidamos. Consiste en un proceso de diálogo intercultural, de buena fe y con procedimientos acordados con nuestras autoridades, para que podamos analizar, deliberar y decidir colectivamente sobre asuntos de interés vital para nuestros pueblos. Este proceso es fundamental porque asegura el respeto por nuestra autonomía, evita decisiones unilaterales y previene impactos y conflictos que puedan causar daños irreparables en nuestros pueblos y en los ecosistemas que protegemos.
Reiteramos la importancia de comprender qué implica este derecho, cómo opera y por qué su cumplimiento es esencial para la democracia participativa, la pervivencia y permanencia de nuestros pueblos. Los territorios no son una extensión geográfica definida por escrituras o mapas oficiales: son espacios de vida, memoria, espiritualidad y futuro. Allí se sostienen nuestras prácticas culturales, nuestras economías tradicionales, las formas de gobierno propio y los equilibrios ecológicos que cuidamos desde tiempos inmemoriales.
A pesar de que la Corte Constitucional ha sido clara en que la consulta previa es obligatoria siempre que una decisión afecte el territorio —incluidos espacios sagrados, ríos, montañas, cementerios ancestrales y lugares de tránsito tradicional—, durante décadas el Estado ha interpretado este derecho de manera restrictiva. Con frecuencia se ha minimizado la afectación directa, alegando beneficios para el “interés general” o desconociendo nuestras formas propias de entender el territorio. Estas prácticas reproducen patrones históricos de imposición y despojo, y desconocen nuestra autonomía y capacidad de decisión.
Recordamos que la afectación directa no se limita a lo visible o material. Cualquier intervención que modifique un espacio de importancia espiritual, ecológica o cultural tiene consecuencias profundas para nuestros territorios. La Corte, en la Sentencia SU-123 de 2018, estableció criterios claros para determinar esta afectación, como los vínculos culturales y ancestrales con el territorio, la intensidad y permanencia de la ocupación o las situaciones de riesgo, desplazamiento y amenaza contra la supervivencia de los pueblos. Estos parámetros deben guiar la acción estatal y no pueden ser ignorados.
La consulta previa tampoco significa otorgar un “sí automático” ni aceptar proyectos impuestos. Significa diálogo real, respeto por nuestras autoridades tradicionales y decisiones colectivas que reconozcan nuestra palabra. Somos guardianes de los territorios que mantienen la biodiversidad y diversidad cultural, regulan los ciclos del agua y sostienen la vida para toda la humanidad. Nuestra participación no bloquea el desarrollo; lo orienta hacia rutas justas y sostenibles, en equilibrio con la Madre Tierra.
Insistimos: no hay futuro posible sin los territorios y sin los Pueblos Indígenas. Escuchar nuestras voces es escuchar a la naturaleza misma. Las decisiones que tomamos se fundamentan en la responsabilidad intergeneracional y en el cuidado de quienes vienen detrás. Por eso, defender la consulta previa es defender la dignidad, la democracia directa y la posibilidad de construir un país más justo.
Seguiremos caminando con la palabra firme y el territorio en el corazón, exigiendo que este derecho sea respetado en todas las decisiones que puedan afectarnos. La construcción del futuro debe hacerse con nosotros, no a costa nuestra.
¡Defender los territorios es defender la vida!
