Luego de diez meses, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas vuele a las sesiones junto a los delegados de las cinco organizaciones indígenas de Colombia y el equipo técnico del Observatorio de Derechos territoriales de la STI-CNTI, que se realizó en la ciudad de Bogotá durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2022.

En esta oportunidad, la mesa técnica e indígena inició discutiendo sobre los recorridos territoriales donde se tuvo la oportunidad de visitar las comunidades y territorios de los delegados indígenas de la CNTI. Un recorrido que abarcó más de 6 departamentos y se realizó en un promedio de 5 meses. Esta iniciativa de los delegados y la secretaría técnica Indígena permitió conocer de primera mano la situación jurídica y social en materia territorial que viven los pueblos originarios a los que se pudo llegar en el marco de dicho recorrido.

Entre algunos de los hallazgos que resaltaron los delegados durante sus visitas están: que muchos de los territorios se encuentran en un estado crítico de vulneración de derechos, pues encontraron comunidades donde sus resguardos pese a las constantes solicitudes ante el gobierno nacional, no contaban con legitimidad y reconocimiento jurídico a la fecha. Por otro lado, se evidenció que hay comunidades donde los municipios se han apropiado de sus territorios y la ciudadanía ha adelantado construcciones dentro del resguardo sin el consentimiento de dichos pueblos.

De igual modo los delegados manifestaron la preocupación por las comunidades indígenas que se encuentran es un estado de alerta de exterminio físico y cultural entre ellos los pueblos Nukak y Jiw, pues no han podido retornar a sus lugares de origen, por la deforestación, la minería, la presencia de grupos armados y la expansión los cultivos de uso ilícitos, situación que provocado de una gran parte de las comunidades de estos pueblos se desplacen a ciudades como San José del Guaviare, donde no pueden ejercer el derecho pleno y el goce efectivo de sus territorios.

“Los ganaderos se están metiendo en nuestros territorios, no están respetando el resguardo, y quiero manifestar esa situación, es importante resaltar y ratificar los linderos de nuestros territorios”. Manifestó el delegado por la OPIAC, Fredy López.

Por otro lado, en la sesión también se avanzó en la socialización del análisis del Plan Nacional de Formalización Masiva, de la pequeña y mediana propiedad rural, actividad liderada por el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de la STI-CNTI. Dentro de los hallazgos encontrados se identificó que los pueblos indígenas no están siendo considerados como sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural integral. Esta situación, ratifica la falta de garantías que viven los pueblos indígenas en todos los sectores a nivel nacional. Lo cual evidencia la grave vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas en la seguridad jurídica de sus territorios.

Otro de los puntos que se debatió en este espacio autónomo, fueron los retos que tiene la Secretaría Técnica y los delegados indígenas de la CNTI, en relación las políticas agrarias y de tierras que está definiendo el nuevo gobierno para los próximos cuatro años, y en dicho marco cuál es papel así como las garantías de espacio de concertación y diálogo político para la participación efectiva de las organizaciones indígenas y sus delegados, en la consolidación de propuestas para estructurar una ruta en relación a dichas políticas, de igual modo como se definen los instrumentos para hacerle seguimiento a los compromisos a los que se lleguen con el gobierno del actual presidente de la república Gustavo Petro.

Para el segundo día de la sesión autónoma indígena de la CNTI, Viviana Marcela Gómez, integrante del equipo de investigación del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI inició con la presentación del informe de balance de los 10 años de la implementación, Decreto Ley 4633 de 2011. Entre los aciertos del informe, se evidencia que parte del incumplimiento de este decreto, son «cuellos de botella» en la gestión estatal lo que genera una regresividad estatal, lo que genera una regresividad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. 

Un claro ejemplo de estos hallazgos es que, de 578 solicitudes de restitución territorial al 31 de diciembre de 2021, solo se cuenta con 18 sentencias de restitución para Pueblos Indígenas. En ese mismo orden, en el marco de la formalización de territorios indígenas se evidencia que existen órdenes en la Agencia Nacional de Tierras – ANT, de las cuales hasta el momento del análisis únicamente se han cumplido 2 órdenes. Esta situación afecta y entorpece el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales.

Adicionalmente, la baja asignación presupuestal para atender las órdenes judiciales proferidas sobre las sentencias de restitución de derechos territoriales y en las medidas cautelares, ha hecho que haya un represamiento de los procesos hasta por 9 años. Por ejemplo, en el departamento del Putumayo, donde se registra el mayor número de solicitudes de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas, solo se cuenta con dos jueces de restitución asignados.

Para leer el informe del balance de la implementación decreto ley 46633 durante 2021 del Observatorio de Derechos Territoriales, ingrese aquí: https://bit.ly/3zofTIC

Otro de los puntos que se abordó en este espacio autónomo, fue la socialización de la ruta de prórroga del Decreto 4633 de 2011, allí Carlos Cuaical, asignado por AICO por la Pacha Mama con el apoyo el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI, socializaron las problemáticas y restos encontrados en los 10 años de la implementación de dicho decreto.

Uno de los principales puntos mencionados, es que la Unidad de Restitución de Tierras, no ha implementado los acuerdos de paz según el capítulo étnico en temas de garantías territoriales. Sumado a ello no hay una articulación entre el Decreto Ley 903 de 2017, y el Decreto 4633 de 2011, sobre todo si consideramos que la restitución de tierras es fundamental como una medida preferente para la reparación de derechos de los Pueblos Indígenas, afectados en el marco del conflicto armado interno.

Por último, el espacio de CNTI está abierto a todas las iniciativas que se planteen para salvaguardar los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Es por ello, que en el tercer día de sesión autónoma se contó con la participación del equipo técnico y jurídico del senador Polivio Leandro Rosales, quienes presentaron la iniciativa del proyecto de ley que tiene como título «Los Territorios indígenas como Entidades Territoriales – Una oportunidad hacia el Gobierno Autónomo».

Eduardo Cuaical asesor Jurídico del senador Polivio, mencionó que este proyecto de ley orgánica, busca que se pueda poner en funcionamiento a los Territorios Indígenas como entidades territoriales administrativas de sus propios recursos, pero reconociendo la diversidad étnica y cultural de los pueblos originarios. En el marco de esta presentación, por parte del senador Polivio extendió la invitación a las organizaciones indígenas, la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para que desde estos espacios de diálogo y concertación políticos, se puedan sumar de manera activa en la construcción conjunta de esta iniciativa legislativa.

Eduardo Cuaical, también mencionó, que este proyecto de ley tomó como base varias acciones jurídicas nacionales e internacionales, como son los Decretos 1953 de 2019, el Decreto 632 de 2018 y Convenio internacional 169 de la OIT, pues importante resaltar que los Pueblos Originarios tiene la facultad para administrar y orientar sus propios territorios.

El senador Polivio, agregó que esta propuesta busca la reglamentación de lo que está estipulado en la constitución del 1991 de manera transitoria, permitiendo así a los Pueblos Indígenas ya no depender de las entidades territoriales ordinarias (municipios y gobernaciones departamentales), pues con la creación de esta iniciativa legislativa, se tendría mayor autonomía, administrativa, jurídica y territorial. De este modo no se nos siga viendo ni tratando como menores de edad, especialmente en la administración los recursos propios los cuales deben ser manejados bajo los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.

Por último, los delegados indígenas con asiento en la CNTI, mencionaron que continuarán trabajando arduamente para exigirle al estado el cumplimiento de la deuda histórica que tiene con los Pueblos Indígenas en materia territorial y así poder tener el goce pleno y efectivo de los derechos territoriales.

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