El 10 de octubre, en la Gobernación de Cundinamarca se llevó a cabo la Mesa de Diálogo y Seguimiento, convocada por el Ministerio del Interior, con el propósito de dar cumplimiento a la Orden Judicial 002 de 2022, emitida en favor de la Comunidad Je’eruriwa.
El encuentro contó con la participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades competentes.
A pesar de la importancia de este espacio, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) no asistió a la convocatoria, lo que agrava la preocupación frente a la falta de articulación institucional para el cumplimiento de las medidas judiciales y la garantía de una reubicación digna, segura y libre de revictimización.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) acompañamos esta sesión manifestando nuestra profunda preocupación y firme rechazo ante la persistente inercia institucional. Han transcurrido más de tres años desde la emisión del mandato judicial, y la inacción estatal continúa vulnerando los derechos fundamentales de la comunidad Je’eruriwa.
Resulta inaceptable que, pese a los reiterados compromisos interinstitucionales, la falta de coordinación, la omisión en la toma de decisiones y la ausencia de resultados concretos sigan obstaculizando el acceso efectivo a la tierra, tal como lo ordena la justicia.
La CNTI reitera su llamado urgente al Gobierno Nacional para que asuma con responsabilidad, coherencia y celeridad los compromisos adquiridos, adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento integral de la sentencia y la protección de los derechos del pueblo Je’eruriwa.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas reafirma su compromiso con la defensa de los derechos territoriales y el cumplimiento de los mandatos judiciales que garantizan la vida y la dignidad de los Pueblos Indígenas. El caso del pueblo Je’eruriwa representa una deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades desplazadas y despojadas de sus territorios. Por ello, exigimos acciones concretas y verificables que materialicen las órdenes judiciales y aseguren el goce efectivo de los derechos, en el marco del respeto a la autonomía, la justicia y la reparación integral.
! ¡Defender los territorios es defender la vida!
