Las dinámicas de desposesión de territorios ancestrales han sido una constante en el conflicto por la tenencia de la tierra que se ha librado en Colombia desde antes de su conformación como Estado soberano. En medio de esta, las poblaciones rurales se han visto afectadas por un proceso de disputa constante de los bienes terrenales y dada su importancia en un país cuya economía depende del sector primario, es decir, los bienes de producción básica como los obtenidos por prácticas agrícolas y extractivas.
Así, en Colombia la tierra se ha convertido en un bien entregado a la explotación de recursos y la extracción de su riqueza mineral y natural, lo cual ha ocasionado que el interés por la tierra adquiera una relevancia especial en los grandes grupos económicos pertenecientes a distintos sectores empresariales y políticos en aras de un crecimiento patrimonial y económico, el cual ha generado los procesos de radicalización de la desigualdad que persisten hasta nuestros días.
Estas dinámicas han acentuado las condiciones de violencia, de vulnerabilidad social y económica de las poblaciones históricamente menos favorecidas, que han tendido a agravar los factores de pobreza y a acrecentar a su vez la cantidad de necesidades insatisfechas en estas poblaciones, generando condiciones de prolongamiento de la pobreza a partir de la falta de oportunidades y condiciones para el adecuado desarrollo de la vida y el goce efectivo de los derechos sociales y civiles que otorga la legalidad colombiana.
