En el marco de la coordinación y articulación estratégica entre la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público, se logra fallo judicial trascendental para la protección y exigibilidad de los derechos territoriales del pueblo Sikuani
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) como instancia de diálogo y concertación entre el gobierno de los Pueblos Indígenas, celebra lo establecido en la sentencia judicial proferida el 14 de enero de 2026 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), mediante la cual se amparan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas Barrulia, Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, del pueblo Sikuani, frente a la vulneración de sus derechos al territorio, a la dignidad humana, la libre circulación, la autonomía y la propiedad colectiva.
El fallo reconoce y advierte, con especial preocupación, que las comunidades indígenas han sido afectadas por conductas de particulares que restringen el acceso y el tránsito por sus caminos ancestrales y tradicionales; asimismo, resalta las omisiones reiteradas y las acciones regresivas y desfavorables por parte del Estado. Adicionalmente, precisa la necesidad de garantizar la protección efectiva del territorio ancestral.
La sentencia ordena, entre otras medidas, el cese de las restricciones al tránsito por los caminos tradicionales, la actuación diligente y coordinada de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar el acceso efectivo y seguro a los territorios ancestrales, el avance en el Plan Integral de Reparación Colectiva de la comunidad Barrulia y participación efectiva, así como la conformación de un espacio de diálogo intercultural para superar las conflictividades territoriales existentes.
Particularmente, desde el mandato de la CNTI y sus organizaciones se realizó un proceso de coadyuvancia estratégica entre la CNTI y La Defensoría del Pueblo para el acompañamiento y exigibilidad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, destacando los estándares de derechos y la especial relevancia que tiene el territorio y su acceso para nuestros pueblos.
Este proceso se inscribe en el marco de más de ciento veinte (120) impulsos administrativos y judiciales promovidos por la CNTI en articulación con las organizaciones y autoridades indígenas nacionales y locales, desde el año 2021. Dichas actuaciones, adelantadas mediante escenarios de exigibilidad y control ante Corte Constitucional y otras instancias judiciales, han tenido como propósito visibilizar las graves afectaciones que enfrenta el pueblo Sikuani en la región de la Altillanura y propiciar respuestas institucionales efectivas.
Los delegados y delegadas indígenas, hacemos un llamado respetuoso a las entidades para que den cumplimiento integral y oportuno de las órdenes judiciales, evitando nuevas dilaciones que profundicen la vulneración de derechos fundamentales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
