La Semana de Acción Climática de Londres 2026, que se desarrolla del 20 al 28 de junio, reúne espacios de debate y formulación de rutas de acción sobre asuntos estratégicos como financiamiento climático, transición energética, resiliencia, diplomacia climática y liderazgo indígena. En el marco de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la participación de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se proyecta en tres escenarios estratégicos de incidencia internacional.
Los espacios en los que participamos activamente son el evento “Cerrando la brecha: un llamamiento al reconocimiento, la participación y la protección de los defensores de los derechos humanos y ambientales en la acción climática”, correspondiente al 22 de junio; el panel “Una transición justa más allá de la extracción: derechos de los Pueblos Indígenas y acción climática”, del 23 de junio; y la mesa redonda “Fomentando la resiliencia: una mesa redonda sobre la construcción de instituciones sostenibles para los Pueblos Indígenas”, del 25 de junio.
En estos espacios sostenemos una posición clara: la acción climática solo será justa, efectiva y duradera si se traduce en la garantía de los derechos territoriales, en la protección de quienes defendemos la vida y en el fortalecimiento real de los sistemas de vida y del gobierno propio de los Pueblos Indígenas. Es momento de superar la visión tecnocéntrica de las soluciones climáticas y avanzar hacia un cambio de paradigma frente a la crisis.
No llegamos a estos escenarios para cumplir una presencia simbólica ni para narrar de manera decorativa lo que durante generaciones hemos cuidado. Llegamos a disputar el sentido de la acción climática internacional y a insistir en que la protección de la naturaleza está inseparablemente ligada a la seguridad jurídica de los territorios, a la autonomía, a la participación efectiva y a la garantía de los derechos colectivos.
El espacio del 22 de junio permite insistir en una cuestión de fondo: la defensa de los derechos humanos y ambientales no comienza únicamente con medidas reactivas frente al riesgo, sino con el reconocimiento efectivo de los territorios indígenas. Desde la experiencia de la CNTI sostenemos que el reconocimiento integral de los territorios constituye una acción climática concreta. La evidencia producida por nuestros sistemas propios de información, como el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I), demuestra que los Pueblos Indígenas gobernamos territorios fundamentales para el sostenimiento de la vida y del equilibrio ecológico.
La violencia contra quienes defendemos los territorios no es un fenómeno aislado. Está vinculada al despojo, a la inseguridad jurídica y a modelos de desarrollo que desconocen nuestros derechos. Por eso, proteger a las personas defensoras indígenas exige comenzar por garantizar territorios reconocidos, autonomía real y participación efectiva en las decisiones climáticas. Defender integralmente el territorio es también proteger a quienes lo cuidan.
El panel del 23 de junio permite profundizar en otra discusión decisiva: una transición energética justa debe apartarse de la lógica extractiva que produjo la crisis actual. Sustituir combustibles fósiles por tecnologías que requieran la extracción de minerales ubicados en territorios indígenas no constituye una transición justa, menos aún si no se garantiza el consentimiento ni se respeta la autonomía. Una transición energética que no incorpore de manera explícita nuestros derechos sería una nueva fase del mismo modelo de despojo.
En ese sentido, afirmamos con contundencia que los territorios indígenas no pueden convertirse en zonas de sacrificio para sostener la transición energética global. La justicia climática exige reconocimiento pleno de los derechos territoriales, respeto vinculante al consentimiento libre, previo e informado, protección de los lugares sagrados y participación directa en los espacios donde se definen el financiamiento, la inversión, las salvaguardas y la política climática.
La mesa redonda del 25 de junio abre una discusión atravesada con frecuencia por supuestos equivocados. El llamado “desarrollo de capacidades” suele partir de la idea de que las capacidades están fuera de los pueblos y deben ser introducidas desde el exterior, por personas e instituciones ajenas a nuestros sistemas de conocimiento. Frente a esa mirada, afirmamos que los Pueblos Indígenas hemos construido durante generaciones sistemas propios de gobierno, ordenamiento territorial, conocimiento, resolución de conflictos y formas de relación armónica con la naturaleza. Por eso, el problema central no es transferir capacidades ajenas, sino reconocer, respetar y fortalecer las que ya existen en los territorios.
En ese contexto, la resiliencia no puede reducirse a una simple adaptación a la crisis desde marcos ajenos a lo que los pueblos han construido milenariamente. Para nosotros, ser resilientes significa mantener la capacidad de seguir existiendo como pueblos y de sostener lenguas, autoridades, conocimientos y formas de vida, incluso en contextos de presión, violencia e incertidumbre.
Esta agenda también interpela la forma en que circulan los recursos climáticos. El apoyo externo solo fortalece a los pueblos cuando amplía la autonomía y acompaña procesos definidos desde los territorios. Cuando las prioridades se imponen desde afuera, los recursos quedan atrapados en estructuras de intermediación y los esfuerzos organizativos terminan subordinados a requisitos administrativos ajenos a las necesidades reales de las comunidades.
Las formas actuales de financiamiento y de provisión de recursos externos suelen promover dependencia y debilitar la capacidad organizativa y de acción propia. Para transformar esa lógica se requieren relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el respeto, la flexibilidad y el financiamiento directo. También se requiere apoyo para fortalecer el gobierno propio, los sistemas de información, los mecanismos organizativos y las capacidades territoriales, no para sustituirlos ni subordinarlos.
Los tres espacios hacen visible una discusión política común. La protección de personas indígenas defensoras, la transición energética justa y el fortalecimiento de la resiliencia de los pueblos no son asuntos separados. Forman parte de una misma disputa por el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y como actores centrales de la acción climática. No somos beneficiarios pasivos ni portadores de un conocimiento accesorio para los foros internacionales. Gobernamos territorios fundamentales para la estabilidad climática, producimos evidencia propia sobre las amenazas que los afectan y sostenemos respuestas ancestrales frente a la crisis ecológica.
Desde Londres reafirmamos que cerrar la brecha en la acción climática exige transformar la arquitectura del reconocimiento, la participación y el financiamiento. Exige reconocer que proteger los derechos territoriales indígenas es proteger la biodiversidad, el clima y la vida; que defender a quienes cuidan el territorio es una prioridad climática y de derechos humanos; y que fortalecer los sistemas de vida y el gobierno propio requiere financiamiento directo, respeto por la autonomía y apoyo de largo plazo. Mientras los territorios indígenas, nuestras autoridades y propuestas sigan siendo tratados como secundarios, no habrá justicia climática ni transición verdaderamente justa.
¡Defender los territorios es defender la vida!
