En el corazón de la frontera colombo-ecuatoriana, bajo la ribera del río San Miguel, se encuentra el resguardo indígena de San Marcelino, territorio del pueblo Kichwa. Tiene dos cabildos menores, San Luis y Juan Cristóbal y cuenta con 749 habitantes que lucha por preservar su territorio, sus costumbres y su dignidad frente a décadas de abandono estatal, violencia y despojo.
La historia del pueblo Kichwa en esta región está marcada por la resistencia. Desde la constitución de la Reserva Yarinal-San Marcelino-Amaron entre 1967 y 1980, la comunidad ha visto cómo una parte significativa de su territorio aún no ha sido formalmente reconocida como resguardo indígena, dejando en incertidumbre su protección. Según Francisco Lizardo Vargas, líder del pueblo Kichwa, todavía queda por sanear una extensión de 6.924 hectáreas más 1.700 metros cuadrados, una situación que refleja una problemática común en muchas reservas del país, donde la falta de acciones concretas por parte del Estado perpetúa conflictos y desarmonías en los territorios ancestrales.
A esta deuda histórica se suma una compleja problemática territorial: la presencia de colonos, el avance de cultivos ilícitos y la exploración de hidrocarburos por parte de empresas multinacionales han profundizado la vulnerabilidad del pueblo Kichwa. Durante el conflicto armado interno, muchos de sus miembros fueron desplazados hacia Ecuador, perdiendo no solo su tierra, sino también seres queridos y parte de su patrimonio cultural. Esta ausencia facilitó el ingreso de actores económicos, empresas multinacionales para la exploración petrolera que, sin consulta previa ni consentimiento, ocuparon zonas estratégicas y sagradas, afectando sus prácticas ancestrales.
“El territorio para nosotros no es solo tierra, es vida, es memoria, es espiritualidad”, comentó Francisco. En su testimonio, describe no solo el despojo físico sufrido por la comunidad, sino también la ruptura del tejido cultural que ha sostenido su identidad. La pérdida de saberes, la fragmentación de la lengua y el debilitamiento de sus prácticas ancestrales son heridas aún abiertas.
Pese a la presencia de la Fuerza Pública en la región y a los marcos normativos que existen para proteger los derechos indígenas, la realidad sobre el terreno dista mucho de lo que dictan las leyes. La comunidad denuncia la falta de acciones concretas por parte del Estado para sanear la totalidad del territorio y evitar nuevas vulneraciones.
Uno de los principales mecanismos legales que podrían brindar alivio a esta situación es el Decreto 2333 de 2014, que establece la figura de protección provisional de los territorios ancestrales indígenas. Esta norma permite reconocer la posesión ancestral sobre territorios que aún no han sido formalmente delimitados ni titulados como resguardos, buscando evitar que sean adjudicados a terceros. Sin embargo, en la práctica, esta protección ha sido insuficiente. La falta de voluntad política y la ausencia de medidas efectivas han permitido que actividades dañinas continúen, afectando derechos fundamentales y perpetuando un ciclo de despojo y vulneración.
“La verdadera reparación no es solo física. Exige la recuperación integral del territorio, el restablecimiento de nuestras formas de vida y el reconocimiento pleno de nuestra autonomía como pueblo”, menciona Francisco.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han subrayado que los Estados están obligados a prevenir cualquier acto que ponga en riesgo “la existencia, el valor, el uso o el goce” de los territorios indígenas, incluso si no están tituladas formalmente. Sin embargo, en el caso del pueblo Kichwa, estos derechos no se han garantizado plenamente, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad y desprotección.
El impacto de esta omisión estatal no se limita al acceso a la tierra. La imposibilidad de ejercer el gobierno propio, la autonomía y la autodeterminación ha debilitado profundamente la estructura social y espiritual del pueblo Kichwa.
El llamado de la comunidad es claro: sin territorio no hay pueblo, y sin pueblo, se pierde una parte esencial de la riqueza cultural y espiritual del país. Proteger los territorios indígenas no es solo una obligación jurídica, es también un acto de justicia y una forma de preservar la diversidad que sustenta la nación colombiana.
¡Defender los territorios es defender la vida!
