Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia públicamente el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional en la garantía de las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de las sesiones de diálogo y concertación, situación que vulnera de manera grave y sistemática los derechos territoriales, humanos y fundamentales de los Pueblos Indígenas.
Pese a los avances normativos de altísima importancia, relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), el Gobierno Nacional ha demostrado una conducta renuente frente al funcionamiento adecuado de la CNTI, impidiendo el ejercicio pleno de la participación efectiva, la concertación y la toma de decisiones sobre la implementación de los compromisos concertados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las políticas públicas en materia territorial indígena.
La VI Sesión Ordinaria de la CNTI, programada para el 28 de noviembre de 2025, no pudo culminarse, entre otros motivos, debido a la ausencia reiterada del Director General de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Juan Felipe Harman Ortiz, quien ha demostrado que es el único competente para definir acuerdos estructurales que sobrepasan la capacidad de quienes en su delegación asisten al Espacio. Como consecuencia, se generó una pérdida de recursos públicos y se afectaron la coordinación previa, la agenda concertada y los esfuerzos logísticos realizados por las autoridades indígenas provenientes de distintas regiones del país.
A ello se suma la cancelación unilateral de la continuidad de la sesión programada para el 18 de diciembre de 2025, notificada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante correo electrónico el 17 de diciembre a las 6:22 p. m., lo cual interrumpió abruptamente la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas.
Estas actuaciones, atribuibles al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), obstaculizaron el seguimiento a los compromisos del PND, la definición de presupuesto y metas para 2026, y la implementación de acuerdos orientados a garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, incluyendo procesos de ampliación, saneamiento, reestructuración, conversión y constitución de resguardos, así como la protección integral de los territorios ancestrales.
La CNTI advierte que este patrón reiterado de reprogramaciones, ausencia de funcionarios decisorios, entrega extemporánea e incompleta de información, discontinuidad contractual, cambios constantes de directivos y falta de planeación institucional, resulta regresivo y desconoce el carácter legítimo, legal y vinculante de la CNTI como instancia de concertación de Gobierno a Gobierno.
Estas prácticas contravienen la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la inadecuada destinación de recursos públicos sin el cumplimiento de los fines previstos podría configurar detrimento patrimonial y omisión de funciones, lo que amerita la intervención de los organismos de control.
Finalmente, la CNTI hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que honre los compromisos adquiridos, respete los espacios de decisión colectiva y actúe bajo los principios de buena fe, enfoque de derechos y obligatoriedad de la concertación. El respeto a la CNTI es una obligación constitucional y legal, fundamental para la garantía de los derechos territoriales de los 115 Pueblos Indígenas del país.
¡Defender los territorios es defender la vida!
