El pasado 9, 10 y 11 de octubre se realizaron con éxito las sesiones ampliadas de la Mesa permanente de concertación con los Pueblos Indígenas para la concertación de la ruta de consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022: Pacto por Colombia y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
En el marco de las sesiones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia -CNTI-, la Mesa Permanente de Concertación -MPC- y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas -CNDDHHPI- realizaron un balance profundo de los acuerdos celebrados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. En este espacio, la CNTI fue parte activa, Camilo Niño, secretario técnico de esta, puso en consideración de los delegados una evaluación precisa de los acuerdos en materia de protección de territorios ancestrales, constitución y ampliación efectiva de resguardos, restitución de derechos territoriales y política nacional ambiental. De igual forma, la secretaría manifestó la necesidad imperante de reformular las demandas hechas en el proceso de consulta del plan 2014-2018 y de generar una metodología efectiva para la creación de acuerdos realmente vinculantes a futuro.
Por otro lado, ante las distintas instituciones del Gobierno Nacional, la Comisión Nacional de Territorios expresó su preocupación en la conexidad entre los asesinatos de líderes sociales indígenas y las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos, hecho que también fue comunicado por la Comisión de Derechos Humanos. Así mismo, de parte de la secretaría se exigió explícitamente la reactivación de diálogo directo con el gobierno y la continuidad en el trámite de los procesos llevados por la Agencia Nacional de Tierras, al considerar estos una parte importante en la garantía de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
La Comisión celebra que la ruta acordada por el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas lograra recoger sus inquietudes, al establecer mecanismos de seguimiento permanentes para los acuerdos futuros y espacios de coordinación entre las partes; además de los compromisos adquiridos a corto plazo por parte del Gobierno Nacional, particularmente del Ministerio de Agricultura, al confirmar su participación en las siguientes sesiones de la Comisión y la celeridad en los casos por gestionar de parte de esta entidad.
Finalmente, en el marco de la sesión los delegados de las diferentes instancias rechazaron tajantemente el proyecto que cursa en la actualidad en el Senado, al considerarlo una iniciativa excluyente, la cual no reconoce la consulta como un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas, dándole única y exclusivamente un carácter administrativo. En este sentido, es claro que los objetivos e intereses a los que responde el proyecto de ley son contrarios a este derecho fundamental, por lo cual, desde los Pueblos Indígenas se considera al proyecto una iniciativa sumamente regresiva en la materia.
