Bogotá, 12 de junio de 2025. Durante el segundo día de la Primera Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en un espacio autónomo, exclusivo de las Organizaciones Indígenas, delegados, y Pueblos Indígenas, evaluamos los avances, hallazgos y retos en materia territorial. Es aquí donde consolidamos posturas colectivas frente a los temas estructurales y estratégicos que impactan directamente el presente y el futuro de los Pueblos Indígenas, fortaleciendo el Gobierno Propio y la agenda territorial indígena.
En esta primera sesión mixta de concertación, las organizaciones y delegados indígenas desde los análisis, visiones y conocimientos propios de los territorios, identificamos alertas críticas que reflejan el estado actual de la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia:
- Incumplimiento de acuerdos y publicación unilateral de normativas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no respetó el texto acordado con las organizaciones indígenas en el marco de la Minga para la modificación del Decreto 2164 de 1995, el cual busca agilizar los procesos de formalización territorial y conversión de reservas en resguardos. En su lugar, publicó un documento no concertado que impone disposiciones que ralentizan dichos procedimientos y desconoce los principios de diálogo, participación efectiva y respeto por el gobierno propio de los Pueblos Indígenas.
- Deficiencia en la planeación, formulación y ejecución presupuestal que afecta la garantía y entrega material de los derechos territoriales indígenas.
A la fecha, la ANT sólo ha ejecutado el 5% del presupuesto 2025 destinado a la formalización y seguridad jurídica de los Pueblos Indígenas. Esta baja ejecución y la falta de culminación de procesos de contratación ralentizan gravemente los procesos elevados a la entidad. Adicionalmente el avance de las metas concertadas, las cuales se garantizan a través de estos recursos, no han sido en su totalidad favorables para los Pueblos Indígenas. Por ello, se insta a los organismos de control a activar rutas y medidas correctivas.
- Revictimización a los Pueblos Indígenas dada la falta de articulación institucional para la reparación territorial indígena
La ausencia de rutas claras para la adquisición, restitución y formalización de territorios ha impedido el acceso efectivo de los pueblos y comunidades indígenas víctimas del conflicto armado a sus derechos territoriales y a las medidas de reparación integral colectiva. Esta situación compromete directamente su supervivencia física y cultural, como lo ha advertido la Corte Constitucional. Por ello es urgente la coordinación entre la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
- Incumplimiento en el avance de la política pública de restitución por parte de la URT
La Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no ha cumplido con el acuerdo de tramitar un 30% anual de las solicitudes rezagadas de los diez primeros años de esta política. De los 267 casos identificados a corte de diciembre 2022, solo 101 han sido atendidos entre 2023 y 2024. Este incumplimiento evidencia una falta de voluntad operativa e institucional, que requiere medidas urgentes para asegurar una restitución efectiva del rezago y de las nuevas solicitudes elevadas a la entidad. Por ende, hacemos un llamado a actuar con coherencia, voluntad política y respeto por los acuerdos firmados.
- Incumplimiento del compromiso de creación de la Subdirección de Asuntos Indígenas
Alertamos sobre el incumplimiento por parte del MADR y la ANT del compromiso de avanzar con los mecanismos, estudios y gestión con las entidades competentes para la creación de la Subdirección de Asuntos Indígenas. Exigimos la concertación de las funciones y competencias de esta Subdirección y la definición de la fecha para el inicio de su funcionamiento.
- Desactualización y falta de participación en la Función Ecológica para la Propiedad (FEP)
La Guía Metodológica para la emisión de la FEP se encuentra desactualizada y descontextualizada; fue elaborada hace más de 20 años y no contó con la participación de los Pueblos Indígenas, lo que la hace inapropiada para orientar procesos en nuestros territorios. Esta situación representa un riesgo a nuestra autonomía y sistemas propios de conocimiento.
