Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos que las decisiones sobre biodiversidad y cambio climático se traduzcan en garantías para nuestros pueblos y territorios. En el marco de la COP17 y la COP31, llamamos a los Estados a reconocer nuestros derechos colectivos, respaldar nuestros sistemas de gobierno y conocimiento y proteger la vida de quienes ejercemos la defensa territorial.
La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica se realiza del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia. En este encuentro se abordarán la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. También tendrá lugar la primera revisión mundial de los avances colectivos en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, junto con discusiones sobre financiamiento, seguimiento y compromisos relacionados con los Pueblos Indígenas.
Por su parte, la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. En este escenario se discutirán acciones para reducir emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y atender pérdidas y daños. El financiamiento y la transición justa, con enfoque de derechos, son asuntos fundamentales para nuestros pueblos.
Las Conferencias de las Partes, conocidas como COP, reúnen a los Estados que forman parte de un convenio internacional para evaluar su cumplimiento y negociar decisiones. Cada una tiene objetivos y una agenda propios. Sus acuerdos orientan la implementación de los convenios y requieren políticas, recursos y acciones nacionales que se traduzcan en resultados concretos en los territorios.
Para nuestros pueblos, la biodiversidad y el clima están vinculados en la integridad territorial. En nuestros territorios se relacionan las aguas, los bosques, la espiritualidad y nuestros sistemas de conocimiento y gobierno. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad afectan esas relaciones y las condiciones para sostener nuestras formas de vida. Desde nuestros gobiernos propios mantenemos prácticas de cuidado que deben ser reconocidas y respaldadas en ambas COP.
Exigimos seguridad jurídica y material para nuestros territorios y aguas. Los Estados deben avanzar en su reconocimiento y protección integral, con garantías efectivas para permanecer, ejercer el gobierno propio y enfrentar el despojo y las amenazas. Nuestros derechos territoriales tienen fundamento ancestral, histórico y colectivo, y deben respetarse en las políticas de conservación y acción climática.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible, predecible y respetuoso de nuestra autonomía. Los recursos deben responder a prioridades definidas por nuestros pueblos y respaldar las capacidades que sostienen el cuidado territorial. Su acceso y gestión deben reconocer nuestras instituciones, procedimientos colectivos y sistemas de conocimiento.
Exigimos protección efectiva para nuestras autoridades, liderazgos y personas defensoras. Las amenazas, los homicidios, el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento forzado afectan a nuestros pueblos y debilitan nuestros sistemas de gobierno, conocimiento y cuidado. Cada agresión compromete vínculos comunitarios, la transmisión de saberes y la continuidad de nuestros procesos organizativos. Los compromisos ambientales deben incluir mecanismos de prevención y protección que atiendan estas dimensiones colectivas y territoriales.
Exigimos participación plena, segura, efectiva y vinculante como titulares de derechos. Para incidir en la construcción, implementación y seguimiento de las decisiones, necesitamos información oportuna, interpretación, recursos y mecanismos que incorporen nuestras propuestas. Todo el proceso debe respetar nuestras formas propias de representación y deliberación, así como nuestro consentimiento libre, previo e informado.
El cumplimiento de los compromisos debe poder verificarse mediante responsables, plazos, presupuestos y resultados. Esto implica conocer cómo avanzan la protección territorial, el financiamiento a nuestros procesos y las garantías para ejercer nuestros derechos. La conservación y la transición justa deben respetar nuestra autonomía y fortalecer las condiciones para cuidar y permanecer en nuestros territorios.
En la COP17 y la COP31 insistimos en que nuestra palabra y nuestras propuestas se traduzcan en decisiones y garantías. La protección de la biodiversidad y la justicia climática requieren reconocer el lugar de nuestros pueblos en las decisiones que afectan la vida territorial.
¡Defender los territorios es defender la vida!
