El 5 de julio de 1996, los Pueblos Indígenas de todo el país protagonizamos una toma pacífica de la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en Bogotá. Esta acción histórica no fue un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Fue una expresión contundente de dignidad, resistencia y exigencia política frente a siglos de despojo, exclusión y vulneración de derechos que el Estado colombiano no había resuelto de manera estructural.
Durante más de un mes, los Pueblos Indígenas permanecimos en este espacio demandando garantías reales para el goce efectivo de los derechos colectivos, así como el reconocimiento pleno de la autonomía y de los territorios ancestrales. La permanencia en la Conferencia Episcopal expresó una decisión colectiva de sostener la palabra, de afirmar la legitimidad de nuestras exigencias y de interpelar al Estado desde una movilización pacífica, firme y con profundo sentido político.
Esa acción marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento indígena en Colombia. No solo puso en evidencia la gravedad de las deudas históricas del Estado con los pueblos, sino que abrió un camino de interlocución que transformó la relación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. Después de más de un mes de resistencia pacífica, diálogo persistente y firmeza colectiva, la toma concluyó con un acuerdo fundamental: la creación de una instancia permanente de interlocución entre ambas partes.
Como resultado de ese proceso, el 9 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos históricos para los Pueblos Indígenas de Colombia. El Decreto 1396, por el cual se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y el Decreto 1397, por el cual se crean la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC).
30 años después, la CNTI, la MPC y la CDDHHPI siguen siendo espacios legítimos de interlocución, concertación y diálogo entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. Su existencia confirma que los avances en derechos no han sido gratuitos ni automáticos. Han sido conquistados por la fuerza de la organización, por la persistencia de la movilización y por la capacidad de convertir la exigencia política en escenarios concretos de diálogo de gobierno a gobierno.
Recordar la toma de la Conferencia Episcopal no es solo hacer memoria de un hecho del pasado. Es reconocer una lucha que sigue teniendo plena vigencia. La defensa de los territorios, la autonomía, los derechos humanos y la pervivencia de los pueblos continúa exigiendo voluntad política, cumplimiento efectivo de los acuerdos y respeto por los escenarios construidos históricamente. A 30 años de esta acción, reafirmamos que estos espacios de concertación existen porque los Pueblos Indígenas los hicimos posibles, y porque la resistencia organizada sigue siendo una fuerza decisiva para abrir caminos de dignidad, justicia y vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
