La Semana de Acción Climática de Londres 2026, que se desarrolla del 20 al 28 de junio, reúne espacios de debate y formulación de rutas de acción sobre asuntos estratégicos como financiamiento climático, transición energética, resiliencia, gobernanza urbana, diplomacia global y liderazgo indígena en la defensa de los bosques y los territorios.
Los Pueblos Indígenas de Colombia llegamos a este escenario con una convicción política clara: no habrá acción climática efectiva ni justa sin el reconocimiento y la garantía plena de los derechos de nuestros pueblos. Venimos de uno de los países más biodiversos y pluriculturales del planeta, donde los territorios indígenas han protegido durante generaciones bosques, aguas, páramos, nevados y sabanas mediante sistemas de vida, gobierno propio y conocimientos que hoy siguen siendo fundamentales para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Nuestra presencia en este escenario no responde a una voluntad de testimonio simbólico. Llegamos a exigir que esas contribuciones sean reconocidas en las decisiones globales, en las políticas públicas, en los mecanismos de financiación y en las salvaguardas que orientan la acción climática internacional.
Reconocer y proteger los territorios indígenas es reconocer una de las soluciones climáticas más efectivas y vigentes del planeta. La acción climática no comienza ahora en estos territorios. Allí existe desde hace siglos, sostenida por sistemas de conocimiento, formas de gobierno propio y relaciones de cuidado que han protegido ecosistemas esenciales para la regulación climática y la vida. Por eso insistimos en que la seguridad jurídica territorial también es una medida climática. La identificación, protección y garantía efectiva de los derechos territoriales fortalecen la capacidad de seguir cuidando la biodiversidad, sostener ciclos vitales y enfrentar la crisis desde respuestas ya probadas por la historia de los pueblos.
Esta exigencia se vuelve aún más urgente en el debate sobre transición energética. No aceptamos que, en nombre de la crisis climática, se impongan nuevas formas de despojo ni se conviertan los territorios indígenas en zonas de sacrificio para abastecer la demanda global de minerales, energía o infraestructura. Una transición que reemplaza combustibles fósiles por actividades extractivas que vulneran derechos, debilitan la autonomía y afectan formas de vida no puede presentarse como justa.
La respuesta a la crisis climática no puede reproducir las mismas causas que la produjeron. Debe construirse sobre la justicia social, el respeto a la libre determinación y la participación efectiva de los pueblos en los espacios donde se definen metas, estrategias y mecanismos de implementación.
También insistimos en que defender el territorio es defender la vida. La violencia contra los Pueblos Indígenas no es un fenómeno aislado. Está vinculada al despojo territorial, a la discriminación estructural, a la expansión de economías ilegales y extractivas y a la insuficiente protección estatal. Cuando se amenaza, desplaza, criminaliza o asesina a quienes cuidamos los territorios, también se debilitan las condiciones necesarias para proteger la biodiversidad y enfrentar la crisis climática. Por eso, la protección de defensoras y defensores indígenas debe asumirse como una prioridad climática, ambiental y de derechos humanos, no como un asunto periférico o posterior.
Del mismo modo, la financiación climática y de biodiversidad debe transformarse. No basta con que existan recursos si estos continúan concentrándose en estructuras de intermediación que deciden prioridades sin participación efectiva de quienes habitan, gobiernan y protegen los territorios. Los recursos deben llegar de manera directa, accesible y culturalmente pertinente a los Pueblos Indígenas. No se trata solo de financiar proyectos. Se trata de fortalecer derechos territoriales, gobierno propio, protección colectiva, monitoreo territorial, comunicación propia y sistemas de conocimiento. Sin participación efectiva y sin financiación directa, la acción climática seguirá reproduciendo desigualdades en lugar de resolverlas.
Desde Londres reafirmamos una exigencia que no admite ambigüedades: sin territorios indígenas protegidos, sin garantías para quienes defienden la vida y sin participación y financiación directa, no habrá justicia climática ni transición energética justa. La acción climática debe reconocer a los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y no como beneficiarios pasivos. Estos territorios no son espacios disponibles para decisiones ajenas. Son territorios vivos, con autoridades, normas propias, conocimientos y propuestas concretas para sostener la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
