En el rumbo político que tome el país también se decide el futuro de los territorios indígenas, de los derechos colectivos y de la protección de ecosistemas estratégicos para la vida. Para los Pueblos Indígenas, la formalización territorial no es un trámite ni una meta burocrática. Es una garantía de pervivencia, permanencia, seguridad jurídica y gobierno propio. De su avance dependen no solo el reconocimiento de una relación ancestral, cultural y espiritual con los territorios, sino también las condiciones materiales para cuidar la vida y sostener los sistemas propios de conocimiento.
Formalizar es garantizar derechos. Cada territorio constituido o ampliado fortalece la protección jurídica de los pueblos y reconoce una relación histórica con espacios habitados, cuidados y defendidos durante generaciones. Cuando la formalización avanza, se abren condiciones para proteger la biodiversidad, cuidar ecosistemas estratégicos y sostener formas de vida ancladas en la memoria, la espiritualidad y el territorio. Por eso, cualquier discusión sobre el futuro del país debe asumir con seriedad que la garantía territorial no es un asunto secundario, sino una condición para la vida colectiva.
Los datos muestran diferencias concretas entre periodos de gobierno. Entre 2018 y 2022 se culminaron 87 procedimientos y se formalizaron 369.736 hectáreas más 9.978 metros cuadrados. En el periodo 2022–2026, aún sin concluir, se han culminado 255 procedimientos y se han formalizado 1.474.210 hectáreas más 6.033 metros cuadrados. Esto significa que los procedimientos casi se triplicaron y que las hectáreas reconocidas fueron casi cuatro veces mayores frente al periodo anterior. No se trata de una variación menor. Es una diferencia que muestra que, cuando existen voluntad política, capacidad institucional y exigencia indígena, los derechos territoriales pueden avanzar de manera más decidida.
Ese avance también se refleja en el comportamiento anual de los procedimientos culminados entre 2022 y 2026. En 2022 se registraron 8; en 2023, 69; en 2024, 84; en 2025, 81; y en lo corrido de 2026, 13. En total, se han culminado 255 procedimientos: 145 constituciones y 110 ampliaciones. Estos datos muestran una tendencia sostenida que no debe ser leída como una concesión, sino como el resultado de una combinación entre lucha indígena, capacidad de incidencia y apertura institucional. Al mismo tiempo, dejan claro que la formalización territorial puede acelerarse cuando el tema se asume como una prioridad política real.
La protección de los territorios ancestrales también depende de decisiones políticas concretas. El Decreto 2333 de 2014 abrió una ruta para proteger territorios ocupados o poseídos ancestral y tradicionalmente por los Pueblos Indígenas. De las 14 resoluciones de protección expedidas desde su creación, 12 corresponden al actual periodo de gobierno. Este dato confirma que la protección territorial no avanza por inercia. Requiere determinación institucional y reconocimiento efectivo de que los territorios indígenas no pueden seguir expuestos a la desprotección, al rezago administrativo ni a la inseguridad jurídica.
Sin embargo, estos avances no cierran la deuda histórica. Es necesario continuar la formalización, fortalecer la protección territorial y garantizar que los procedimientos respondan a las necesidades reales de los pueblos. Sin territorio no hay derechos garantizados. La seguridad jurídica no solo protege a los Pueblos Indígenas; también es una condición para cuidar la biodiversidad, sostener la vida y avanzar en paz, protección ambiental y derechos humanos. Lo que está en juego no es solo el reconocimiento de unas hectáreas. Es la posibilidad de garantizar territorios vivos, pueblos con futuro y ecosistemas protegidos para toda la sociedad.
¡Defender los territorios es defender la vida!
