En la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el 26 de abril 2023 en Santiago de Chile, Daris Cristancho junto con otro lideres U’wa fueron escuchados, en un hito si se tiene en cuenta que es el primer pueblo indígena de Colombia que ha logrado llegar a la CIDH en un juicio contra el Estado colombiano por la violación a sus derechos territoriales y culturales.
En la zona rural de Cubará, Boyacá se encuentra una de las naciones U’wa, un pueblo indígena más antiguo que la misma nación de colombiana, es un territorio sagrado, un territorio en disputa, para el ELN es un escondite y corredor para el narcotráfico y para el Estado colombiano y las empresas multinacionales es una fuente de gas natural y petróleo.
El territorio como espacio de vida, los U’wa lo definen como ese lugar sagrado, un ser vivo con espíritu propio que cumple la función de brindar armonía y equilibrio. Donde todo ser vivo tiene sangre, todo árbol, vegetal y animal. Razón por la cual, es fundamental y determinante para la vida y pervivencia como nación U’wa.
Las petroleras llegaron al territorio U’wa con complicidad del Estado quien permitió la entrada de las multinacionales con la excusa que solo sería para informar a la comunidad, “en el año 1992 el Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente) recibió una petición de tres compañías petroleras. Estaba Occidental Petroleum Company – OXY, Ecopetrol y Shell Colombia», comentó uno lideres.
Tres compañías petroleras que pidieron licencia ambiental ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente- Inderena para hacer exploración sísmica dentro del bloque llamado bloque Samoré”. Como lo recuerda Evaristo Tegria, líder U’wa. Cabe mencionar que el Inderena fue creada por el Gobierno colombiano en el año 1968 para reglamentar, administrar y proteger los recursos naturales del país.
El bloque de Samoré recogía los departamentos Santander, norte de Santander, Boyacá y Arauca. Un proyecto que pasaba por territorio de las comunidades indígenas del pueblo U’wa. “En ese entonces no teníamos el resguardo que actualmente tenemos. Teníamos era el resguardo y en Boca Rinconada, pero era un resguardo muy pequeño.” Comentó Evaristo. Sin embargo, desde 1968 los U’wa venían pidiendo la ampliación del resguardo, pero no lograron respuestas.
Para 1994, el Inderena desaparecido y se creó el Ministerio del Medio Ambiente y todo el expediente que reposaba en el INDERENA pasó a competencia del Ministerio del Medio Ambiente y este les aceptó las solicitudes de las empresas para entrar al territorio con el proyecto bloque Samoré.
En 1995 los U’wa se reunieron en el tercer congreso indígena y en ese escenario Evaristo les socializó el caso a todas las autoridades tradicionales. “La conclusión del congreso fue que el proyecto no se podía realizar porque al pueblo U’wa no les habían consultado. Además, porque no podían dejar extraer el petróleo, porque este es la sangre de la Madre Tierra, para ellos es intocable. Con eso no se puede jugar, no se puede tocar, porque para nosotros significa la destrucción de nuestro mundo”, comentó Evaristo.
Posteriormente fueron citados por el Ministerio del Interior en Arauca donde también estuvieron presentes las tres compañías petroleras. En esa reunión les socializaron nuevamente el proyecto “nos dijeron que la socialización no era para que dijéramos sí o no al proyecto, simplemente era para informarnos que iba a pasar por nuestro territorio. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero ellos insistieron nuevamente que no era para dar una aprobación de un sí o no al proyecto, simplemente era la información”, recordó Evaristo. Y así inicia la exploración en el territorio, vulnerando su derecho tanto a la consulta previa como su derecho a la relación especial con el territorio.
Tanto la nación U’wa como los demás pueblos que habitan en territorio colombiano tienen una relación de respeto y armonía con el territorio, y han desarrollado conocimientos milenarios para su protección y así mismo para mantener sus prácticas sagradas, por tanto, cualquier irrupción en la armonía causa desequilibrio en su comunidad. Además, en Colombia, los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener, fortalecer y practicar la relación con los territorios que ocupan o utilizan de diversas maneras. “Un derecho que el Gobierno colombiano está obligado a respetar y es esa importancia especial que tiene el territorio para nuestra cultura y valores espirituales que tiene esa relación colectiva”. Según el Manual para la Defensa de los Derechos Territoriales del ODTPI.
Según este derecho, el Estado debe tomar medidas para proteger nuestro derecho a usar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por nuestras comunidades, pero a las que hemos tenido acceso tradicionalmente para nuestras actividades tradicionales y de subsistencia. Esto se traduce en garantizar la supervivencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas.
Sin embargo, al pueblo U’wa no se le respetó esa relación especial con el territorio que ocupan ancestralmente, por el contrario, se le otorgo licencia ambiental a una de las multinacionales que llegó a su territorio. Y tampoco se les respetó el derecho a la consulta previa y perdieron el caso ante el Estado colombiano, quien permitió la entrada de multinacionales a su territorio. Aunque la CIDH menciona que dada la relación especial que los pueblos indígenas tienen los territorios para la subsistencia material como para la integridad cultural, se establece que “la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Debe existir ese respecto hacia los pueblos y garantizar esa protección”.
Por ende, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar a los pueblos indígenas el derecho a practicar sus tradiciones, a preservar y proteger los espacios sagrados o de importancia cultural, incluyendo el acceso a dichos sitios, ya sea que se encuentren en propiedad privada o no.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el pueblo U’wa ha ocupado su territorio ancestralmente cuidándolo desde sus saberes ancestrales, el Estado no respeto sus derechos y emitió una licencia ambiental para la exploración en su territorio.
Aunque los U’was agotaron los recursos internos para revertir esta decisión no fue posible y deciden llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos interponiendo una demanda contra el Estado colombiano. “Este fue un proceso de lucha y resistencia de décadas, por violaciones de sus derechos humanos y colectivos, donde finalmente fueron escuchados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia histórica” comentó Milena Mazabel una de las abogadas que acompañó el caso de los U’wa.
En Colombia no se cuenta con una normativa o política clara en esta materia, lo que implica la ausencia de un reconocimiento y protección efectiva de los lugares sagrados de los pueblos indígenas, así como de la territorialidad que estos determinan.
Pese a las contundentes pruebas presentadas por la Nación U’wa y a pesar de que la representación del Estado admitiera que se tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas, el Estado no reconoció responsabilidad internacional en el caso U’wa por las múltiples violaciones de derechos ocurridas durante más de 26 años.
En la audiencia participó la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI como perito, donde aportó desde su experticia sobre los impactos que los proyectos extractivos y militarización del territorio causan desarmonías y despojo en los territorios. Además de manifestar que “el Estado no ha adoptado medidas para proteger los derechos territoriales de este pueblo indígena, tampoco realizó esfuerzos para consultar a la Nación U’wa sobre los proyectos extractivos, pese a las múltiples evidencias de ocupación ancestral del territorio y al alto valor espiritual que para la Nación U’wa tienen las zonas en donde se implantaron los proyectos.
Después de analizar los alegatos hechos por la parte peticionaria, que representó a 34 comunidades ubicadas en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander, y las respectivas respuestas por parte del Estado colombiano, en diciembre del 2024 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el que se declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos del pueblo U’wa. Una decisión que ocurre después de treinta años de lucha por la justicia.
El fallo histórico
El fallo concluyó que el Estado le vulneró 13 derechos al pueblo U’wa. Entre ellos están el derecho a la propiedad colectiva, el derecho de acceso a la información, el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al medioambiente sano, el derecho a la vida digna, entre otros consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, para reparar a esta comunidad de manera integral, la Corte emitió 11 órdenes al Estado colombiano, tendientes a garantizar la permanencia en su territorio ancestral con garantías jurídicas; clarificar títulos de origen colonial; mitigar daños ambientales causados por proyectos minero energéticos y el conflicto armado; pedirle perdón; y crear un fondo de desarrollo comunitario a raíz de las afectaciones a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal.
Lo que ocurrió en la audiencia en Santiago de Chile, no solo fue una victoria para los U’wa. Fue un precedente histórico para los pueblos indígenas de América Latina que enfrentan una situación similar de violación sistemática de sus derechos ancestrales y la inacción estatal.
Por ello, es fundamental que el Estado garantice el derecho que tienen los pueblos indígenas en mantener sus prácticas y su relación especial con los territorios, desde el reconocimiento y delimitación de las territorialidades. “La relación con el territorio no es solo de posesión, es de un vínculo espiritual para vivir en armonía, y nosotros, por fin, fuimos escuchados”” mencionó Daris Cristancho al cierre de la audiencia. La herida aún no cierra, pero la justicia ha empezado a sanar.
¡Defender los territorios es defender la vida!
