La paz, los derechos colectivos y la protección territorial tienen efectos directos sobre la vida de los Pueblos Indígenas. Esa afirmación no es una consigna vacía ni una interpretación abstracta de la coyuntura. Es una realidad que puede leerse con claridad en los registros propios del Sistema de Información de Violencia Sociopolítica de Pueblos Indígenas, SIVOSPI, una herramienta construida para enfrentar el subregistro histórico que durante años ha invisibilizado la violencia sistemática ejercida contra autoridades, líderes, lideresas, comuneros, comuneras, mayoras, mayores, niñas y niños indígenas.
El SIVOSPI no solo cuenta casos. Permite ver cómo las decisiones del Estado frente a la paz tienen consecuencias concretas en los territorios. Cuando se debilitan la implementación de los acuerdos, las garantías de protección y las respuestas integrales a las causas estructurales de la violencia, el riesgo aumenta. Los datos muestran con crudeza ese punto de quiebre: el salto de 38 homicidios políticos en 2017 a 61 en 2018, y luego la profundización de esa tendencia hasta llegar a 82 en 2019, 115 en 2020 y 114 en 2021. Esas cifras no pueden leerse como hechos aislados. Expresan el costo de dejar a los territorios sin garantías reales de protección.
La violencia colectiva también confirma esa relación. El registro propio evidencia que las masacres crecieron durante los años de mayor debilitamiento de la implementación de paz y empezaron a descender cuando se reabrieron rutas de intervención orientadas a enfrentar la guerra y sus causas estructurales. El hecho de que la tendencia baje no autoriza el triunfalismo ni permite desconocer la persistencia del conflicto. Al contrario, obliga a una lectura más rigurosa: los respiros son frágiles, pero demuestran que las decisiones institucionales sí tienen efectos sobre la protección de la vida. Frenar la guerra salva vidas; abandonar la paz las pone en riesgo.
Este panorama también deja una enseñanza política de fondo. No es posible separar la defensa de la vida de la defensa del territorio. Allí donde aumentan los homicidios, las masacres y la violencia sociopolítica, también se profundizan el confinamiento, el desplazamiento, el reclutamiento y la ruptura del relevo generacional. Cada autoridad asesinada, cada guardia atacada, cada comunero desplazado afecta la continuidad de los sistemas propios de vida y conocimiento. Mantener viva a la gente es el primer paso para asegurar el territorio ancestral y los diversos vínculos establecidos con él.
Por eso insistimos en que el futuro del país no puede tratar la paz, la seguridad territorial y los derechos colectivos como asuntos secundarios. No se trata solo de reducir cifras. Se trata de garantizar condiciones reales para la pervivencia y permanencia de los pueblos, para la defensa del territorio y para la continuidad de la memoria y del gobierno propio. La violencia no solo destruye vidas individuales. Ataca la posibilidad misma de seguir existiendo como pueblos con territorio, cultura y horizonte propio.
Decidir por la vida exige asumir con seriedad la urgencia de proteger los territorios y de sostener políticas orientadas a enfrentar las causas estructurales de la violencia. Implica fortalecer la implementación de la paz, garantizar seguridad territorial efectiva y reconocer que proteger a los Pueblos Indígenas es también proteger una parte esencial del equilibrio democrático, ambiental y cultural del país. Mantener vivos a los pueblos es defender el territorio, el relevo generacional y los sistemas de vida y conocimiento que sostienen su existencia colectiva. Para proteger el territorio, nos la jugamos por la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
