Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos el asesinato de Yeison Aizama Variaza, Guardia Indígena del resguardo DAI UMADAMIA, ubicado en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca.
La violencia sistemática sigue arrebatando la vida de quienes defienden los territorios y la autonomía de los Pueblos Indígenas en Colombia. En lo corrido de 2025, 25 líderes indígenas —entre ellos autoridades, médicos tradicionales, integrantes de la Guardia Indígena y exautoridades— han sido asesinados. Cada una de estas muertes enluta a nuestras comunidades y constituye una grave amenaza para la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos.
Denunciamos y rechazamos la violencia política que se sigue perpetuando en nuestros territorios, amenazando nuestro derecho a la vida y a la autonomía. La falta de seguridad jurídica sobre los territorios indígenas y el rezago en la formalización de nuestros territorios han sido factores que fomentan la violencia en contra de nuestros pueblos.
Desde este espacio, le exigimos al Gobierno Nacional, a los órganos de control y a los organismos de derechos humanos tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar la protección de los Pueblos Indígenas, sus líderes y lideresas. No podemos seguir siendo testigos de la impunidad que rodea estos crímenes contra defensores y defensoras de la vida.
La falta de acciones concretas para frenar la violencia y garantizar la seguridad de nuestros pueblos ha permitido que estructuras armadas ilegales sigan operando con total impunidad en nuestros territorios.
Es urgente que el Estado implemente estrategias integrales de protección y seguridad basadas en el reconocimiento de nuestras propias formas de vida, de autogobierno y autodeterminación, incluyendo el fortalecimiento de la Guardia Indígena y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de seguridad jurídica territorial.
Exigimos justicia, verdad y garantías de no repetición. No basta con condenas simbólicas ni con promesas que no se materializan en acciones reales. Necesitamos que se esclarezcan los hechos, que se identifique y judicialice a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, y que se garantice el derecho a la verdad de las familias y pueblos que hoy lamentamos la pérdida de nuestros defensores y defensoras.
Sin justicia, la violencia continuará perpetuándose, amenazando con el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios en el país.
¡Que defender nuestros territorios no nos cueste la vida!
