En el marco de la lucha histórica constante de los pueblos indígenas colombianos por la reivindicación de nuestra pre existencia y garantía de los derechos colectivos, originarios, fundamentales y humanos, como la salvaguarda de nuestros territorios, se creó mediante el Decreto 1397 de 1996, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). La CNTI es un espacio de concertación política de Gobierno a Gobierno, con carácter vinculante, en el que tienen voz los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, para la defensa y materialización de nuestros derechos territoriales.
En el proceso de concertación y seguimiento de los acuerdos territoriales entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas —especialmente sobre formalización y seguridad jurídica en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023)–, las autoridades y delegados indígenas, reunidos en espacio autónomo en la IV Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), ejercemos nuestro derecho a la participación política, la autonomía y el gobierno propio.
No obstante, desde este espacio hemos venido constatando con preocupación la ausencia sistemática de voluntad gubernamental para un verdadero y transparente diálogo político de alto nivel con las Entidades del Gobierno Nacional obligadas a cumplir con nuestros derechos, y por ende con los funcionarios que en la mismas ostenten las capacidades y competencias para tomar las decisiones y comprometer en su representación legal y pública en las sesiones de la CNTI, la voluntad y responsabilidad del Estado que hoy requiere la superación de las brechas que impiden nuestro goce efectivo de derechos.
Advertimos así mismo sobre el incumplimiento reiterado de los acuerdos pactados, lo que vulnera nuestros derechos territoriales y colectivos, al tiempo que desdice de la voluntad de un cambio en el compromiso del Estado con la materialización de los fines y principios de la Constitución Política de 1991.
La sistemática inasistencia de altos funcionarios afecta gravemente procesos claves para el reconocimiento y protección de territorios indígenas, debilita la garantía de los derechos territoriales, políticos y culturales de los Pueblos Indígenas. Esta situación no es un hecho aislado, sino una práctica reiterativa que refleja el desinterés estructural del Estado.
Para abordar temas estructurales con la institucionalidad, conforme al decreto 1397 de 1996, se convocó al director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de manera reiterada:
- El 20 de noviembre de 2024 se envió oficio de convocatoria para su participación de la sesión del 27 de noviembre. No asistió.
- El 3 de diciembre se sesionó de manera extraordinaria, a la cual asistió dando un discurso sin respuestas de fondo y abandonó el espacio. Razón por la cual no se tuvo un cierre adecuado de la vigencia 2024.
- El 15 de enero de 2025, sin ninguna respuesta a la fecha, se reiteró por oficio la importancia de retomar la sesión para cerrar la vigencia 2024 y establecer acciones concretas de la agenda 2025.
- El 15 de septiembre en secretaria operativa, como espacio preparatorio a la sesión, se manifestó la necesidad de su participación en la IV sesión mixta.
- El 26 de septiembre mediante oficio se reiteró de manera escrita y expresa su presencia en la IV Sesión Mixta 2025.
- El 03 de octubre no se instaló la IV Sesión Mixta porque el director de la ANT, Juan Felipe Harman no asistió. Por solicitud del Ministerio de Agricultura, el espacio se extenderá para el 4 de octubre de manera extraordinaria.
Frente a estos hechos, reafirmamos que no aceptamos más dilaciones, ausencias ni incumplimientos; No permitiremos que este espacio de interlocución y concertación sea burlado con diálogos vacíos que no producen resultados reales. Esta situación contribuye a la preservación y no superación del actual Estado de Cosas Inconstitucional advertido por la Corte Constitucional y que nos mantiene a muchos pueblos ante un permanente riesgo de extinción física y cultural. Así mismo, este incumplimiento reiterado e injustificado evidencia deficiencias de planeación y ejecución presupuestal y la ausencia de un enfoque de derechos, al tiempo que profundiza la desconfianza y pone en entredicho la voluntad de transformación del actual gobierno.
DENUNCIAMOS el incumplimiento sistemático, deliberado y reiterado del Gobierno Nacional, de los acuerdos y compromisos pactados entre las partes, evidenciados en la ausencia del director general de la Agencia Nacional de Tierras, la directora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural en la IV Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Ante esta situación, los delegados de los Pueblos Indígenas exigimos respeto a la palabra pactada.
RECHAZAMOS que se afecte la integridad de los territorios indígenas, por el avance arbitrario de otras figuras territoriales relacionados con la conformación de reservas campesinas, Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) que se adelantan de manera inconsulta, desconociendo el derecho fundamental de los Pueblos Indígenas a la consulta previa libre e informada.
Por todo lo anterior y en garantía de los derechos fundamentales que nos asisten como pueblos y habitantes originarios de los territorios.
EXIGIMOS:
- El cumplimiento inmediato de todos los compromisos asumidos por las entidades responsables del gobierno nacional en materia territorial indígena, con acciones y tiempos concretos.
- La participación efectiva y continua de funcionarios con poder de decisión, con propuestas articuladas como gobierno, en todas las Sesiones Mixtas.
- Una revisión estructural de procedimientos y normativas que obstaculizan el ejercicio pleno de nuestros derechos territoriales.
- Respeto por nuestras autoridades y formas de gobierno propio.
- Que, en los documentos, comunicados, alocuciones oficiales e implementación de políticas públicas a nivel nacional, se utilice un lenguaje respetuoso por parte del Gobierno, de manera que se reconozca y se respete la diversidad étnica y cultural como principio fundamental de un Estado Social de Derecho. Asimismo, que cuando se haga referencia a nuestros derechos se mencionen de manera explícita, tal como lo establece la ConstituciónPolítica de Colombia.
Hacemos el llamado urgente a los entes de control:Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control, hagan seguimiento estricto a los compromisos adquiridos y velen por el cumplimiento efectivo de nuestros derechos territoriales.
Los Pueblos Indígenas hemos caminado con dignidad, resistencia y propuestas claras. La defensa de nuestros territorios no es negociable. Nuestra disposición al diálogo y la concertación permanece intacta, pero la palabra empeñada debe traducirse en hechos y actuaciones que garanticen el goce efectivo de nuestros derechos colectivos territoriales, base de nuestra existencia física y cultural.
La lucha por la dignidad y la permanencia de la buena fe empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
